La ACLU y la Unión de Campesinos presentaron una moción alegando que la Patrulla Fronteriza violó una orden judicial destinada a frenar la discriminación racial y los arrestos ilegales sin orden judicial en el Valle Central.
Buscan que el juez ordene un nuevo entrenamiento y que prohíba a los agentes involucrados en una redada de julio en Sacramento participar en otras operaciones hasta que sean capacitados nuevamente.
En abril, un juez federal de distrito determinó que la Patrulla Fronteriza probablemente violó las protecciones constitucionales contra cateos y detenciones arbitrarias durante una operación en enero en el condado de Kern llamada “Operación Retorno al Remitente”, en la que agentes rodearon un Home Depot y un mercado latino, entre otros lugares frecuentados por trabajadores. El juez ordenó a la Patrulla Fronteriza, encabezada por el jefe del sector de El Centro, Gregory Bovino, detener estas redadas en el Distrito Este de California, que cubre gran parte del Valle Central, incluyendo Sacramento.
En junio, Bovino llevó a sus agentes a Los Ángeles, donde pasaron semanas persiguiendo agresivamente a trabajadores con apariencia latina afuera de Home Depots, autolavados, paradas de autobuses y otros lugares. Los agentes a menudo usaban máscaras y vehículos sin distintivos.
Después de que un juez federal de distrito prohibió temporalmente a los agentes realizar redadas en el área de Los Ángeles, Bovino se trasladó brevemente a Sacramento en julio, donde detuvo a jornaleros latinos en el estacionamiento de un Home Depot.
En una entrevista cerca del estacionamiento con Fox News, Bovino dio a entender que sus operaciones se intensificarían, no que se frenarían. “No hay santuario en ninguna parte”, dijo.
“Estamos aquí para quedarnos. No nos vamos a ir. Vamos a cumplir con esta misión y a asegurar la patria”.
ovino dijo a Fox que las redadas eran específicas y basadas en inteligencia.
En una moción presentada la semana pasada, la ACLU y la Unión de Campesinos pidieron al tribunal federal que haga cumplir la orden preliminar emitida en abril, que prohibía a la Patrulla Fronteriza detener personas sin sospecha razonable y realizar arrestos sin orden judicial sin evaluar riesgo de fuga.
Si se concede, la moción podría impedir que Bovino planifique o participe en nuevas redadas en el Distrito Este. Aun así, Bovino parece seguir adelante: el martes anunció en sus redes sociales que la operación de Los Ángeles se expandirá a otras ciudades del país.
La Patrulla Fronteriza no respondió a una solicitud de comentarios sobre la moción de la ACLU y la Unión de Campesinos.
Si los demandantes en el caso del condado de Kern logran que un juez refuerce o haga cumplir la orden original, el caso podría tener repercusiones a nivel nacional, ofreciendo una estrategia legal que podría replicarse en comunidades donde los agentes usan tácticas similares. En Los Ángeles y el sur de California, los agentes han continuado con redadas de alto perfil y tácticas violentas, a pesar de una orden temporal similar en el Distrito Central que también las prohibía.
Como parte de la orden preliminar original, se exigió a la Patrulla Fronteriza entregar a la ACLU documentación que mostrara la sospecha razonable específica e individual en cada detención sin orden judicial.
Los demandantes alegan que los agentes inventaron y copiaron texto genérico en esos reportes de la redada en el Home Depot en el sur de Sacramento.
Según la moción, decenas de agentes armados y encapuchados de la Patrulla Fronteriza, ICE y otras agencias federales acorralaron a la gente en el estacionamiento de Sacramento, ordenándoles no moverse mientras les exigían mostrar sus papeles.
Testigos describieron camionetas Chevrolet sin placas oficiales, agentes vestidos “como soldados” y personas sujetadas y esposadas sin explicación. Al menos un ciudadano estadounidense fue perseguido y detenido durante la operación, pero la Patrulla Fronteriza se negó a entregar ese reporte a la ACLU, alegando que no estaba relacionado con una violación migratoria. La agencia dijo a los medios que el hombre había ponchado una de sus llantas en el estacionamiento.
