Una serie de redadas migratorias en todo California en 2025 tuvo algo en común: la mayoría de los agentes federales que detenían a personas llevaban el rostro cubierto con cubrebocas.
En enero, el estado de California y su condado más grande prohibirán que los agentes del orden público se cubran la cara, con algunas excepciones, lo que enfrentará a la policía local y estatal con los agentes de inmigración que operan con el rostro cubierto.
La ley estatal les da a los agentes del orden público una opción: si se cubren el rostro, pierden la posibilidad de invocar la “inmunidad calificada”, una doctrina legal que protege a los agentes de responsabilidad personal por sus acciones. Esto significa que pueden ser demandados por agresión, lesiones, detención ilegal, arresto ilegal o persecución maliciosa. Además, la ley añade una cláusula que establece que la multa mínima por cometer estos delitos mientras se usa cubrebocas es de 10 mil dólares.
El asambleísta Mark González, demócrata de Los Ángeles y coautor de la ley, dijo que era necesaria para poner límites a los agentes federales que operan de manera anónima.
“Al principio pensábamos que solo estaban persiguiendo a personas que no eran ciudadanas”, dijo González. “Pero con el tiempo te das cuenta de que no les importa quién seas; te atacan de todos modos y sin el debido proceso”.
La administración Trump presentó una demanda para bloquear la ley, y cuenta con más de un siglo de precedentes en tribunales federales a su favor. Un fallo de la Corte Suprema de 1890 establece que un estado no puede procesar penalmente a un agente federal del orden público que esté actuando en el cumplimiento de sus funciones.
La administración Trump señaló en un escrito presentado ante el Tribunal Federal del Distrito Central de California que obligar a los agentes a revelar su identidad los pondría en riesgo.
“Durante las ‘acciones’ del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), se escuchan amenazas de exponer la identidad de los agentes y de averiguar quiénes son sus familiares y dónde viven”, señalaron los abogados del gobierno en el documento presentado el 17 de noviembre. “Incluso existen sitios web públicos que recopilan y publican información personal de agentes de ICE y otros funcionarios federales para acosarlos y amenazarlos, así como a sus familias”.
Erwin Chemerinsky, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de California en Berkeley, dijo que el tema no es tan claro como lo sugieren uno o dos fallos de la Corte Suprema. Señaló una decisión de 2001 del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito que permitió que llegara a juicio el caso de un francotirador federal que mató a una mujer durante el enfrentamiento de Ruby Ridge, Idaho, en 1992.
“Básicamente establece que un agente federal puede ser procesado penalmente por acciones irrazonables”, explicó Chemerinsky. “Los agentes federales no tienen inmunidad automática frente a todas las leyes civiles y penales estatales solo por ser federales”.
Brian Marvel, presidente de una organización que representa a los sindicatos policiales de California, afirmó que la ley complicará el trabajo de los policías locales y de los agentes del sheriff del condado. También se opusieron a la ley organizaciones que representan a jefes de policía, sheriffs, agentes de la oficina del fiscal general y oficiales de la Patrulla de Caminos de California.
“Creo que el estado nos ha puesto en una posición muy delicada con esta confrontación que mantiene con la administración Trump”, dijo Marvel, de la Asociación de Investigación de Oficiales de Paz de California. “No queremos quedar atrapados en medio de esta pelea. Pero, lamentablemente, por el interés de ganar visibilidad y de cara a las elecciones de 2026, se tomaron decisiones más políticas que enfocadas en la seguridad pública”.
Marvel agregó que otro problema de la ley es que genera “una falsa esperanza en la comunidad migrante de California” de que la medida obligará a los agentes federales a salir del estado.
Los supervisores del condado de Los Ángeles también aprobaron una prohibición local para que los agentes del orden público usen cubrebocas en las zonas no incorporadas del condado. Esta medida entrará en vigor a mediados de enero, a menos que una resolución judicial lo impida antes.
González señaló que los cubrebocas han tenido un papel importante en la historia reciente de California. Primero, durante la pandemia, el estado los hizo obligatorios de manera temporal en espacios públicos y centros de trabajo. Después, un par de años más tarde, una ola de robos tipo smash and grab fue más difícil de resolver porque los sospechosos llevaban el rostro cubierto. Ahora, California vive su tercer debate en torno al uso de cubrebocas.
La ley contempla excepciones para el uso de cubrebocas N95 o de grado médico para prevenir contagios, y permite que los agentes encubiertos se cubran el rostro.
“Esto está dirigido específicamente a los agentes federales porque tenemos que combatir estos secuestros de alguna manera”, dijo González. “Y esta fue nuestra forma de hacerlo”.
