La Corte Suprema de Estados Unidos concedió hoy la solicitud de emergencia de la administración Trump de levantar una orden de restricción temporal que prohíbe a los funcionarios federales de inmigración realizar “ patrullas itinerantes ” y perfilar a las personas en función de su apariencia en Los Ángeles y el sur de California.
Es probable que el caso tenga un enorme impacto, no solo en Los Ángeles, sino en todo el país, según informaron varios expertos a CalMatters. Esto significa que los agentes de inmigración pueden reanudar legalmente las agresivas redadas callejeras que comenzaron a principios de junio en Los Ángeles, epicentro de la campaña de deportaciones masivas del presidente Donald Trump.
En un fallo de 31 páginas, la Corte Suprema, por una mayoría de 6 a 3, coincidió con la administración Trump en que los agentes federales de inmigración pueden detener e interrogar brevemente a personas para determinar si se encuentran legalmente en Estados Unidos y que pueden basarse en el criterio de “totalidad de circunstancias” para determinar una sospecha razonable.
El expediente de emergencia de la Corte Suprema de los Estados Unidos se utiliza para casos que se tramitan con rapidez, con información limitada y, por lo general, sin argumentos orales. Los jueces suelen emitir órdenes sin firmar y con escasa o ninguna explicación.
El fallo significa que la Patrulla Fronteriza puede reanudar las tácticas agresivas que un juez federal de distrito dijo que violaban los derechos constitucionales de la Cuarta Enmienda de las personas contra registros e incautaciones irrazonables.
En un escrito pidiendo a los jueces que eliminen las restricciones a las detenciones de inmigrantes, el Departamento de Seguridad Nacional de Trump escribió que la orden judicial inferior interfería con los esfuerzos de los agentes para expulsar a inmigrantes no autorizados.
“La orden judicial plantea la posibilidad de desacato por cada parada en el distrito, amenazando a los agentes con sanciones si el tribunal no cree que se basaron en factores adicionales para realizar una parada en particular. Bloquea el ejercicio de la autoridad ejecutiva y usurpa las facultades del Presidente, amparadas por el Artículo II, para hacer cumplir nuestras leyes de inmigración”, escribieron los abogados de la administración Trump.
El tribunal de distrito encontró, basándose en una “montaña de evidencia”, que el gobierno realizó detenciones sin sospecha razonable, basándose únicamente en rasgos como la raza o la etnia, hablar español o inglés con acento, la ubicación en la que se encuentra una persona y el tipo de trabajo que realiza una persona.
El Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito confirmó el fallo del tribunal inferior, criticando a la administración Trump por tergiversar la orden de restricción en su apelación.
“Si, como sugieren los demandados, no están realizando controles que carecen de sospecha razonable, difícilmente pueden afirmar que se ven perjudicados irreparablemente por una orden judicial destinada a impedir… controles que no están respaldados por una sospecha razonable”, escribió el panel de tres jueces del 9º Circuito.
Una coalición de agencias de derechos civiles, derechos de los inmigrantes y gobiernos locales, incluida la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles y los Trabajadores Agrícolas Unidos, solicitaron la orden, argumentando que las redadas en el área de Los Ángeles han violado los derechos de las personas al permitir que los agentes federales de inmigración detengan a personas que simplemente parecen ser latinas, incluidos ciudadanos estadounidenses.
“El gobierno federal busca detener a personas únicamente por no ser blancas, hablar español o hablar inglés con acento. Esa idea es un anatema para todo lo que representa Estados Unidos y debe ser rechazada”, escribió un grupo de ciudades del condado de Los Ángeles en un escrito amicus, apoyando las restricciones a los agentes de inmigración. Escribieron que las redadas de este verano habían “sembrado el terror” en sus comunidades.
A pesar de la orden anterior que prohibía la elaboración de perfiles, los agentes han continuado con una agresiva ofensiva para aplicar la ley en la segunda ciudad más grande del país.
Unos 40 agentes se presentaron en un Home Depot de Westlake el 28 de agosto, utilizando gas lacrimógeno y perdigones de pimienta para despejar a una multitud antes de detener a ocho personas, confirmó el viernes un funcionario de la Patrulla Fronteriza. Ese es el mismo lugar donde los agentes grabaron previamente un video promocional con música rap en el que aparecían escondidos en una camioneta de alquiler de Penske antes de salir a detener a jornaleros en una redada denominada Operación Caballo de Troya.
Bajo la dirección del Jefe de Operaciones Generales, Gregory Bovino , la Patrulla Fronteriza ha detenido a jornaleros latinos, invadiendo tiendas Home Depot y lavaderos de autos en la segunda ciudad más grande del país. Bovino se ha comprometido a implementar tácticas similares en ciudades de todo el país.
