El director de la oficina de campo del Departamento de Seguridad Nacional en Los Ángeles testificó el lunes que los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas necesitaban desesperadamente de la ayuda del personal militar para llevar a cabo arrestos.
El testimonio de Ernesto Santacruz Jr. se produjo al inicio de un juicio de tres días en San Francisco para determinar si el despliegue de las fuerzas armadas que ordenó el mandatario Donald Trump va en contra de la ley federal que, por lo general, le prohíbe al presidente emplear al ejército en asuntos policiales dentro del territorio nacional.
El juicio gira en torno a si la Casa Blanca violó la Ley Posse Comitatus de 1878 al desplegar a efectivos de la Guardia Nacional y marines en Los Ángeles después de las protestas ocurridas en junio pasado contra las redadas migratorias. El gobierno ha argumentado que a los militares se les tiene permitido proteger propiedades y agentes federales.
Santacruz dijo que antes del despliegue recibía múltiples informes diarios de ataques contra sus agentes.
"Todavía tuvimos situaciones de agresiones contra agentes, pero se redujeron drásticamente" después del despliegue, explicó.
Trump ha puesto a prueba los límites la actividad militar habitual en territorio nacional, incluso a través de la creación de zonas militarizadas a lo largo de la frontera con México.
El presidente anunció el lunes el despliegue la Guardia Nacional en Washington, D.C., y asumió el control del departamento de policía de la ciudad con la esperanza de reducir los índices delictivos, incluso después de que el alcalde había informado que el crimen iba en descenso en la capital de la nación.
El juicio podría establecer un precedente sobre cómo Trump puede desplegar a la guardia en California o en algún otro estado en el futuro.
El gobierno de Trump federalizó a los miembros de la Guardia Nacional de California y los envió a la segunda ciudad más grande de Estados Unidos a pesar de las objeciones del gobernador Gavin Newsom y de los líderes de la ciudad después de las protestas del 7 de junio, cuando agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus iniciales en inglés) arrestaron a personas en múltiples ubicaciones.
El Departamento de Defensa ordenó el despliegue de aproximadamente 4.000 elementos de la Guardia Nacional de California y 700 marines. La mayoría de los efectivos ya se han retirado, pero 250 miembros de la Guardia Nacional permanecen en la ciudad, según las cifras más recientes del Pentágono.
California pidió al juez Charles Breyer que ordene al gobierno federal que devuelva el control de las tropas restantes al estado y le impida emplear fuerzas militares en California "para aplicar o asistir en la aplicación de la ley federal o cualquier función de aplicación de la ley civil por cualquier agente u oficial federal".
Trump federalizó a los miembros de la Guardia Nacional de California al amparo de una ley que le permite desplegar a la Guardia Nacional al servicio federal cuando el país "es invadido," cuando "hay una rebelión o peligro de rebelión contra la autoridad del gobierno," o cuando el presidente no puede "ejecutar las leyes de Estados Unidos".
Breyer determinó que las protestas en Los Ángeles "están muy lejos de ser una 'rebelión'".
El estado de California llamó el lunes a declarar a testigos sobre lo que las fuerzas militares podían y no podían hacer.
El general de división Scott Sherman dijo que, en ciertas situaciones, el personal estaba autorizado para llevar a cabo algunas acciones de aplicación de la ley, como establecer un perímetro de seguridad fuera de instalaciones federales y detener a civiles para ser arrestados por la policía.
Breyer, quien fue nominado al tribunal por el presidente Bill Clinton, un demócrata, se mostró escéptico ante los argumentos del gobierno federal.
Beyer le dio una primera victoria a Newsom al determinar que el gobierno de Trump había violado la Décima Enmienda, la cual define el poder entre los gobiernos federal y estatal, y excedió su autoridad.
La Casa Blanca presentó una apelación de inmediato, argumentando que los tribunales no pueden cuestionar las decisiones del presidente. Obtuvo una suspensión temporal de la corte de apelaciones que le permite mantener el control de la Guardia Nacional de California en manos federales mientras la demanda continúa desarrollándose.
Después del despliegue, los soldados acompañaron a agentes federales de inmigración en redadas en Los Ángeles y en dos granjas de marihuana en el condado de Ventura, mientras que los marines se encargaron principalmente de custodiar un edificio federal en el centro de Los Ángeles que incluye un centro de detención en torno al cual giraron las protestas.
Desde junio, agentes federales han detenido a inmigrantes en Home Depots, autolavados, paradas de autobús y granjas. Algunos ciudadanos estadounidenses también han sido detenidos durante las redadas.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
