California está por imponer nuevas restricciones a su fondo de ayuda legal, que a menudo es usado por inmigrantes indocumentados. Los defensores dicen que, con todas las acciones federales recientes contra la inmigración, el momento no podría ser peor.
A partir del próximo año, los inmigrantes con condenas por delitos graves o violentos ya no serán elegibles para recibir servicios financiados por el Fondo de Igualdad de Acceso (Equal Access Fund en inglés), una fuente importante de apoyo para asistencia legal a personas de bajos ingresos.
Esto preocupa mucho a defensores como Bruno Huizar, del California Immigrant Policy Center.
“En un momento en que agentes federales han arrestado a más de 1,600 personas en el sur de California, separando familias, violando derechos constitucionales y aterrorizando vecindarios”, dijo, “ahora no es momento de agregar restricciones que excluyan a las personas del acceso a servicios que les cambian la vida”.
Él señala que la decisión es un retroceso en el avance para asegurar que todas las personas tengan acceso al debido proceso cuando enfrentan detención y deportación, y que además castiga dos veces a los inmigrantes con antecedentes penales por errores que ya cometieron.
“Mucha gente ya cumplió sus sentencias, fue liberada por un juez y ha reconstruido su vida”, explicó. “Excluir a las personas del apoyo legal no solo crea un sistema de justicia de dos niveles, que trata diferente a las personas según dónde nacieron, sino que también aumenta el riesgo de detenciones inhumanas, deportaciones erróneas y separaciones familiares permanentes.”
Lorin Klein es directora de defensa en la Legal Aid Association of California, una asociación estatal que agrupa a 115 organizaciones sin fines de lucro que brindan asistencia legal civil gratuita a personas de bajos ingresos. Estas organizaciones reciben fondos del Fondo de Igualdad de Acceso para ofrecer servicios legales civiles, que incluyen vivienda, salud e inmigración.
“Not every nonprofit that’s funded through the state provides immigration services, but many of them do,” she said.
“No todas las organizaciones financiadas por el estado ofrecen servicios migratorios, pero muchas sí,” dijo.
Esta es la primera vez en más de 25 años que se imponen restricciones al fondo.
La decisión llega después de que legisladores republicanos criticaran a los demócratas por agregar 10 millones de dólares a este fondo a principios de año, y otros 10 millones a un fondo estatal similar para servicios legales migratorios.
Según CalMatters, los legisladores republicanos intentaron evitar que fondos públicos se usaran para proteger a inmigrantes con antecedentes penales, pero fueron bloqueados por los demócratas. El líder republicano de la Asamblea, James Gallagher, dijo que esto muestra “lo desconectada que está la súper mayoría demócrata.”
Klein dijo que esto manda un mensaje equivocado a los inmigrantes indocumentados después de que el estado promovió estos servicios legales por años.
“Ver que esta restricción llega justo cuando tantas comunidades inmigrantes están siendo atacadas de tantas maneras es realmente decepcionante,” dijo.
Argumentó que también sienta un precedente preocupante que podría llevar a restricciones más serias en el futuro.
“Cuando nunca hubo una restricción sobre quién podía recibir servicios y de repente la hay, solo el tiempo dirá qué otras limitaciones se sentirán con el poder para imponer,” dijo Klein.
Según ella, la restricción no entrará en vigor hasta el próximo año. Eso significa que las subvenciones del fondo para 2026 incluirán las restricciones, pero no las que se distribuyen este año.
Pero Klein ya está viendo el impacto, especialmente en los defensores que hacen este trabajo.
“Están extremadamente decepcionados y preocupados por el futuro,” dijo. “Esto solo genera miedo en comunidades que ya viven con miedo. Mientras más asustamos a la gente, más se esconden y menos buscan ayuda. Eso ya lo estamos viendo.”
Giselle García es voluntaria de NorCal Resist. El grupo refiere inmigrantes a organizaciones legales sin fines de lucro, muchas de las cuales dependen de fondos estatales. Ella coincidió con Klein y señaló que los arrestos diarios por agentes federales en la corte federal de Sacramento han provocado que muchos inmigrantes tengan miedo de buscar ayuda.
Y cuando pueden ayudar, dijo, la nueva restricción dificultará orientar a las personas para que reciban apoyo.
“Así como el gobierno está atacando a los inmigrantes sin discriminar, nuestra ayuda hacia ellos también debería ser indiscriminada,” enfatizó.
Aunque NorCal Resist no recibe subvenciones del Fondo de Igualdad de Acceso, García dijo que los grupos a los que remiten sí las reciben. Cree que agregar restricciones significa que más personas quedarán sin apoyo.
“Siempre hablamos de que contratar abogados privados para un caso de asilo puede costar entre 15,000 y 20,000 dólares,” destacó. “Cuando no tienes permiso de trabajo, eso es casi imposible de pagar. Y es difícil para cualquiera, y mucho más para un inmigrante.”
García sostuvo que añadir restricciones deja a más personas sin apoyo y sigue reforzando el estigma del “inmigrante perfecto.”
“Es una decisión política para seguir usando a los inmigrantes como chivos expiatorios de los problemas sociales,” dijo. “Al permitir que esta regla se codifique, estamos diciendo: ‘Hay inmigrantes buenos y hay inmigrantes malos.’ No estamos reconociendo que los inmigrantes tienen menos probabilidades de estar involucrados en el sistema penal aquí en Estados Unidos que una persona nacida aquí.”
García señaló que los inmigrantes que llegan a Estados Unidos enfrentan los mismos retos que los ciudadanos, con el reto adicional de navegar la sociedad sin estatus legal. Cree que esta restricción refuerza narrativas dañinas justo cuando continúan las redadas de ICE y los arrestos en las cortes.
