El Departamento de Justicia de Estados Unidos identificó el martes a unas tres docenas de estados, ciudades y condados como jurisdicciones santuario, dos meses después de que el gobierno federal eliminara discretamente una lista mucho más larga que incluía una gran cantidad de localidades que apoyan las estrictas políticas de inmigración del gobierno del presidente Donald Trump.
La lista anterior, plagada de errores tipográficos, fue recibida con resistencia por todo el espectro político, y varios funcionarios dijeron que no estaba claro por qué sus jurisdicciones habían sido incluidas.
El nuevo anuncio no parece amenazar con consecuencias más allá de lo que el gobierno federal ya está haciendo.
La secretaria de Justicia, Pamela Bondi, advirtió en el anuncio que el departamento "seguiría presentando litigios contra las jurisdicciones santuario y trabajará estrechamente con el Departamento de Seguridad Nacional para erradicar estas políticas perjudiciales en todo el país".
"Por diseño, las políticas de santuario obstaculizan la aplicación de la ley y ponen en riesgo a los ciudadanos estadounidenses", afirmó.
La nueva lista está compuesta abrumadoramente por jurisdicciones demócratas, entre ellas, estados como Nueva York y California, ciudades como Boston y la ciudad de Nueva York y algunos condados, como el de Baltimore, Maryland, y el de Cook, Illinois.
No existe una definición clara de jurisdicciones santuario, pero el término generalmente se aplica a los gobiernos estatales y locales que limitan la cooperación con las autoridades federales de inmigración.
El gobierno nunca explicó completamente los errores del primer anuncio, en el que se incluían cientos de jurisdicciones, entre ellas, lugares que habían votado abrumadoramente por Trump y al menos uno que se había declarado a sí mismo como una "ciudad no santuario". La lista se publicó a finales de mayo en el sitio web del Departamento de Seguridad Nacional, pero en tres días fue reemplazada por un mensaje de error de "Página no encontrada".
Los funcionarios de Trump han advertido desde hace mucho tiempo que el gobierno federal iría tras las jurisdicciones que se resistan a los planes del presidente de realizar deportaciones masivas. En abril, el mandatario firmó una orden ejecutiva en la que exigía que el Departamento de Seguridad Nacional y la secretaria de Justicia publicaran una lista de jurisdicciones que, en su opinión, obstruyen la aplicación de las leyes federales de inmigración.
El gobierno ha presentado una serie de demandas contra políticas estatales o municipales que, según dice, interfieren con la aplicación de la ley de inmigración, incluidas las de Los Ángeles, la ciudad de Nueva York, Denver y Rochester, Nueva York. Demandó a cuatro ciudades de Nueva Jersey en mayo.
A finales de julio, un juez de Illinois desestimó una demanda del gobierno de Trump que buscaba modificar los límites que Chicago impone a la cooperación entre los agentes federales de inmigración y la policía local.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
