El gobernador Gavin Newsom firmó el domingo un proyecto de ley que permite ampliar la lista de familiares que pueden asumir el cuidado de los niños si sus padres son deportados, una medida que había provocado una tormenta de críticas conservadoras.
El Proyecto de Ley 495 también prohibirá a los proveedores de guarderías recopilar información de inmigración sobre un niño o sus padres, y permitirá a los padres nominar a un guardián legal temporal para su hijo.
“Queremos dejar constancia de que apoyamos a nuestras familias y su derecho a mantener segura su información privada, mantener los derechos de los padres y ayudar a las familias a prepararse en caso de emergencias”, dijo Newsom en un comunicado de prensa.
Esta fue una de varias medidas que la legislatura, dominada por los demócratas, impulsó este año en respuesta a la agresiva represión de las deportaciones de la administración Trump en Los Ángeles y en toda California. Newsom firmó varios proyectos de ley —que prohíben a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) usar mascarillas y exigen que las escuelas y los hospitales exijan órdenes judiciales cuando los agentes se presenten— en una ceremonia celebrada en Los Ángeles el mes pasado.
Newsom dejó la Ley 495 sin decidir durante semanas, lo que desencadenó una oleada de activismo por parte de grupos defensores de los derechos de los inmigrantes para conseguir su firma ante la intensa oposición de los activistas conservadores. El gobernador anunció su decisión un día antes de la fecha límite para firmar o vetar los más de 800 proyectos de ley que los legisladores le enviaron el mes pasado.
El aspecto más controvertido del proyecto de ley se refiere a un formulario poco conocido y de décadas de antigüedad llamado declaración jurada de autorización del cuidador. Los familiares de un niño cuyos padres no están presentes, y con quienes vive el niño, pueden certificar ser su guardián; esta designación permite al adulto matricular al niño en la escuela, llevarlo al médico y dar su consentimiento para recibir atención médica y dental.
La nueva ley ampliará la posibilidad de quién puede ser considerado como guardián, pasando de las definiciones más tradicionales de parientes a cualquier adulto de la familia que tenga parentesco consanguíneo, adoptivo o de ‘afinidad dentro del quinto grado’, lo que incluye a personas como tías abuelas o primos. Los padres pueden cancelar la designación de guardián, que es un acuerdo temporal y no otorga la custodia a esa persona.
Los defensores afirmaron que los padres en riesgo de deportación deberían poder elegir a alguien de confianza para cuidar a sus hijos si el ICE los detiene. Ampliar la elegibilidad para el formulario de cuidadores, señalaron, ofrece a los padres inmigrantes más opciones, ya que, aunque no tengan familiares cercanos en el país, se benefician de fuertes vínculos con familiares o redes comunitarias informales.
La legislación fue respaldada por grupos de derechos de los inmigrantes y defensores de los niños, como la Alianza para los Derechos de los Niños y First 5 California.
“Presenté este proyecto de ley para que los niños no tengan que preguntarse qué les pasará si sus padres no pueden recogerlos de la escuela”, dijo la autora del proyecto de ley, la asambleísta Celeste Rodríguez , demócrata de Arleta, en una conferencia de prensa reciente.
Los críticos afirman que desconocidos podrían obtener la custodia
Pero los republicanos, la derecha religiosa y los activistas en defensa de los derechos de los padres argumentaron que el proyecto de ley pondría en peligro a los niños.
Afirmaron que permitiría a desconocidos firmar la declaración jurada y reclamar al niño bajo su cuidado. Cientos de opositores acudieron al capitolio en Sacramento en autobuses para manifestarse contra la legislación, organizada por el pastor Jack Hibbs, de la megaiglesia Calvary Chapel Chino Hills, quien la calificó como “el proyecto de ley más peligroso que hemos visto”. Parte de la reacción negativa se debió a afirmaciones falsas de que el proyecto de ley permitiría a desconocidos obtener la custodia de niños con quienes no tienen parentesco.
El asambleísta Carl DeMaio, republicano de San Diego, calificó la legislación como “el sueño de un traficante de personas”.
En un correo electrónico, Greg Burton, vicepresidente del Consejo de Familia de California, cuestionó el hecho de que los padres podrían no estar presentes cuando se firma el formulario de declaración jurada.
“¿Qué son los derechos parentales?”, escribió. “Estos derechos no sirven de nada si otra persona puede reclamarlos simplemente firmando un formulario”.
Durante el verano, Rodríguez limitó la legislación para excluir a los “miembros de la familia extendida no emparentados”, pero no fue suficiente para calmar la controversia. La legislación se aprobó siguiendo las directrices del partido.
En comparación con una legislatura bastante progresista, el gobernador se ha posicionado a menudo como una fuerza moderadora en cuestiones de custodia y protección infantil, lo que suele movilizar a activistas conservadores y poner a los demócratas californianos a la defensiva. En 2023, vetó un proyecto de ley que habría obligado a los jueces de los tribunales de familia a considerar el apoyo de los padres a la transición de género de un menor en las disputas por la custodia.
En una conferencia de prensa la semana pasada en la que los activistas instaron a Newsom a firmar el proyecto de ley, Angélica Salas, directora ejecutiva de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Ángeles, pidió al gobernador “que no escuche las mentiras, que no escuche todas las demás cosas que se dicen sobre este proyecto de ley”.
Al anunciar su decisión, Newsom reconoció discretamente la controversia en un comunicado de prensa. Incluyó declaraciones que, según él, “corrigen el expediente” sobre las tergiversaciones y afirmó que la nueva ley no modifica el hecho de que los derechos parentales y las tutelas legales deben ser decididos por los jueces de los tribunales de familia.
