Esta es la primera parte de una serie de 2 partes.
Imagina que te arrestan en una redada y te meten a la cárcel. Te conceden una audiencia y el juez acepta dejarte en libertad bajo fianza. Pero, aun después de pagarla, sigues en la cárcel.
Este escenario de pesadilla le ocurrió a un mexicano de 49 años a finales de junio. Lleva 26 años viviendo en este país, es dueño de una empresa de construcción y es padre de un hijo ciudadano estadounidense, según documentos judiciales presentados por su abogado, Mitchell Shen.
Agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) llevaron a este hombre, a quien Shen pidió a KPBS identificar solo como el Sr. C, al Centro de Detención de Otay Mesa. Después de casi un mes bajo custodia, un juez de inmigración autorizó su liberación con una fianza de 3,000 dólares, que su familia pagó el 14 de julio.
En administraciones anteriores, personas con el perfil del Sr. C —fuertes lazos familiares, sin riesgo de fuga y sin antecedentes de delitos violentos— habrían sido liberadas rápidamente y podrían pelear su caso de deportación desde casa.
Pero, según Shen, la administración Trump lo mantuvo detenido dos semanas más después de que su familia pagó la fianza. Así que Shen jugó la única carta que le quedaba: una demanda federal conocida como un recurso de habeas corpus para solicitar la liberación del Sr. C.
El habeas corpus ha sido parte de la ley en Estados Unidos desde la fundación del país. En pocas palabras, es la última línea de defensa legal de una persona contra una detención ilegal.
Históricamente, las peticiones de habeas rara vez se han utilizado en casos de inmigración. Pero se han disparado durante los primeros meses del segundo mandato del presidente Donald Trump. La petición del Sr. C es solo una de más de 3,300 que se han presentado este año en cortes de distrito en todo el país.
Cada caso acusa al gobierno federal de someter a inmigrantes a detenciones ilegales y prolongadas.
“La continua detención del Sr. C por parte del ICE sin fianza, a pesar de la determinación del juez de inmigración, constituye una privación ilegal de libertad y crea un riesgo de detención ilegal y prolongada”, escribió Shen en la petición de Habeas corpus.
Aumento histórico
Abogados, académicos y jueces de inmigración retirados dijeron a KPBS que nunca habían visto un incremento tan dramático en las peticiones de habeas corpus provenientes del sistema de cortes de inmigración. Los números han aumentado de manera vertiginosa tan solo en los últimos dos meses.
Por ejemplo, en el Distrito Sur de California, los abogados presentaron solo una petición de habeas corpus en enero y otra en febrero. Pero el mismo tribunal, que abarca los condados de San Diego e Imperial, recibió casi 40 peticiones en septiembre y más de 60 en octubre.
“En 50 años, esto nunca había ocurrido a este nivel”, dijo Dana Marks, una jueza de inmigración retirada en San Francisco.
Antes, los abogados de inmigración podían trabajar dentro del propio sistema de cortes migratorias para lograr la liberación de sus clientes — ya sea pidiendo una audiencia de fianza ante un juez de inmigración o solicitando libertad condicional (parole) a ICE.
Pero los funcionarios de la administración Trump han eliminado esas opciones para la mayoría de las personas detenidas.
“En un año normal, presento una o dos”, dijo Stacy Tolchin, una abogada de inmigración con sede en Pasadena. “He estado presentando tres por semana desde septiembre”.
Hecho con intención
Las peticiones de habeas corpus son, en esencia, un mapa de cómo la administración Trump ha reescrito silenciosamente las reglas de inmigración del país, dijeron abogados y otros defensores.
“Están usando la detención para dificultar que la gente pelee sus casos, que peleen su deportación”, dijo Cassandra López, abogada de inmigración con el grupo de derechos de los inmigrantes Al Otro Lado, quien ha presentado varias peticiones de habeas.
Las detenciones indefinidas son intencionales — para presionar a las personas a auto deportarse, dijeron López y otros. Datos del sistema de cortes de inmigración sugieren que esta estrategia está funcionando.
En agosto, más de 6,000 casos de deportación terminaron en “salidas voluntarias”. Es la cifra más alta registrada para un solo mes, según datos del Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC) de la Universidad de Syracuse, que se remontan a 1997.
De manera similar, los jueces de inmigración negaron más de 8,000 audiencias de fianza en julio — también la cifra más alta registrada en un solo mes, según datos de TRAC.
“En cuanto a otras opciones para sacar a nuestros clientes, realmente no hay”, dijo Nerea Sholl-Woods, una abogada de inmigración con sede en San Diego.
En respuesta a preguntas de KPBS sobre las tácticas de la administración y el aumento de peticiones de habeas, la vocera del Departamento de Justicia, Natalie Baldassarre, dio la siguiente declaración:
“El presidente Trump y el Departamento de Justicia continuarán aplicando la ley tal como está escrita para defender y proteger la seguridad del pueblo estadounidense”.
Videos virales de redadas migratorias caóticas en Los Ángeles y Chicago han mostrado al público cómo lucen los arrestos masivos. Pero lo que ocurre después de los arrestos ha permanecido mayormente fuera de la vista.
