El Centro de Detención de Otay Mesa, en el condado de San Diego, es una de muchas instalaciones de detención migratoria en todo el país que enfrentan problemas de sobrepoblación — desde personas detenidas durmiendo en el piso hasta la postergación de atención médica que ha terminado en hospitalizaciones, según investigaciones y reportes de abogados de inmigración.
“Un sistema que ya era muy inconsistente, ahora es un completo caos”, dijo Michael García, subdefensor público principal del condado de San Diego.
García está a cargo del programa de defensa para inmigrantes del condado, a través del cual más de 50 abogados ofrecen representación legal gratuita a mujeres y hombres detenidos en Otay Mesa.
“Definitivamente lo estamos viendo”, dijo García sobre las condiciones de sobrepoblación. “Todo el tiempo recibo reportes de mis abogados cuando van a visitar a sus clientes”.
De acuerdo con un nuevo informe de la Universidad de Syracuse, 84 de los 181 centros de detención migratoria del país sobrepasaron su capacidad contractual en abril, que es el mes con la información más reciente disponible.
El informe muestra que el Centro de Detención de Otay Mesa albergó a más de 100 personas por encima de su capacidad contractual de 1,358 detenidos.
El informe aclara que la capacidad contractual es distinta de la capacidad física, y que estas dos cifras no siempre coinciden. Un centro de detención puede exceder su capacidad contractual y aún así contar con espacio físico suficiente para todas las personas detenidas.
CoreCivic, la empresa privada que opera Otay Mesa, no respondió a las preguntas de KPBS.
ICE (el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) envió el siguiente comunicado por correo electrónico:
“Cualquier afirmación de que hay sobrepoblación o condiciones deficientes es categóricamente falsa. A todos los detenidos se les proporcionan alimentos adecuados, atención médica, y tienen la oportunidad de comunicarse con sus familiares y abogados. Mientras detenemos y deportamos a inmigrantes criminales ilegales y amenazas para la seguridad pública, ICE ha trabajado de forma diligente para conseguir el espacio de detención necesario y así evitar la sobrepoblación."
'Prisiones civiles'
Con la administración presionando a ICE para cumplir con cuotas de arrestos de 3,000 personas al día, los centros de detención son una pieza clave en la campaña de deportaciones masivas del presidente Donald Trump.
El nuevo presupuesto de Trump asigna miles de millones de dólares en impuestos para ampliar el espacio de detención.
Desde fuera, el Centro de Detención de Otay Mesa parece una prisión. Está rodeado por cercas altas con alambre de púas, guardias y cámaras de seguridad vigilan a cada visitante. Las paredes, sin ventanas, impiden que desde afuera se vea lo que sucede adentro.
Pero técnicamente, esta instalación no es una prisión ni una cárcel. La detención migratoria se clasifica como detención civil porque las personas no están siendo retenidas por cometer un delito específico. Está destinada a albergar a personas que esperan ser deportadas o que están a la espera de una audiencia ante un juez de inmigración. No a personas con procesos penales.
“Le llaman detención civil como una forma de diferenciarla de la encarcelación”, dijo Tracy Crowley, abogada del Immigrant Defenders Legal Center. “Pero yo trabajé muchos años como defensora penal. Y no hay diferencia.”
Los guardias a menudo se niegan a llamar a las personas detenidas por su nombre. En su lugar, usan los últimos cuatro dígitos del número de caso, según Sydney Johnson, abogada asociada en Jacobs and Schlesinger.
Johnson también ha escuchado a guardias referirse a las personas como “el cuerpo”. Por ejemplo, “¿Tienes el cuerpo? ¿O vas a transferir el cuerpo a lo legal?”
“Eso simplemente les quita su humanidad”, dijo Johnson. “Es muy difícil de escuchar.”
Condiciones de vida deficientes
Una de las quejas más comunes que escuchan los abogados es que las personas detenidas son forzadas a dormir en cuartos sobrepoblados.
“Hay como 10 o 13 personas en un cuarto, y solo hay ocho camas por cuarto”, dijo Valerie Sigamani, una abogada con base en San Diego.
Las personas que no alcanzan cama duermen en colchonetas en el piso, añadió.
“Por lo que he escuchado, como duermen en el piso, los hombres se han estado enfermando más porque el aire acondicionado les pega desde abajo”, dijo Sigamani.
Varios abogados le dijeron a KPBS que sus clientes se han enfermado dentro del centro de detención. Algunos por falta de atención médica, otros por condiciones insalubres.
Crowley dijo que uno de sus clientes desarrolló un sarpullido que, según ella, fue causado por ropa y sábanas sucias.
“Tenía un sarpullido en todo el cuerpo, no podía dormir”, contó. “Cada vez que nos reuníamos para hablar de su caso, tenía que estarse rascando”.
Su cliente pidió varias veces una crema para la picazón, para poder dormir por las noches. Pero el personal solo le daba un vasito pequeño, dijo.
Johnson contó que dos de sus clientes detenidos en Otay Mesa fueron hospitalizados. Dijo que una combinación de factores —como la mala alimentación y los retrasos en la atención médica— agravaron sus condiciones de salud.
“Las cosas se repiten una y otra vez sin que se arreglen. Solo esperan a que lleguen al punto crítico para transferirlos a la sala de emergencias”, dijo.
Problemas de comunicación
Abogados de inmigración dijeron a KPBS que tienen dificultades para comunicarse con el centro de detención, ya sea para abogar por sus clientes o para saber el estatus de sus casos.
Johnson dijo que dos de sus clientes fueron transferidos a otros centros, incluyendo uno en Luisiana, sin que ella se enterara.
“Es increíblemente frustrante porque no hay una sola persona con quien puedas comunicarte”, dijo. “Muchas veces contactas a USCIS y te dicen que contactes a ICE. Y luego contactas a ICE y te dicen que hables con USCIS.”
García, quien dirige el programa de defensa de inmigrantes del condado, dijo que la confusión es el principal problema. Casi como si el sistema no estuviera diseñado para procesar tantos casos tan rápido.
“Está tan saturado que hay confusión en todo el sistema”, dijo. “A alguien le pueden decir que tendrá su entrevista de miedo creíble para un caso de asilo, y luego nunca ocurre”, agregó.
Abogados dijeron a KPBS que agentes dentro del centro presionan a las personas detenidas para que firmen papeles de “salida voluntaria”, que en esencia es una forma de autodeportación.
“Muchos clientes simplemente deciden ya no pelear su caso”, dijo García. “Lo cual probablemente es intencional, justo lo que la administración busca.”
Todos los abogados que hablaron con KPBS dijeron sentir culpa cada vez que salen de Otay Mesa.
“Se siente muy mal, de cierta forma, irte sabiendo que tus clientes no pueden salir”, dijo Crowley.
Johnson dijo que a veces parece que “la crueldad es el punto”. Que la administración busca agotar tanto a inmigrantes como a sus abogados.
“Para animar a la gente a rendirse y regresar a su país. Y quizás también para desanimar a los abogados, para que piensen que esto no es algo que se puede hacer por mucho tiempo, porque es desgastante”, dijo.
Sigamani comentó que es difícil no llevarse el trabajo a casa.
“Probablemente lloramos algunas veces”, dijo. “Es duro saber que hay buenas personas encerradas aquí, siendo maltratadas, y sentir que no podemos hacer nada al respecto.”
Pero, añadió, sí hay algo que pueden hacer: seguir presentándose. Y seguir atendiendo a sus clientes.
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