California demandó el lunes al gobierno del presidente Donald Trump para bloquear lo que, según afirma, es una apropiación de poder sin precedentes: usar autoridad de emergencia para forzar el reinicio de una operación petrolera en alta mar que fue cerrada hace más de una década.
En la demanda, presentada ante un tribunal federal de San Francisco, se indica que una orden emitida el 13 de marzo por el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, excede su autoridad en virtud de la Ley de Producción para la Defensa, una norma de la era de la Guerra Fría.
"Por más que el presidente Trump afirme que existe una supuesta emergencia energética nacional, simplemente no es cierto", declaró el fiscal general Rob Bonta a los periodistas. "Estados Unidos ya produce significativamente más petróleo y gas de lo que usamos; es una afirmación completamente inventada, destinada a congraciarse con la industria petrolera".
La disputa legal enfrenta al gobierno de Trump y a Sable Offshore Corp. contra autoridades de California y grupos ambientalistas, y se produce mientras los precios del combustible se disparan tras el conflicto con Irán. Sable, que compró el sistema a ExxonMobil en 2024, dijo a sus inversionistas que la producción podría aumentar de unos 30.000 barriles de equivalentes de petróleo por día a más de 50.000 si reinicia sus operaciones, enviando crudo a refinerías en Los Ángeles, Bakersfield y el Área de la Bahía.
California argumenta que la ley de poderes de emergencia está pensada para priorizar contratos durante emergencias, no para anular la ley estatal ni forzar el reinicio de un oleoducto. El estado afirma que el gobierno no cumplió con los requisitos básicos de la ley, que incluyen demostrar una escasez real de energía.
La orden de Wright marcó la intervención federal más agresiva hasta ahora en una disputa de años. Una opinión legal emitida el 3 de marzo por el Departamento de Justicia de Estados Unidos había sentado las bases, al concluir que la orden de emergencia podría prevalecer sobre la ley estatal e incluso anular un decreto federal de consentimiento de 2020 que exige la aprobación del jefe de bomberos del estado de California antes de que el oleoducto pueda reiniciar sus operaciones.
Grupos ambientalistas y expertos han sostenido que forzar el reinicio de operaciones del oleoducto no reduciría los precios de la gasolina, pero sí pondría en riesgo a la fauna costera y sentaría un precedente preocupante sobre el poder federal por encima de la ley estatal. El gobierno de Trump ha buscado desde hace tiempo ampliar el arrendamiento petrolero en alta mar a lo largo de la Costa Oeste, lo que ha generado una fuerte oposición en California.
Sable enfrenta una creciente presión legal en múltiples frentes. En diciembre, la Administración de Seguridad de Oleoductos y Materiales Peligrosos determinó que la infraestructura califica como un oleoducto interestatal y emitió un permiso de emergencia que aprueba un plan de reinicio, una medida que los grupos ambientalistas y el estado de California impugnaron. Ese caso está pendiente ante el Tribunal Federal de Apelaciones del 9no Circuito.
En febrero, un juez del Tribunal Superior del Condado de Santa Barbara ordenó que el oleoducto permaneciera cerrado, al dictaminar que la intervención federal anterior no fue suficiente para anular una orden judicial que exige que Sable obtenga aprobaciones estatales antes de reiniciar las operaciones del oleoducto.
Hasta el lunes, representantes de Sable, del Departamento de Energía y del Departamento de Justicia de Estados Unidos no habían respondido a las solicitudes de comentarios.
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Esta historia fue publicada originalmente por CalMatters y distribuida mediante una alianza con The Associated Press.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
