Hace 50 años, tres de los magistrados que fueron designados por Richard Nixon a la Corte Suprema se unieron a un fallo de ocho votos a favor y cero en contra en el caso de las grabaciones de Watergate que pusieron fin a su presidencia, emitiendo la decisión sólo 16 días después de conocer el caso. Nixon renunció al cargo poco más de dos semanas después.
Ahora, tres jueces nombrados por el entonces presidente Donald Trump se encuentran en el máximo tribunal estadounidense mientras sopesa si y cuándo debe ser juzgado por cargos penales de que conspiró para anular su derrota en las elecciones de 2020, un caso que escucharon hace siete semanas. Otros dos también nombrados por presidentes republicanos han rechazado las críticas de que deberían apartarse del caso por dudas sobre su imparcialidad.
El resultado del caso, así como una disputa separada sobre los cargos penales que enfrentan Trump y los cientos de sus partidarios que irrumpieron violentamente en el Capitolio federal el 6 de enero de 2021, podría dañar aún más la ya disminuida credibilidad del tribunal si los jueces están divididos por ideología. O podría proporcionar un impulso necesario en el improbable caso de que conservadores y liberales puedan llegar a un consenso.
Es muy probable que cualquier mayoría del tribunal favorable a Trump incluya al menos a dos de sus tres nominados, los jueces Amy Coney Barrett, Neil Gorsuch y Brett Kavanaugh, así como a los jueces conservadores Samuel Alito y Clarence Thomas.
Alito ha rechazado las peticiones de que se recusara del caso después de que se vieran banderas similares a las que portaban los alborotadores del 6 de enero ondeando en sus casas en Virginia y Nueva Jersey. Thomas ha hecho caso omiso de los llamamientos para que se aparte debido al papel que su esposa, Ginni, desempeñó en el apoyo a los esfuerzos para anular la derrota de Trump frente al demócrata Joe Biden en 2020.
El momento sugiere que no hay consenso en un tribunal con seis jueces conservadores y tres liberales. Trump, el virtual candidato presidencial republicano, ya ha conseguido gran parte de lo que quería porque la decisión del tribunal de intervenir en el caso detuvo el juicio cuyo inicio estaba previsto para marzo. Su incapacidad para resolver la cuestión ha reducido las probabilidades de que sea juzgado antes de las elecciones de noviembre.
La legitimidad de la Corte Suprema ya se ha visto afectada, afirmó Elizabeth Wydra, presidenta del progresista Centro de Responsabilidad Constitucional.
"El tribunal ya ha retrasado demasiado la decisión y se arriesga a aparentar como que está jugando a la política con el calendario de sus fallos, dando a Trump una victoria a través del retraso, incluso si al final pierde en esencia", dijo Wydra.
La disputa sobre las cintas del Watergate —las grabaciones de la Oficina Oval de las conversaciones de Nixon con sus ayudantes, incluida una en la que se discutía el encubrimiento de la investigación del Watergate— tiene estrechos paralelismos con la lucha por la inmunidad.
Ambas implicaban el poder del presidente y la cuestión de hasta dónde debe rendir cuentas ante el sistema judicial, con juicios penales pendientes. En 1974, los asesores de Nixon iban a ser juzgados y el fiscal especial Leon Jaworski emitió una citación para las cintas con el fin de utilizarlas en su caso.
Nixon se resistió, afirmando que tenía un privilegio constitucional como presidente para mantener la confidencialidad de sus conversaciones con sus principales asesores.
Los jueces escucharon los argumentos el 8 de julio y emitieron su dictamen poco más de dos semanas después.
El entonces presidente de la Corte Suprema, Warren Burger, nombrado por Nixon, reconoció que los presidentes deben poder contar con las opiniones sin ambages de sus ayudantes.
"Sin embargo, ni la doctrina de la separación de poderes ni la necesidad de confidencialidad de las comunicaciones de alto nivel, sin más, pueden sostener un privilegio presidencial absoluto e incondicional de inmunidad frente al proceso judicial en todas las circunstancias", escribió Burger al ordenar que se entregaran las cintas.
William Rehnquist, una cuarta persona designada por Nixon, no participó en el caso debido a su trabajo previo en el Departamento de Justicia bajo la presidencia de Nixon.
El fiscal especial Jack Smith señaló en documentos judiciales que la corte actual podría actuar con la misma determinación y velocidad que mostró en la época del caso de Watergate. La corte no ha actuado con una rapidez inusual.
Otros ejemplos de decisiones rápidas por parte de la Corte Suprema incluyen casos igualmente trascendentales, como el enfrentamiento presidencial de 2000 en Bush contra Gore y el caso de los Papeles del Pentágono en 1971.
Incluso en este periodo, en un caso separado que involucra a Trump, los jueces emitieron su decisión menos de un mes después de escuchar los argumentos sobre si los estados podrían expulsar a Trump de la boleta electoral en 2024 debido a sus acciones después de las elecciones de 2020. El tribunal dijo por unanimidad que no podían.
El caso de la inmunidad forma parte de una decena o más de decisiones importantes que deberían dictarse en las próximas semanas. El caso del 6 de enero también está a la espera de resolución, junto con casos sobre el aborto, las armas, las redes sociales, el poder regulador y el medio ambiente.
