El pasado septiembre, decenas de personas se presentaron ante la Junta de Supervisores del Condado de Imperial, en El Centro, para opinar sobre el plan de gasto propuesto en torno al litio, un tema central en las discusiones sobre los ingresos fiscales que generará esta naciente industria.
Pero algunos asistentes querían hablar de algo más.
“No hay traducción al español del plan actualizado”, reclamó Fernanda Vega, organizadora de la Coalición por la Equidad y Justicia del Valle Imperial. “No podemos seguir dejando de lado a los residentes que hablan español, sobre todo cuando están en juego su salud y su forma de vida”.
Según datos del Censo de Estados Unidos, casi 3 de cada 4 personas en el Condado de Imperial hablan principalmente español en casa, y más de una cuarta parte no domina el inglés. Aun así, ni el gobierno del condado ni muchas ciudades publican versiones traducidas de agendas ni de otros documentos clave.
Sin traducción al español de forma constante, muchos residentes quedan excluidos, en la práctica, del proceso democrático.
Auditores estatales, autoridades locales y organizaciones de derechos civiles han expresado su preocupación ante esta situación, especialmente considerando que el Condado de Imperial sigue siendo uno de los más pobres de California.
Muchos residentes dicen que hay una desconfianza generalizada hacia el gobierno local y la participación en las elecciones es de las más bajas en el estado. En particular, los votantes latinos acuden a las urnas en una proporción mucho menor que los votantes blancos.
Ahora, un nuevo proyecto de ley en California podría obligar al gobierno del condado y a sus dos ciudades más grandes a ofrecer traducciones al español de las agendas de sus reuniones, actualmente solo disponibles en inglés.
La propuesta, conocida como SB 707, también requeriría que ciertos condados y ciudades con poblaciones numerosas de hablantes de otros idiomas publiquen instrucciones traducidas para poder seguir las reuniones en línea.
Durante un discurso en el Senado estatal este mes, la autora del proyecto, la senadora María Elena Durazo (D-Los Ángeles), dijo que la ley facilitaría que las personas que no hablan inglés puedan seguir las decisiones de sus gobiernos locales y participar en el proceso democrático.
Durazo fue directa: “Este proyecto de ley permite que los gobiernos locales sirvan mejor a sus comunidades”.
'El idioma mayoritario’
Para la mayoría de los residentes del Condado de Imperial, el español forma parte de su vida cotidiana: el 74 % habla español en casa y más del 25 % no domina el inglés, según la última encuesta de American Communities de la Oficina del Censo de EE. UU.
El porcentaje de residentes hispanohablantes es aún mayor en las dos ciudades más grandes del condado, El Centro y Calexico.
En Calexico, una abrumadora mayoría (el 93 %) habla español en casa. Más de la mitad afirmó no hablar inglés con fluidez. En El Centro, el 76 % de la población habla español en casa y poco menos de un tercio declaró no dominar el inglés.
“El español no es una lengua minoritaria”, dijo Raúl Ureña, exalcalde de Calexico. “Es la lengua mayoritaria, y por mucho”.
La falta de traducción dificulta que los residentes del Valle Imperial exijan rendición de cuentas a sus funcionarios electos.
En 2022, la oficina del auditor estatal publicó un informe crítico sobre las finanzas de Calexico. Reveló que anteriores administraciones tomaron decisiones con datos financieros poco confiables, gastaron más de lo permitido y perdieron acceso a fondos estatales.
Los auditores también señalaron que el presupuesto municipal solo se publica en inglés, lo que representa una barrera que impide la participación ciudadana.
“Los residentes han solicitado que más información se proporcione en español”, escribió el auditor estatal interino, Michael Tilden. “Sin embargo, Calexico solo presenta sus documentos públicos clave en inglés”.
La ciudad sí ofrece interpretación simultánea en español durante las reuniones presenciales.
Otras agencias del condado han sido criticadas por la falta de materiales en español.
