Por tercera vez en poco más de un mes, varios miembros del Congreso intentarán este lunes recorrer un centro de detención de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ubicado en el Edificio Federal y Tribunal de Distrito Edward J. Schwartz.
Los representantes Juan Vargas y Scott Peters, ambos demócratas de San Diego, fueron rechazados el 20 de octubre. El 27 de octubre regresaron acompañados por el senador Alex Padilla (D-California), la representante Sara Jacobs (D-San Diego) y el representante Mike Levin (D-San Clemente), pero nuevamente se les negó la entrada.
“Como miembros del Congreso, tenemos el derecho y la responsabilidad de ingresar a los centros de detención para llevar a cabo supervisión sin necesidad de autorización previa”, dijo Vargas. “Hoy, una vez más se nos bloqueó la entrada. Si no hay nada malo aquí, ¿por qué no se nos permite entrar? ¿Qué está ocultando ICE? Vinimos para confirmar que se está cumpliendo la ley.
“Después de que se nos negara la entrada otra vez, no puedo decir con certeza que ese sea el caso. Continuaremos presionando al DHS para obtener respuestas. No nos quedaremos de brazos cruzados mientras seguimos escuchando reportes de personas detenidas en condiciones preocupantes”.
El lunes se supone que será distinto. Los legisladores dijeron que ahora sí tienen permiso para visitar la instalación tras la conclusión del cierre federal más largo en la historia de Estados Unidos.
Los legisladores enviaron una carta en octubre a la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y al director interino de ICE, Todd Lyons, en la que detallaron un patrón de “solicitudes ignoradas y obstrucción” por parte del DHS, lo que sugiere que la agencia está bloqueando la supervisión congresional en violación de la ley.
“La semana pasada empezamos a escuchar reportes alarmantes sobre un aumento en el número de personas detenidas en las instalaciones del sótano del edificio federal durante sus citas rutinarias con inmigración”, dice la carta conjunta. “También hemos escuchado reportes de personas detenidas en condiciones deficientes, sin acceso a abogados, atención médica ni alimentación adecuada.
“Aunque nos identificamos como miembros del Congreso realizando supervisión federal, funcionarios locales de ICE nos negaron la entrada y nos dijeron que necesitábamos un aviso de siete días para programar una visita. Tras esa visita fallida, reiteramos por escrito nuestra solicitud para un recorrido por las instalaciones. En respuesta, ICE envió un correo automatizado indicando que ‘la Oficina de Relaciones Congresionales de ICE está fuera de servicio y no puede responder llamadas, correos electrónicos ni realizar otras labores’, y que las solicitudes serían revisadas únicamente ‘cuando se restableciera el financiamiento’.”
ICE les informó entonces que solo las solicitudes aprobadas con siete días de anticipación serían autorizadas para inspeccionar sus instalaciones — una política nueva implementada este verano por el DHS.
Como resultado, durante al menos 43 días del cierre del gobierno, estos centros de detención tuvieron poca o ninguna supervisión congresional, dejando desconocidas para el público las condiciones de las personas detenidas. Los representantes subrayaron este punto:
“Como miembros del Congreso, tenemos el derecho y la responsabilidad de supervisar a las agencias federales”, escribieron. “Estas responsabilidades son especialmente importantes en situaciones como esta, donde existen reportes de que el bienestar de las personas podría estar en riesgo. Lamentablemente, este no es un incidente aislado. Esta administración ha negado rutinariamente este derecho y ha creado barreras arbitrarias para evitar la supervisión congresional”.
Aunque ya se otorgó permiso, puede que no sea suficiente. En junio, las representantes Judy Chu (D-Monterey Park), Gil Cisneros (D-Covina) y Derek Tran (D-Cypress) fueron rechazados cuando intentaron ingresar al Centro de Procesamiento de ICE de Adelanto, a pesar de estar legalmente autorizados para visitar la instalación en el condado de San Bernardino.
“Durante casi una década he visitado Adelanto debido a su historial notorio de violaciones a los derechos humanos y constitucionales de los detenidos”, dijo Chu tras ser rechazada. “Desafortunadamente, parece que el historial inhumano de Adelanto continúa, pues escuchamos reportes de que las personas detenidas tras las redadas de ICE en Los Ángeles están siendo privadas de su derecho al debido proceso e incluso ciudadanos estadounidenses podrían haber sido detenidos. Y aun así, nuestros intentos como miembros del Congreso para realizar supervisión en Adelanto, algo expresamente permitido por la ley, fueron negados ilegalmente, impidiéndonos conocer la verdad sobre lo que ocurre detrás de estas puertas cerradas.
“Sin importar el estatus migratorio, todas las personas tienen derecho al debido proceso. Necesitamos respuestas ya.”
