Una jueza federal dictaminó que los agentes de la Patrulla Fronteriza continuaron realizando detenciones y arrestos ilegales después de que ella les ordenara que cesaran sus actividades.
En una decisión concisa , hecha pública el jueves por la mañana , la juez escribió que los agentes habían “detenido nuevamente a personas sin sospecha razonable”, basándose en suposiciones generales sobre los trabajadores en lugar de pruebas específicas de violaciones de las leyes de inmigración.
La jueza Jennifer Thurston del Distrito Este de California otorgó la orden judicial presentada por el sindicato United Farm Workers para hacer cumplir la medida cautelar preliminar que la jueza emitió el año pasado. Dicha orden prohibía a los agentes de la Patrulla Fronteriza detener a personas en el Valle Central de California sin documentar los hechos específicos y los motivos de las detenciones. Según un experto legal, la decisión le brinda a la administración Trump la oportunidad de cumplir con la orden antes de que las consecuencias se agraven.
Thurston destacó ese punto durante una audiencia el año pasado, diciéndole al gobierno federal: “No se puede simplemente acercarse a las personas de piel morena y decirles: ‘Dame tus documentos'”.
La orden original de Thurston también prohibía a los agentes realizar arrestos sin orden judicial sin antes evaluar si existe riesgo de fuga.
Un asalto a una tienda Home Depot en Sacramento
El caso gira en torno a una operación llevada a cabo en julio en Sacramento, donde agentes irrumpieron en el estacionamiento de un Home Depot y detuvieron a un grupo de jornaleros. Según los registros judiciales, arrestaron a 11 extranjeros y a un ciudadano estadounidense.
Tras la redada en Sacramento, Gregory Bovino, entonces jefe de sector de la Patrulla Fronteriza, se paró frente al Capitolio estatal en Sacramento y declaró a Fox News que “Sacramento no es una ciudad santuario. El estado de California no es un estado santuario. No hay santuarios en ningún lugar”.
Thurston, quien reside en Fresno, dijo que el allanamiento en Sacramento violó su orden del año pasado, que se derivó de redadas similares en el condado de Kern.
“Los agentes detuvieron a estas personas, les exigieron ver sus ‘documentos’ y las interrogaron sobre su estatus migratorio, todo ello sin ninguna base legal para hacerlo”, escribió Thurston.
La Patrulla Fronteriza no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios.
¿Una redada basada en la vigilancia?
Los abogados del gobierno federal argumentaron en documentos judiciales que el allanamiento del estacionamiento de Home Depot se basó en vigilancia, información de inteligencia y lo que los agentes describieron como “conocimiento general” de que los trabajadores se congregan en los estacionamientos de Home Depot. El gobierno sostuvo que los agentes federales utilizaron videos de vigilancia que abarcaban Home Depot y sus alrededores, sugiriendo el uso de un dron.
La decisión del jueves plantea interrogantes sobre cómo la Patrulla Fronteriza documenta sus operaciones. Los agentes presentaron informes casi idénticos para múltiples arrestos, mientras que sus nombres fueron censurados en la documentación gubernamental. Algunos de sus registros contenían imprecisiones o no pudieron vincularse con personas específicas. En algunos casos, no estaba claro quién había redactado los informes.
En un caso, un agente escribió que arrestó a alguien tras “una breve persecución a pie”.
El juez determinó que la distancia a pie desde el Home Depot hasta el lugar de la detención era de doce minutos y que la documentación de la detención era “inexacta e incompleta”.
Thurston también determinó que los registros de la Patrulla Fronteriza no cumplían con los requisitos de su orden judicial anterior, que exigían documentar los hechos específicos y el razonamiento detrás de cada parada y arresto.
Disputa sobre ‘Kavanaugh detiene’
Los tipos de detenciones que no se basan en sospecha razonable, conocidas como “detenciones Kavanaugh” tras una opinión del juez del Tribunal Supremo Brett Kavanaugh el año pasado, se enfrentaron a un desafío legal aparte en otro caso que llegó al máximo tribunal del país. El Tribunal Supremo dictaminó en septiembre que podía suspender una orden de restricción temporal emitida por un tribunal inferior de Los Ángeles contra detenciones similares sin causa justificada. Sin embargo, la jueza de distrito estadounidense Maame Ewusi-Mensah Frimpong escribió que la decisión del Tribunal Supremo no avalaba ese tipo de detenciones, y añadió: “El Tribunal Supremo no ha emitido ninguna decisión que indique que lo que el Gobierno hizo en Los Ángeles —y parece seguir haciendo— fuera legal”.
La jueza Thurston, designada por Biden a finales de 2021, no accedió a la solicitud de la UFW de obligar a los agentes de la Patrulla Fronteriza a recibir capacitación adicional para cumplir con la orden judicial preliminar, aunque dijo que esperaba que los agentes en el terreno cumplieran de inmediato con la orden del tribunal.
La resolución se mantuvo en secreto durante 14 días para poder eliminar la “información de identificación personal” y la “información confidencial de las fuerzas del orden”, así como los nombres de los agentes de la Patrulla Fronteriza.
“El fallo ratifica lo que hemos estado diciendo desde el principio: no se puede simplemente detener a la gente por ser morena y de clase trabajadora”, dijo Elizabeth Strater, vicepresidenta de United Farm Workers.
‘Restricción judicial’
Kevin Johnson, profesor de la Facultad de Derecho de UC Davis, cuyo trabajo se centra en la inmigración y los derechos civiles, afirmó que la jueza está ejerciendo moderación judicial al darle a la administración Trump la oportunidad de cumplir con su orden previa. Sin embargo, las consecuencias podrían agravarse.
“Es parte de un proceso, y las sanciones podrían aumentar más adelante”, dijo Johnson. “Ahora solo está diciendo que se cumpla la orden, pero después podría imponer multas y sanciones”.
Johnson afirmó que las sanciones podrían incluso agravarse hasta convertirse en desacato criminal si la Patrulla Fronteriza y el gobierno federal siguen ignorando la orden de Thurston. Mencionó un caso de 2017 en el que el ex sheriff del condado de Maricopa (Arizona), Joe Arpaio, fue declarado culpable de desacato criminal por seguir violando una orden judicial federal de 2011 que le prohibía detener a latinos únicamente por su presunto estatus migratorio.
Posteriormente, Trump lo indultó.