En 2022, la ACLU acusó al Registro de Votantes del condado de violar leyes federales de derechos electorales al no traducir materiales clave al español. También se ha criticado a la Junta de Supervisores por su falta de traducción e interpretación.
Organizaciones civiles han exigido más traducciones y servicios de interpretación. Algunos grupos ambientales como IV Equity and Justice incluso han tomado la iniciativa de traducir documentos de planificación y distribuirlos por su cuenta.
El historiador Benny Andrés, profesor en la Universidad de Carolina del Norte en Charlotte y autor del libro Power and Control in the Imperial Valley, explica que estas barreras provocan que muchas personas, en especial residentes de bajos recursos y comunidades de color, se alejen del gobierno local.
“La gente no cree que algo vaya a cambiar”, dijo Andrés a KPBS en octubre pasado. “Y por eso hay apatía, porque piensan: ‘¿para qué molestarse?’”
Fortalecer la Ley Brown
Aunque el proyecto SB 707 no exigiría traducir documentos presupuestarios ni ofrecer interpretación en vivo, sí forzaría a la Junta de Supervisores y a las principales ciudades del condado a hacer más de lo que actualmente hacen.
Junto con Durazo, el proyecto de ley es coautor del senador estatal Jesse Arreguín (demócrata por Oakland).
Los legisladores buscan fortalecer partes de la Ley Brown de California, que exige que los ayuntamientos, condados y juntas escolares celebren reuniones abiertas a la asistencia del público.
El requerimiento de traducir agendas es importante, ya que estos documentos explican qué temas se discutirán y qué decisiones se podrían tomar en cada reunión.
Además de la traducción de agendas, la ley exigiría ampliar la transmisión en línea de las reuniones y mejorar el acceso para personas con discapacidades.
El proyecto SB 707 ya fue aprobado por el Senado estatal y ahora está en manos de la Asamblea.
Las autoridades del Condado de Imperial se han opuesto al proyecto de ley, argumentando que no cuentan con los recursos necesarios.
En una carta aprobada por unanimidad por la Junta de Supervisores, el presidente del condado, John Hawk, señaló que cumplir con los cambios propuestos sería difícil sin financiamiento estatal.
Históricamente, California reembolsaba a los condados los costos derivados del cumplimiento de la Ley Brown. Pero eso cambió en 2014, cuando los votantes aprobaron la Proposición 42, que ahora obliga a los condados a cubrir esos gastos por sí mismos.
“Muchos de los requisitos propuestos son difíciles de implementar en regiones como el Condado de Imperial, donde la infraestructura de internet es limitada y el personal ya está sobrecargado”, escribió Hawk.
Otras regiones del estado y asociaciones de gobiernos locales también han expresado preocupación por el impacto financiero de la medida.
No obstante, traducir una agenda no representaría un gasto desproporcionado. En 2023, la ciudad de Ventura estimó que traducir una agenda costaría entre 80 y 170 dólares.
Vega, la activista que alzó la voz en la reunión sobre el litio, reconoció que brindar servicios de traducción cuesta, pero considera que debe ser una prioridad para el condado y que deben buscar recursos adicionales si es necesario.
“El condado necesita priorizar la búsqueda de subsidios”, dijo Vega a KPBS la semana pasada. “Eso debería ser parte de su plan estratégico”.
Cuando habló ante la Junta de Supervisores en septiembre, Vega también lo hizo desde su experiencia personal: sus propios padres, que viven en Westmoreland, sienten que no pueden participar en reuniones públicas por la falta de traducción.
“Nos han dicho: ‘Está en inglés… No quiero estar en un lugar donde no entiendo y me veo todo confundido’”, relató Vega. “Con solo traducir una reunión, ya estás diciendo: estás invitado, eres importante, nos importa lo que tengas que decir”.
Incluso una simple agenda, dijo, puede ser el primer paso.
