De regreso en la Oficina Oval, el presidente Donald Trump está intentando una vez más quebrar una política que los demócratas de California adoptaron durante su primer mandato para proteger a ciertos inmigrantes indocumentados de ser deportados.
Una de sus primeras órdenes ejecutivas apunta a la llamada ley de santuario del estado, que generalmente limita la forma en que la policía local interactúa con los oficiales federales de inmigración. La solicitud de Trump , titulada “Protección del pueblo estadounidense contra la invasión”, negaría fondos federales a las jurisdicciones santuario en todo el país.
Aún no está claro qué tipo de fondos federales retendría la administración Trump, pero para un estado de 39 millones de habitantes que depende en gran medida de fondos federales para sus programas públicos y actualmente para su recuperación de los incendios forestales, retener dinero podría ser un golpe devastador.
Vale la pena señalar que Trump intentó algo similar durante su primer mandato. California presentó una demanda y los tribunales se pusieron del lado del estado.
Antes de que Trump asumiera el cargo, una organización sin fines de lucro dirigida por su asesor de políticas Stephen Miller envió cartas a cientos de funcionarios electos locales en todo el país advirtiéndoles que enfrentaban “consecuencias legales” si sus políticas de santuario interferían con la aplicación de la ley migratoria.
Entonces, ¿qué hace exactamente la ley santuario del estado y qué significa para los planes de deportación masiva de Trump?
Aquí hay cinco cosas que debe saber sobre la Ley de Valores de California.
Se trata de lo que pueden hacer los policías de California.
En octubre de 2017, el gobernador Jerry Brown promulgó la SB 54, la Ley de Valores de California, comúnmente conocida como la ley de santuario del estado. Esa ley prohíbe a la policía estatal y local investigar, interrogar o arrestar a personas con fines de control de inmigración, y limita, pero no prohíbe por completo, la cooperación policial con los funcionarios federales de inmigración.
Kevin De Leon, el exlíder del Senado estatal que redactó la ley, le dijo a NPR en 2017 que el objetivo de la ley era dejar en claro que los federales no pueden reclutar a la policía local “como un engranaje en la máquina de deportación de Trump”.
El movimiento “santuario” se remonta a la década de 1980, cuando los refugiados centroamericanos huyeron de la guerra civil y emigraron a Estados Unidos. Cuando se les negó el asilo, buscaron protección contra la deportación en iglesias y otros lugares de culto.
En la actualidad, la ley de santuario no se refiere a un lugar o territorio donde los inmigrantes puedan buscar protección. Vivir solo en California no protege a nadie de la deportación.
En cambio, la ley aclara lo que las autoridades locales y estatales de California pueden y no pueden hacer en materia de inmigración. Por ejemplo, la ley dice que la policía local no puede detener o mantener a alguien bajo custodia más de 48 horas después de su fecha de liberación solo para que los funcionarios de inmigración lo recojan.
La ley no restringe lo que el gobierno federal puede hacer en el estado. Para ser claros, eso significa que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos todavía puede arrestar y deportar a personas indocumentadas que viven en California y otras jurisdicciones santuario.
“El gobierno federal tiene derecho a actuar por la vía que le corresponde, puede hacer cumplir la ley de inmigración”, dijo la semana pasada el fiscal general de California, Rob Bonta, durante una conferencia de prensa en San Diego. Pero “no puede reclutar ni obligar a las entidades policiales de la ciudad, el condado o el estado a hacer su trabajo por ellos”.
¿Quién no está protegido por la ley del santuario?
El presidente Trump y sus aliados han argumentado en repetidas ocasiones que las leyes santuario protegen a criminales peligrosos. En ocasiones han señalado delitos específicos cometidos por inmigrantes indocumentados para argumentar que la ley santuario pone en riesgo a la población en general. En 2019, por ejemplo, Trump mencionó el asesinato de un oficial de policía en el condado de Stanislaus para criticar la ley santuario y exigir más fondos para la protección de la frontera.
Pero esa no es toda la historia. La ley dice que la policía puede informar a las autoridades de inmigración sobre la próxima liberación de un recluso si esa persona ha sido condenada por un delito grave, como asesinato, violación, secuestro, robo e incendio provocado, entre muchos otros.
Y como han señalado algunos sheriffs, no hay nada que impida a los funcionarios de inmigración utilizar los sitios web de las cárceles y las bases de datos de huellas dactilares para identificar a personas de interés.
Depende del ICE recoger a las personas que son liberadas. Entre 2018 y 2023, las cárceles de California transfirieron a más de 4,000 personas a las autoridades de inmigración. Al mismo tiempo, el ICE no siempre se presenta cuando alguien es liberado de la cárcel o prisión. Por ejemplo, el ICE recogió a alrededor del 80% de los inmigrantes indocumentados liberados de las cárceles estatales entre 2017 y 2020, según un análisis legislativo del Senado de 2022 .
