A medida que aumentan las tensiones en los campus por los campamentos de estudiantes para protestar por la guerra en Gaza (con clases canceladas, enfrentamientos violentos y arrestos masivos en los últimos días), los líderes republicanos en la Legislatura de California están pidiendo que el estado utilice su próximo proceso presupuestario para castigar a los manifestantes que, según dicen, han ido demasiado lejos.
El líder republicano del Senado, Brian Jones, de San Diego, y el líder republicano de la Asamblea, James Gallagher, de Chico, anunciaron que presionarán para retirar la ayuda financiera estatal a los manifestantes que hayan cometido actos violentos o criminales o hayan violado los derechos de otros estudiantes.
No ofrecieron una propuesta formal con detalles, pero Jones y Gallagher dijeron en una conferencia de prensa que los estudiantes que agreden, acosan e intimidan a sus compañeros o les impiden físicamente asistir a clases, como supuestamente les sucedió a los estudiantes judíos en UCLA esta semana, no merecen beneficiarse del programa Cal Grant.
“Tienes que ganarlos”, dijo Jones. “Deberíamos recompensar a los estudiantes que quieran utilizar esas becas Cal Grant para ir a la escuela, educarse y convertirse en miembros productivos de la sociedad”.
Jones y Gallagher centraron su ira en los manifestantes pro palestinos, cuyas tácticas agresivas, según dijeron, han dejado a los estudiantes judíos sintiéndose inseguros y descarrilaron por completo algunos campus, incluido Cal Poly Humboldt, que cerró por el resto del semestre después de que los manifestantes ocuparan un edificio académico y administrativo. Evitaron en gran medida el ataque de principios de esta semana por parte de contramanifestantes pro israelíes en el campamento de la UCLA, que fue desmantelado por la policía hoy temprano.
“No se debe tolerar ninguna violencia en absoluto”, dijo Gallagher. “Pero seamos claros: hubo violencia en ambos lados”.
Los líderes republicanos culparon a los administradores universitarios de todo el estado por no cerrar los campamentos antes y al gobernador Gavin Newsom por no intervenir. Dijeron que también buscarán retener fondos en el próximo presupuesto de los campus de la Universidad de California y la Universidad Estatal de California que no respondieron adecuadamente a las protestas, tal vez una cantidad equivalente a los recursos estatales gastados en hacer cumplir la ley y limpiar los daños.
“Es indignante e inaceptable que hayamos permitido que este caos se produjera durante semanas”, dijo Gallagher. “Es necesario que haya responsabilidad. Algunas personas necesitan ser despedidas”.
Cualquier plan presupuestario requerirá el apoyo de la mayoría demócrata de la Legislatura, que no se unió inmediatamente a las ideas de Jones y Gallagher.
El asambleísta Jesse Gabriel, un demócrata de Encino que dirige el comité de presupuesto de la Asamblea y se desempeña como copresidente del Caucus Legislativo Judío de California, dijo que no quería hacer comentarios hasta que viera sus propuestas.
“Estos campus tendrán que descubrir cómo avanzar de una manera que funcione para todos”, dijo Gabriel. “Esa es una pregunta difícil y ciertamente algo en lo que estamos pensando mucho”.
Un portavoz de la oficina de Newsom se negó a hacer comentarios, pero señaló que el estado ha establecido un sistema de ayuda mutua para brindar aplicación de la ley adicional cuando los campus universitarios solicitan asistencia. Proporcionó una declaración anterior del gobernador en la que afirmaba que “aquellos que participan en conductas ilegales deben rendir cuentas de sus acciones, incluso mediante procesamiento penal, suspensión o expulsión”.
