La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum defendió el lunes la relación que ha construido con el gobierno de Donald Trump pese a la aplicación de aranceles, que han enturbiado el vínculo entre los dos vecinos y socios comerciales, y ratificó que las políticas de seguridad se deciden "soberanamente en México".
En la presentación de su primer informe de gestión, Sheinbaum admitió las "situaciones complejas" que ha enfrentado el mundo ante los aranceles de Trump y resaltó que, pese a ese escenario, su gobierno ha logrado construir una "relación de respeto mutuo" con el presidente estadounidense. Dijo también que espera alcanzar "aún mejores condiciones" en el marco del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que será revisado en 2026.
A fines de julio Trump llegó a un acuerdo con Sheinbaum para postergar por 90 días la aplicación de un arancel general de 30% a los productos mexicanos mientras avanzan las negociaciones, pero se mantuvieron vigentes los gravámenes para parte del sector automotriz, el acero, el aluminio y el cobre.
Según había prometido durante la campaña electoral, la política y científica de 63 años —que en octubre pasado se convirtió en la primera mujer en llegar a la presidencia de México— mantuvo en el inicio de su sexenio buena parte de las políticas de su predecesor y padre político, Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), aunque le imprimió algunos cambios a la política de seguridad.
De la mano de su secretario del área, Omar García Harfuch, la mandataria se alejó de la política anterior de no agredir frontalmente a los grupos criminales, e intensificó las detenciones de narcotraficantes y los decomisos de droga.
A su vez envió a Estados Unidos a 55 capos, entre ellos el histórico narcotraficante Rafael Caro Quintero, quien era requerido desde hace años en ese país por su vinculación con el asesinato de un integrante de la DEA.
Pero ello no ha sido suficiente para reducir la violencia en estados como Guanajuato, Sinaloa, el Estado de México, Guerrero, Michoacán, Jalisco, Baja California y Tamaulipas, donde operan los seis cárteles mexicanos que Estados Unidos designó "organizaciones terroristas" en febrero.
La presidenta anunció que en dos días recibirá al secretario del Estado, Marco Rubio, para acordar un "marco de colaboración en materia de seguridad" entre México y Estados Unidos.
Sheinbaum aprovechó para negar una vez más los señalamientos de que las medidas de seguridad de su gobierno responden a presiones externas, y dijo que "la política de construcción de la paz se decide soberanamente en México, y nadie influye en ella".
Si hay un indicador que muestra resultados favorables de las políticas sociales que ha desarrollado el poderoso partido gobernante Morena en sus siete años en el poder es la drástica reducción de la pobreza.
Según el Instituto Nacional de Estadística (INEGI), entre 2022 y 2024 más de 8,3 millones de personas salieron de la pobreza, aunque todavía 29,6% de los cerca de 130 millones de habitantes están en esa condición.
En su mensaje Sheinbaum resaltó que la reducción de la pobreza era una "gran hazaña" que consolidó López Obrador durante su sexenio, y los ingentes recursos —estimados en 2,3% del PIB— que su gobierno destina a programas sociales que llegan a unos 30 millones de hogares mexicanos.
Sin embargo, los indicadores económicos no han sido tan favorables. Al cierre del primer semestre, México alcanzó un crecimiento anual de 0,4% del PIB, menos de la mitad del que logró en el mismo período del año pasado.
Siguiendo la impronta de su antecesor, Sheinbaum también dedicó buena parte de su primer año de gobierno a completar una de las iniciativas que impulsó López Obrador: la reforma del poder judicial, a consolidarse el lunes con la instalación de la nueva Suprema Corte de Justicia.
Pero se considera que los nueve miembros del máximo tribunal son cercanos a Morena, lo que alimenta las dudas sobre la falta de contrapesos y la independencia judicial.
"Comienza una nueva era de legalidad y justicia para todas y para todos. Un verdadero Estado de derecho", manifestó Sheinbaum al defender las primeras elecciones judiciales que se realizaron en junio, y aseguró que con la nueva judicatura "se termina la era del nepotismo, corrupción y privilegios".
Así lo ratificó el presidente del alto tribunal, el abogado indígena Hugo Aguilar, quien se comprometió el lunes —durante una ceremonia de entrega del bastón de mando de parte de miembros de comunidades indígenas— a trabajar por "un nuevo modelo de justicia" en México para "hacer justicia a todos aquellos que habían quedado excluidos del aparato judicial".
Horas después, Aguilar y los otros ocho ministros electos de la Corte acudieron al Senado para la toma de protesta, la cual fue celebrada entre aplausos de los oficialistas y las críticas de los opositores.
Cerca de la medianoche el nuevo máximo tribunal se instaló con la presencia de Sheinbaum y de cientos de invitados como parte de una ceremonia de apertura de las puertas de la Corte al pueblo.
"Esta no solo es una ceremonia de instalación, es la expresión viva de la voluntad de pueblo que nos eligió", dijo en un discurso Aguilar al defender la votación judicial, y consideró como un acto de "auténtica justicia" que un indígena llegara por segunda vez en la historia de México a dirigir la Suprema Corte. El primero fue Benito Juárez en diciembre de 1857, un mes antes de asumir la presidencia del país.
Vestido con una toga con bordados de flores en recuerdo de sus raíces indígenas, el presidente del alto tribunal afirmó que la nueva era de la judicatura mexicana será "de puertas abiertas, accesible, cercana al pueblo, plural, transparente, eficiente y sin privilegios". En ese sentido Aguilar anunció que los nueve ministros se reducirán sus salarios para ganar menos que la presidenta, tal como lo prevé la Constitución, se ajustarán las remuneraciones de los jueces y magistrados, y se revisarán las pensiones de retiro de los exministros de la Corte.
