Los datos de vigilancia recopilados por el Departamento de Policía de El Cajon (ECPD, por sus siglas en inglés) se usaron en más de 550 búsquedas relacionadas con inmigración este año, según un análisis de KPBS basado en los registros del sistema de lectores automáticos de placas (ALPR, por sus siglas en inglés) de la ciudad.
El análisis muestra que agencias policiales de otros estados acceden con frecuencia a los datos recopilados por el sistema ALPR de El Cajon para realizar búsquedas relacionadas con inmigración —a veces en nombre de agencias federales como Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Esto es algo que no debería ocurrir bajo las leyes santuario de California, las cuales prohíben, en términos generales, que los recursos locales se utilicen para hacer cumplir las leyes federales de inmigración.
“Esto es bastante grave. En California, usar el sistema no solo para asuntos de inmigración, sino también permitir que una entidad externa y de otro estado acceda a tus datos, viola múltiples leyes”, dijo Dave Maass, director de investigaciones de la organización de derechos de privacidad Electronic Frontier Foundation, con sede en el Área de la Bahía.
La semana pasada, el fiscal general de California, Rob Bonta, demandó a la ciudad de El Cajon por su práctica de compartir datos del sistema ALPR con agencias fuera del estado, argumentando que esto viola la SB 34, una de las leyes clave del estado para proteger a los inmigrantes.
“El propósito de las restricciones para compartir datos es que, una vez que se comparten con cualquier entidad fuera del estado de California, pierdes el control”, dijo Bonta, demócrata, durante la conferencia de prensa donde anunció la demanda.
En esa conferencia, Bonta dijo que su oficina no podía confirmar si los datos de El Cajon fueron usados específicamente para hacer cumplir leyes de inmigración.
“No creo que lo sepamos”, dijo. “Pero sería ingenuo no señalar ese riesgo.”
Sin embargo, el análisis de KPBS muestra que eso fue exactamente lo que ocurrió. Entre enero y julio, departamentos de policía de Texas, Virginia, Kentucky y otros estados accedieron al sistema de El Cajon 574 veces. Los términos de búsqueda incluían: “immigration”, “immigration violation”, “immigration enforcement” y “ICE assist”.
Mariene Branham, integrante del grupo de derechos de inmigrantes Latinos En Acción, con sede en El Cajon, dijo que se sintió “impactada” al descubrir cuánto de esos datos se usó para hacer cumplir leyes de inmigración.
“Es muy importante que estemos revelando estos datos”, dijo Branham. “Pero esto abre toda una serie de nuevas preguntas.”
El sistema ALPR de El Cajon captura fotos de cientos de miles de vehículos cada mes, registrando automáticamente la hora exacta, ubicación y número de placa. Toda esa información se almacena en una base de datos que puede buscarse fácilmente.
Los departamentos de policía que utilizan estos sistemas los describen como un “multiplicador de fuerza” para investigaciones sobre robos de autos u otros delitos.
Pero los defensores de la privacidad advierten que estos sistemas de vigilancia masiva recopilan suficiente información para ofrecer a los investigadores una imagen clara de la vida diaria de las personas: dónde viven, trabajan, compran, comen y practican su fe.
Los departamentos de policía controlan quién tiene acceso a sus datos, y El Cajon es el único en el condado de San Diego que otorga acceso a agencias policiales de fuera de California, según Bonta.
Falta de supervisión
KPBS compartió el análisis con el jefe de policía de El Cajon, Jeremiah Larson, y lo invitó a revisar los hallazgos. Él rechazó la invitación.
En una entrevista previa, Larson dijo que el departamento supervisa el sistema ALPR y que “inmigración” figura como un uso prohibido desde que se implementó el programa.
“Hacemos auditorías regulares y tenemos a un teniente que supervisa el programa para asegurarse de que, cuando la gente lo use, lo haga con los fines y razones legítimas”, dijo Larson.
Más tarde, en un correo electrónico de seguimiento, Larson sugirió que las auditorías solo incluyen las búsquedas internas realizadas por los agentes de El Cajon, no las búsquedas externas hechas por otras agencias.
“Hay cientos de miles de búsquedas cada mes dentro de este sistema”, escribió. “El Departamento de Policía de El Cajon audita nuestras búsquedas internas para garantizar que cumplimos con la ley y las políticas.”
Maass, de la Electronic Frontier Foundation, dijo que delegar las auditorías externas a una empresa privada crea una vulnerabilidad grave en el sistema de El Cajon.
“Debería enfurecer a todos escucharlos decir eso en voz alta”, comentó.
Agregó que la decisión de Larson de no tener a alguien dentro del departamento que realice auditorías externas demuestra que el departamento de policía no debería tener acceso a esta tecnología.
“Si has decidido que no necesitas monitorear eso, entonces no deberías tener acceso al sistema en absoluto”, dijo Maass. “Acabas de demostrar que no tienes las capacidades básicas de ciberseguridad para ser confiable con los datos de tu comunidad.”
Respuesta de El Cajon
Larson no dijo si el departamento planea cambiar su política de intercambio de datos. Pero el alcalde de El Cajon, Bill Wells, apoya el programa.
En un comunicado de prensa tras el anuncio de la demanda de Bonta, Wells defendió el intercambio de datos calificándolo como un “pilar fundamental de una labor policial efectiva.”
Wells calificó la demanda como “nada más que una maniobra política y un intento de intimidar a una ciudad conservadora.”
El alcalde aparece regularmente en Fox News, donde critica las políticas santuario de California. También presentó una resolución controversial declarando la intención de la ciudad de ayudar al gobierno federal a hacer cumplir las leyes de inmigración.
La resolución es mayormente simbólica. Los agentes en El Cajon aún deben cumplir con las leyes estatales que limitan su capacidad para hacer cumplir esas leyes.
Los agentes tienen prohibido preguntar a las personas sobre su estatus migratorio o detenerlas en nombre del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
- Expertos expresan preocupación por imágenes de nacionalismo blanco en materiales de reclutamiento de ICE
- Estudio revela el impacto de las redadas migratorias en la fuerza laboral de California
- Condiciones de sobrepoblación afectan al centro de detención de Otay Mesa y a otras instalaciones migratorias
- Miles de personas adoptadas nunca obtuvieron la ciudadanía estadounidense. Ahora corren riesgo de deportación
