Una corte de apelaciones de Nueva York negó el jueves la solicitud de Donald Trump de eliminar la orden mordaza en el caso penal donde se le acusa de haber pagado para ocultar información perjudicial, rechazando el argumento del expresidente republicano de que su condena, emitida en mayo, "constituye un cambio de circunstancias" que justifica el retiro de las restricciones.
Un panel de cinco jueces de la corte intermedia de apelaciones del estado decidió que el juez que presidió el juicio, Juan M. Merchan, estuvo en lo correcto al extender partes de la orden mordaza hasta que Trump sea sentenciado, escribiendo que "la justa administración de justicia necesariamente incluye la sentencia".
La decisión se tomó un día después que los abogados de Trump intentaran presentar documentos donde se solicita a la corte de apelaciones que levante de inmediato la orden mordaza. Dado que la decisión era inminente, la corte rechazó la presentación de documentos, en que se calificó a las restricciones como un obstáculo "inconstitucional y que interfiere con la elección" a la libertad de expresión de Trump.
En una copia de la eventual presentación de documentos proporcionada a The Associated Press, los abogados de Trump escribieron que la incorporación de la vicepresidenta Kamala Harris a la contienda presidencial da al asunto una nueva urgencia, ya que ella se presenta como una exfiscal enfrentándose a un "delincuente convicto".
"Resulta desmesurado que Harris pueda hablar libremente sobre este caso, pero que el presidente Trump no pueda hacerlo", escribió Todd Blanche, abogado de Trump.
Blanche declinó comentar sobre la decisión del jueves.
Merchan impuso la orden mordaza en marzo, pocas semanas antes del inicio del juicio, cuando la fiscalía expresó su preocupación sobre el hábito de Trump de atacar a las personas relacionadas con sus casos. Durante el juicio, declaró a Trump en desacato y le impuso una multa de 10.000 dólares por infracciones, y lo amenazó con encarcelarlo si lo hacía de nuevo.
El juez levantó algunas de las restricciones en junio, dando a Trump libertad para comentar sobre testigos y jurados, pero sin incluir a los fiscales, empleados del tribunal y familiares —incluida su propia hija— hasta que sea sentenciado.