Las peticiones de habeas corpus ofrecen una imagen más completa de las vidas de quienes quedan atrapados en la maquinaria de deportación, y un vistazo detrás de las puertas cerradas de los centros de detención migratoria.
Quienes presentan estas peticiones incluyen esposos de ciudadanas estadounidenses y madres de hijos ciudadanos. Otros son dueños de negocios sin antecedentes penales, solicitantes de asilo que huyen del régimen talibán y abuelos con condiciones médicas que no están siendo atendidas en los centros de detención.
En los casos en los que los inmigrantes tienen antecedentes penales, se trata de delitos no violentos que ocurrieron hace décadas.
Los documentos judiciales muestran una imagen contraria a la narrativa de la administración Trump de que las deportaciones masivas priorizan a criminales peligrosos y violentos.
“Creo que la gente necesita recordar quién es un inmigrante”, dijo Sholl-Woods. “Es tu vecino, es un estudiante, es el amigo de tu hijo en la escuela. Aportan algo a nuestra comunidad”.
Hay una ironía en los orígenes del habeas corpus en Estados Unidos y cómo se utiliza hoy. Durante la Guerra de Independencia, las tropas británicas usaban órdenes generales para allanar hogares sin causa probable y encarcelar a personas sin otorgarles una audiencia para su liberación.
“Nuestra Constitución refleja exactamente lo que estaba ocurriendo en las colonias y las preocupaciones que tenían los Padres Fundadores sobre que el nuevo gobierno tuviera ese mismo tipo de poder”, dijo Justin Brooks, profesor de derecho en la Universidad de San Diego y cofundador del California Innocence Project.
Ahora, casi 250 años después, los abogados de inmigración están usando las peticiones de habeas corpus en un espíritu similar.
“El Rey no puede simplemente arrojarte a un calabozo en Estados Unidos”, dijo López. “Tenemos la disposición de habeas corpus que nos permite pedirle a una corte que determine que estamos detenidos en violación de la ley.”
Junta de Apelaciones de Inmigración
Para entender cómo la administración Trump puede reescribir las reglas de las cortes de inmigración, es importante entender cómo está estructurado ese sistema.
A diferencia de las cortes federales, que forman parte del poder judicial, las cortes de inmigración operan bajo el poder ejecutivo. Eso significa que los funcionarios designados políticamente tienen amplias facultades para influir en cómo funciona la corte. Por ejemplo, la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, tiene la autoridad de contratar y despedir a jueces de inmigración.
También designa a las personas que integran la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA, por sus siglas en inglés). Esta es una parte poco conocida del sistema de cortes de inmigración que instruye a los jueces sobre cómo interpretar la ley migratoria.
Solo en lo que va del año, la administración Trump ha despedido a más de 100 jueces de inmigración. Marks dijo que sus excolegas sienten que tienen una diana en la espalda.
“La moral nunca había estado tan baja”, dijo Marks. “Los jueces están aterrados por la espada que pende sobre sus cabezas, sin saber si los van a despedir.”
Marks tuvo una carrera de 10 años como abogada de inmigración antes de convertirse en jueza. Desde el estrado, se propuso reclutar a más personas del ámbito de la práctica privada porque la mayoría de los jueces de inmigración eran exfiscales.
“Ya no puedo recomendar ese trabajo a nadie”, dijo.
En respuesta a las críticas sobre las decisiones de la BIA, Baldassarre, la vocera del Departamento de Justicia, dijo que el gobierno federal está “restableciendo la integridad del sistema de adjudicación de inmigración, y las decisiones de la BIA reflejan interpretaciones directas de un lenguaje legal claro”.
Permitir que personas designadas políticamente decidan quién puede ser juez y cómo esos jueces interpretan la ley crea un sistema de justicia injusto, dijo Noll-Woods.
“Eso no pasaría en un sistema judicial independiente”, dijo.
Además, la BIA y Bondi no dependen de precedentes legales para establecer jurisprudencia como lo hacen los jueces estatales y federales. Tienen la autoridad de tomar la decisión de un solo juez de inmigración y aplicarla a todos los casos futuros publicándola como una “decisión precedente”.
Por ejemplo, si un juez de inmigración en un estado decide que cierta categoría de inmigrantes —como las personas que entraron al país mediante programas de permiso humanitario de la era Biden— ya no es elegible para fianza, la BIA puede obligar a todos los jueces del país a seguir esa decisión, según los abogados.
“El hecho de que el (BIA) pueda tener sus casos seleccionados a conveniencia por la fiscal general significa que la política de una administración en particular empieza a invadir la ley sustantiva”, dijo Marks. “Estamos siendo reducidos a jueces solo de nombre.”
Por ejemplo, una decisión de septiembre dijo explícitamente: “Los jueces de inmigración no tienen autoridad para escuchar solicitudes de fianza o conceder fianza a extranjeros que se encuentran en Estados Unidos sin haber sido admitidos.”
“Es tan calculado”, dijo Tolchin. “Es un desincentivo para que alguien quiera pelear su caso. ¿Quién quiere pelear su caso cuando vas a estar detenido un año o más?”
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