En 2024, los legisladores de California cumplieron su promesa de impulsar la construcción de más viviendas y exigir responsabilidades a las ciudades que se resisten a crear viviendas asequibles. Pero encontrar dinero para pagar todas esas nuevas viviendas fue otra cuestión.
Los funcionarios estatales siguieron enfrentándose en los tribunales con Huntington Beach por la negativa de la ciudad del condado de Orange a planificar la construcción de miles de nuevas viviendas, parte del objetivo general de vivienda del estado. Llegaron a un acuerdo legal que obligó al suburbio de Sacramento de Elk Grove a aprobar más viviendas asequibles. Norwalk, una comunidad de clase media en el condado de Los Ángeles, se encontró demandada por el estado después de que su ayuntamiento aprobara una prohibición de los refugios para personas sin hogar y las viviendas de apoyo.
Los legisladores aprobaron proyectos de ley para fortalecer y aclarar el “ remedio del constructor ” del estado, una ley que da a los desarrolladores vía libre para construir proyectos más densos en ciudades cuyos planes de vivienda no han obtenido la aprobación estatal.
Sin embargo, como aparecen pocas fuentes nuevas de financiación estatal, la respuesta de algunos líderes locales ha sido: “Muéstreme el dinero”.
Los legisladores recortaron más de mil millones de dólares en gastos en programas de vivienda asequible este año para ayudar a cerrar un déficit presupuestario proyectado (aunque destinaron mil millones de dólares a los gobiernos locales para luchar contra la falta de vivienda) y descartaron los planes de poner una medida de bonos para la construcción de viviendas en la boleta de noviembre.
En el Área de la Bahía, una autoridad financiera local retiró de la votación en el último minuto un bono de vivienda de 20,000 millones de dólares en medio de preocupaciones de que no fuera aprobado. El dinero habría ayudado a los promotores de viviendas asequibles a cumplir con el objetivo impuesto por el estado de construir 180,000 viviendas para residentes de bajos ingresos para finales de la década.
Y un programa estatal de 500 millones de dólares destinado a ayudar a los inquilinos y a los fideicomisos de tierras comunitarias a comprar edificios en dificultades y preservarlos como asequibles fue cancelado después de que el Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario del estado no otorgara ninguna subvención durante tres años.
En las urnas, la iniciativa para ampliar la capacidad de las ciudades para promulgar un control local de los alquileres perdió ante una campaña bien financiada por los propietarios y los agentes inmobiliarios, que dijeron que la medida haría menos rentable construir nuevas viviendas multifamiliares. La AIDS Healthcare Foundation, una organización sin fines de lucro que ha sido el principal financiador de varias propuestas de control de alquileres en las urnas en California, sufrió una doble derrota cuando los votantes también aprobaron una medida que hará que sea más difícil para la organización financiar este tipo de campañas en el futuro.
Sin embargo, los inquilinos sí lograron una victoria: en enero entrará en vigor una nueva ley que les dará el doble de tiempo para responder a las notificaciones de desalojo. Y a partir de esta primavera, los propietarios de edificios de apartamentos nuevos construidos con créditos fiscales estatales para personas de bajos ingresos tendrán que limitar los aumentos de alquiler al 10% anual.
A medida que el año se acercaba a su fin, algunas ciudades sopesan importantes propuestas de rezonificación que facilitarían la construcción de viviendas multifamiliares en barrios ricos en recursos. El ayuntamiento de Los Ángeles aprobó un plan para permitir proyectos más densos en corredores comerciales y áreas que ya tienen edificios de apartamentos, al tiempo que exime en gran medida a los barrios unifamiliares, una medida que, según los críticos, deja a las áreas ricas libres de la obligación de construir su parte de viviendas. Berkeley tiene previsto decidir a principios del próximo año sobre un controvertido plan para permitir pequeños edificios de apartamentos en casi todos los barrios de la ciudad, incluidos aquellos en los que predominan las viviendas unifamiliares.
Perspectivas 2025
Los líderes de California tendrán que averiguar cómo financiar e incentivar la construcción y preservación de viviendas asequibles para cumplir sus objetivos sin los superávits presupuestarios que el estado disfrutaba anteriormente. Una gran incógnita es cómo las políticas de la administración entrante de Trump afectarán la crisis de vivienda del estado. El presidente electo Donald Trump se ha comprometido a aumentar los aranceles a los productos fabricados en el extranjero y deportar a un gran número de inmigrantes indocumentados, dos medidas que, según los expertos, paralizarían la construcción de viviendas. Su administración también podría reducir el apoyo federal o endurecer las normas de elegibilidad para la vivienda pública y los vales de la Sección 8, lo que enfrentaría a California con la elección de si cierra la brecha para los residentes que dependen de esa asistencia. Mientras tanto, el liderazgo dominado por los demócratas de California, dolido por la derrota electoral nacional de 2024, ha prometido nuevos esfuerzos para abordar el exorbitante costo de vida.