Estudiante detenido cerca de la redada de Home Depot
Los agentes también sometieron y arrestaron a un estudiante de 18 años de preparatoria que simplemente caminaba hacia una tienda Ross cercana, según la moción.
Selvin Osbeli Mejía Díaz, alumno de último año en Valley High School, huyó de la violencia en Centroamérica el año pasado y llegó a Estados Unidos como menor no acompañado. Vive con su tía en Sacramento y está cumpliendo con las órdenes en su caso de asilo, de acuerdo con la ACLU y la Unión de Campesinos.
En su declaración, relató que caminaba a la tienda a comprar una camisa cuando una camioneta Chevrolet sin placas se detuvo detrás de él. Un agente enmascarado salió del vehículo, lo tiró al suelo y lo esposó sin hacerle ninguna pregunta.
“Todo pasó muy rápido y tuve mucho miedo porque no sabía quién era ese hombre”, escribió. “Era mucho más alto que yo y usó mucha fuerza, me esposó de inmediato mientras yo estaba en el suelo… creo que me vieron y pensaron que podían arrestarme porque me veía latino”.
Mejía Díaz nació en Guatemala y en junio de 2024 se entregó a los agentes fronterizos tras cruzar la frontera. Después de la redada en Home Depot, fue llevado a un centro de detención en el centro de Sacramento, donde tuvo que dormir en el suelo de cerámica con una cobija de aluminio. Dijo que estuvo detenido varios días antes de poder llamar a su tía unos minutos.
Actualmente sigue detenido en el Centro de Detención Regional de Imperial.
La ACLU sostiene que el reporte de arresto de Mejía Díaz dice falsamente que estaba en el estacionamiento de Home Depot, lo cual respalda su argumento de que los agentes están usando “texto copiado y pegado” en sus informes.
Cómo justificó la Patrulla Fronteriza los arrestos
La ACLU también afirma que la documentación oficial de la redada, exigida por la orden judicial, está plagada de errores y frases genéricas.
Los formularios, conocidos como I-213, deben detallar la sospecha razonable de los agentes en cada detención sin orden judicial. Durante el proceso de descubrimiento, la Patrulla Fronteriza entregó 11 reportes de arresto de la redada en Sacramento. Tres de ellos incluían espacios en blanco con “X” en lugar de información específica como nombres o ubicaciones.
Casi todos los reportes usaban lenguaje idéntico, afirmando que las personas “huyeron de los agentes” como justificación de sospecha razonable. Varios testigos dijeron a la ACLU que algunas personas no corrieron. Los demandantes argumentan que huir de hombres armados y encapuchados que no se identifican no debería bastar para establecer sospecha razonable.
Algunos reportes justificaban los arrestos sin orden afirmando: “Sacramento, California, ha sido identificada como una ciudad donde muchos extranjeros ilegales viven y trabajan sin documentos”. Otros señalaron que California es un estado santuario.
“(La persona) se encontraba en California, que es un estado santuario. Los estados santuario protegen la identidad de extranjeros ilegales de las autoridades migratorias”, se leía en los informes. Los demandantes sostienen que el simple hecho de estar en un estado santuario no es motivo suficiente para sospechar que alguien está en el país ilegalmente. (La ley santuario de California limita la cooperación de policías locales con autoridades migratorias y prohíbe transferir automáticamente a personas a custodia federal, salvo en casos de delitos graves o violentos).
La Patrulla Fronteriza no entregó reportes de quienes fueron detenidos y luego liberados, según la moción. La ACLU está pidiendo al juez que reduzca de siete a cuatro días el plazo para que la agencia entregue esos reportes, ya que muchos de los detenidos en la redada de Sacramento ya habían sido deportados para cuando llegaron los informes, según la moción.
Una audiencia sobre esta moción para hacer cumplir la orden está programada para octubre en Fresno.