“Es absurdo hablar de la SB 54 como una medida que impide que los ciudadanos no estadounidenses con graves condenas penales sean entregados al Departamento de Seguridad Nacional, porque no lo hace”, dijo Niels Frenzen, profesor de la Escuela de Derecho Gould de la USC y codirector de la clínica de inmigración de la escuela. “Pero esos hechos simplemente no forman parte del debate político”.
Los inmigrantes que están protegidos por la ley del estado santuario son generalmente aquellos que son arrestados por delitos menos graves, como infracciones de tránsito y conducir sin licencia o seguro, dijo Frenzen.
Los tribunales confirmaron la ley del estado santuario de California
Después de que California promulgara su Ley de Valores, el Departamento de Justicia de Trump llevó al estado a los tribunales, argumentando que la ley estatal “interfiere con la capacidad de las autoridades federales de inmigración de llevar a cabo sus responsabilidades bajo la ley federal”.
Sin embargo, algunos abogados de inmigración han señalado que la ley estatal parece tener poco impacto en la capacidad de ICE para hacer su trabajo.
Por ejemplo, el Departamento de Justicia en su demanda de 2018 dijo que en 2017 ICE detuvo a 20,201 personas presentes ilegalmente en California, lo que representó aproximadamente el 14% de todos los arrestos de ICE realizados ese año.
ICE iba camino de superar esa cifra el año siguiente. En los dos primeros meses de 2018, después de que entrara en vigor la ley santuario, arrestó a 8,588 personas en California, o aproximadamente el 14% de todos los arrestos a nivel nacional, según un documento presentado en la demanda por el Departamento de Justicia de Trump.
En 2019, el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos dictaminó que la Ley de Valores de California no impedía la aplicación de la ley federal de inmigración. Cuando la administración Trump solicitó a la Corte Suprema que revisara el caso, esta se negó a hacerlo, dejando la ley tal como está.
En otra batalla legal, California demandó a la administración Trump por su política de retener subvenciones federales para la aplicación de la ley a jurisdicciones con políticas de santuario. Un juez federal se puso del lado de California.
Los estudios no muestran ningún efecto sobre el crimen
Los críticos de la ley han afirmado durante mucho tiempo que la ley de los estados santuario perjudica la seguridad pública. Hoover Institute, un grupo de expertos conservador de Stanford, por ejemplo, ha vinculado la ley con la epidemia de fentanilo, señalando que un aumento en las muertes relacionadas con el fentanilo comenzó a ocurrir alrededor de 2018, poco después de que la política de santuario entrara en vigor. Ya sea casualidad o coincidencia, no hay mucha investigación oficial que lo demuestre.
Para probar tal afirmación, habría que aislar el impacto específico de la ley del estado santuario sobre el crimen, dicen los investigadores.
Un análisis de la ley de California realizado en 2020 por investigadores de la Universidad de California, Irvine, examinó las tasas de delitos violentos y contra la propiedad del estado en 2018 y las comparó con las tasas de delincuencia estimadas si el gobernador Brown no hubiera firmado la política de santuario. El estudio concluyó que la ley no tuvo un impacto significativo ni en los delitos violentos ni en los delitos contra la propiedad.
Charis Kubrin, autora del estudio, dijo que la conclusión de su investigación fue que cambiar el estatus de santuario del estado no es probable que resulte en reducciones importantes en la delincuencia. “Deshacerse de la SB 54, por ejemplo, no hará que la delincuencia baje porque no provocó que la delincuencia aumentara en primer lugar”, dijo Kubrin.
Un estudio separado realizado por investigadores de Stanford y Princeton analizó las políticas de santuario en todo el país y descubrió que estas medidas reducen el número general de deportaciones en un tercio, pero no reducen el número de deportaciones de personas con condenas penales violentas.
Ese estudio también encontró que estas políticas no tienen mucho efecto directo sobre el crimen.
Se esperan conflictos en “zonas sensibles”
Durante la administración Biden, el gobierno federal tenía en vigor una orden de “áreas sensibles”, que disuadía a los agentes de inmigración de realizar arrestos en lugares como escuelas, hospitales, iglesias y juzgados. La semana pasada, la administración Trump anuló esa orden.
“Cuando ICE lleva a cabo acciones de control de inmigración civil dentro o cerca de los juzgados, puede reducir los riesgos de seguridad para el público”, se lee en un memorando del 21 de enero al personal del director interino de ICE, Caleb Vitello.
La ley de los estados santuario exige que los funcionarios de esos mismos lugares adopten políticas para limitar la participación pública en la aplicación de las leyes de inmigración, como solicitar una orden judicial a los agentes del ICE antes de intentar arrestar a alguien. Eso podría crear un conflicto para los funcionarios locales si la ofensiva contra la inmigración de la nueva administración llega a su territorio, dijo Álvaro Huerta, director de litigios y defensa del Immigrant Defenders Law Center.
Dada la reciente reversión de las reglas de Trump, dijo Huerta, “el gobierno federal puede intentar aplicar alguna ley (migratoria) en esos espacios, pero el gobierno estatal está pidiendo que esos espacios requieran órdenes judiciales”.
Este artículo fue publicado originalmente por CalMatters.
