Alrededor de 600 abogados militares han sido autorizados a trabajar temporalmente para el Departamento de Justicia como jueces de inmigración, y 150 de ellos podrían comenzar esta misma semana, según un funcionario estadounidense que no estaba autorizado a hablar públicamente de este tema.
La medida se produce después de que el Departamento de Justicia realizó cambios la semana pasada sobre quién podría calificar como juez de inmigración temporal, reduciendo los requisitos y eliminando la necesidad de tener experiencia previa en la materia.
Los jueces de inmigración son los únicos que pueden revocar la residencia permanente de alguien o emitir una orden final de deportación para personas que han estado en el país por más de dos años y están en proceso de ser repatriadas.
Los abogados militares recibirán unas dos semanas de entrenamiento para servir como jueces de inmigración temporales, según el funcionario estadounidense.
Como parte de su agresiva política migratoria, la administración Trump ha actuado con rapidez para aumentar la tasa de arrestos de indocumentados, así como para ampliar los espacios de detención y las deportaciones.
Sin embargo, el rápido ritmo de los arrestos ha contribuido a la acumulación de millones de expedientes en la Oficina Ejecutiva de Revisión de Casos de Inmigración (EOIR, por sus siglas en inglés) del Departamento de Justicia, sede de los tribunales de inmigración.
Al mismo tiempo, en los últimos nueve meses, la EOIR ha perdido más de 100 jueces por despidos y renuncias, a comparación de 700 jueces que había a principios de año.
El Departamento de Seguridad Nacional, que supervisa la aplicación de leyes de inmigración, ha lanzado una campaña nacional de reclutamiento de oficiales de deportación, investigadores y abogados, impulsada por una afluencia de más fondos del Congreso.
El presidente Trump a principios de este año también expresó su apoyo a un plan en Florida para designar abogados militares de la Guardia Nacional del estado, conocidos como el Cuerpo del Abogado General del Juez, para que actúen como jueces de inmigración.
A principios de este año, el Congreso aprobó un proyecto de ley de mega-gastos que asignó más de $3,000 millones al Departamento de Justicia para actividades relacionadas con la inmigración, incluida la contratación de más jueces de inmigración.
La financiación y el personal adicional tienen como objetivo atender la creciente acumulación de casos, que casi suman 4 millones de expedientes. La contratación y formación de jueces permanentes puede llevar más de un año.
Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares, e Yvette Benavides, para NPR y The Texas Newsroom.
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