Los activistas de la atención médica de California, los sindicatos y los legisladores progresistas han instado al gobernador y a la Legislatura a encontrar nuevos fondos para financiar la atención médica y otros servicios sociales para millones de californianos de bajos ingresos y discapacitados.
Su coalición, conocida como “Lucha por nuestra salud”, exigió el miércoles en las escaleras del Capitolio que la Legislatura y el gobernador Gavin Newsom, que pronto dejará el poder, tomen medidas para compensar los recortes de fondos que el presidente Donald Trump y los republicanos aprobaron el año pasado.
El dilema sobre cómo responder a los miles de millones de dólares en recortes a los servicios sociales —en particular al presupuesto de Medi-Cal, el programa de Medicaid del estado de casi 200 mil millones de dólares— presagia un enfrentamiento que dominará tanto la sesión legislativa de 2026 como las elecciones de mitad de período.
Mientras un sindicato impulsa una controvertida propuesta de ley sobre el impuesto al patrimonio para compensar los recortes, los demócratas progresistas en la Legislatura están proponiendo un impuesto corporativo independiente, aunque los detalles son escasos. Si esto se materializa en un proyecto de ley, es probable que también divida al partido, sensible a las acusaciones de que los californianos pagan impuestos excesivos y que recientemente ha declarado que sus líderes se centrarán en reducir los costos para los residentes del estado.
En su último año como gobernador, Newsom se enfrenta a un tira y afloja entre dos opciones políticamente costosas: aumentar los impuestos o permitir que caduquen los beneficios de millones de californianos de bajos ingresos y con discapacidad. Aunque su administración solo ha buscado culpar a Trump por los recortes federales, los activistas de la salud dejaron claro que presionarán a Newsom para que ayude a prevenir una pérdida drástica de la cobertura.
“Quiero dirigirme al gobernador y a la Legislatura estatal”, dijo Judy Mark, presidenta de Disability Voices United, desde la escalinata del Capitolio. “Sabemos que ustedes no son responsables de estos terribles recortes, pero ahora la responsabilidad recae en sus manos. Tienen el poder de protegernos”.
El gobernador enfureció a los activistas de la salud al no incluir fondos para compensar por los recortes en su propuesta de presupuesto estatal , la cual reconoce que decenas de miles de personas perderán cobertura y considera menos servicios entre los ahorros proyectados. Este año, el estado comenzó a congelar las nuevas inscripciones a Medi-Cal para adultos inmigrantes indocumentados debido al aumento de los costos del programa, a pesar de las objeciones de progresistas y activistas.
Los analistas de Newsom prevén que unos 522,000 californianos perderán su cobertura de Medi-Cal en el año fiscal 2026-2027, cifra que aumentará a 1.8 millones en el futuro. Su administración ha afirmado que el estado simplemente no tiene los fondos para cubrir la cobertura de quienes sean excluidos del programa debido a las nuevas leyes federales.
Un sindicato, el Sindicato Internacional de Empleados de Servicios-Trabajadores de la Salud Unidos Oeste o Service Employees International Union–United Healthcare Workers West, ha propuesto una iniciativa de ley que impondría un impuesto al patrimonio a los multimillonarios de California para ayudar a cubrir los aproximadamente 30 mil millones de dólares que el estado perdería anualmente debido a la ley de impuestos y gastos de Trump. Los promotores afirman que el impuesto único del 5% generaría unos 100 mil millones de dólares para el sistema de salud estatal. Aproximadamente el 10% de los fondos recaudados se reservaría para las escuelas públicas.
Pero Newsom se opone a la medida, que aún no ha sido aprobada para ser sometida a votación, pero que ya ha generado inquietud en Sacramento y Silicon Valley.
Los multimillonarios son cruciales para el presupuesto estatal
La propuesta ha generado una oleada de oposición. Los fundadores de Google, Larry Page y Sergey Brin, supuestamente habrían intentado trasladar algunas entidades comerciales fuera de California, mientras que otras compañías amenazan con irse. Estrategas demócratas cercanos a Newsom están organizando un comité de campaña para derrotar la medida mientras el sindicato recopila las casi 900,000 firmas necesarias para que se presente en las elecciones de noviembre.
Newsom, quien se ha opuesto repetidamente a las propuestas estatales de impuesto al patrimonio, declaró esta semana a Politico que ha estado presionando personalmente a los promotores de la medida para que la abandonen, debido a la preocupación de que pueda llevar a los millonarios a taxar a salir de California. Además, el gobernador mantiene vínculos personales de larga data con muchos de los gigantes tecnológicos que probablemente estarían sujetos a la propuesta de impuesto al patrimonio, y tiene motivos para mantenerlos cerca: son posibles donantes en caso de que se presente a la previsible candidatura presidencial tras finalizar su mandato como gobernador este año.
Aunque los progresistas presionan a Newsom para que aumente los ingresos y refuerce Medi-Cal, pocos han apoyado la propuesta del impuesto al patrimonio, y la mayoría se mantiene expectante. Tampoco critican la oposición de Newsom, una posible señal de que los legisladores liberales esperan que esté dispuesto a buscar otros fondos para la atención médica.
El portavoz de Newsom, Izzy Gardon, se negó a comentar si el gobernador consideraría propuestas fiscales alternativas.
Los defensores de la salud afirmaron que la sustitución de la financiación federal sería una prioridad clave en esta sesión legislativa. Los legisladores progresistas, que lideraron la oposición a la propuesta de Newsom de recortar costos congelando Medi-Cal para inmigrantes indocumentados , han señalado que también se sumarán a la lucha.
La presidenta del Comité de Salud de la Asamblea, Mia Bonta , demócrata de Oakland, sugirió que el estado considere imponer nuevos impuestos a las corporaciones que emplean a trabajadores a quienes se les paga tan poco que califican para recibir asistencia de atención médica pública.
“No podemos permitir que estas corporaciones sigan beneficiándose”, dijo. “California tiene la responsabilidad de actuar con decisión, y lo haremos”.
Pero no ha presentado ningún proyecto de ley y los defensores de la atención sanitaria dicen que todavía esperan tener más opciones sobre la mesa.
