Los titulares de la tarjeta verde de residencia ya no pueden optar a préstamos de la Administración de Pequeñas Empresas, lo que elimina una fuente de financiación de larga data para los inmigrantes y, según los defensores, desalentará la creación de empleo y perjudicará la economía.
La SBA limitó el acceso a sus préstamos a ciudadanos y nacionales estadounidenses a partir de marzo, y amplió esta política a los préstamos respaldados por la SBA desde abril. Además, ninguna empresa, incluso si es propiedad parcial de un residente legal permanente con tarjeta verde, puede optar a estos préstamos.
California, que cuenta con la mayor cantidad de pequeñas empresas y la mayor población inmigrante del país, podría ser la más afectada. Los préstamos de la SBA han sido importantes para los emprendedores inmigrantes, ya que suelen tener intereses bajos y están disponibles para quienes no tienen un historial crediticio establecido. La agencia también ha respaldado préstamos de financiadores privados, ofreciendo una garantía gubernamental para personas que los bancos podrían considerar de mayor riesgo. Ahora, todos esos préstamos quedan descartados para los propietarios y aspirantes a propietarios de restaurantes, panaderías, bufetes de abogados, clínicas médicas, licencias de taxi, salones de manicura y otros negocios que posean la tarjeta de residencia permanente (green card).
Según la Oficina del Defensor de las Pequeñas Empresas de California , los propietarios de pequeñas empresas son responsables del 99% de los nuevos empleos netos en el estado. Los emprendedores inmigrantes representan el 40% de la comunidad empresarial del estado y generaron 28,400 millones de dólares en ingresos en 2023, según GO-Biz, la oficina de desarrollo económico y empresarial del gobernador.
Small Business Majority, un grupo nacional de defensa de las empresas, escribió a la SBA a mediados de marzo, instando a la agencia federal a reconsiderar los cambios. La carta, firmada por decenas de grupos estatales y nacionales y cámaras de comercio, calificó las nuevas políticas como “un enfoque erróneo que ignora datos económicos cruciales que destacan el poder generador de empleo de la comunidad inmigrante”.
La SBA tiene una capacidad de préstamo limitada, declaró Maggie Clemmons, portavoz de la agencia. “El cambio en la normativa de la agencia ayudará a garantizar que más ciudadanos estadounidenses tengan acceso a fondos que antes se otorgaban a personas no ciudadanas”, afirmó en un correo electrónico.
Según Clemmons, la SBA aprobó 3,358 préstamos para pequeñas empresas propiedad, en parte, de residentes permanentes legales durante el año fiscal 2025, principalmente durante la administración Biden. Esto representó el 4% de los 85,000 préstamos aprobados por la agencia.
En California, los cambios podrían afectar a unos 220,000 propietarios de pequeñas empresas que poseen la tarjeta de residencia permanente (green card), según Carolina Martínez, directora ejecutiva de CAMEO Network, una asociación nacional de organizaciones que apoyan a las pequeñas empresas.
“Lo más importante para nosotros es comprender que esta decisión de la SBA… es realmente perjudicial para la economía estadounidense”, dijo Martínez.
Persiguiendo el sueño americano
Cristina Foanene, una inmigrante rumana que llegó a Estados Unidos hace 20 años, era residente permanente legal (tarjeta verde) cuando obtuvo un préstamo de la SBA en 2018 que le permitió a ella y a su esposo comprar un edificio y expandir su empresa de vidrio, MCS Glass, en Fresno. Actualmente cuentan con 30 empleados.
“El préstamo nos brindó la oportunidad de crear más empleos y tener un impacto aún mayor en nuestra comunidad”, dijo Foanene. Su objetivo es fabricar más productos y crear más puestos de trabajo, agregó.
Dijo que no sabe dónde estaría el negocio hoy sin los préstamos de la SBA que recibieron a lo largo de los años. Acaban de firmar su tercer préstamo el mes pasado, dijo Foanene, el primero como ciudadanos estadounidenses.
Se declaró leal a este país y dijo estar triste porque otras personas como ella tal vez no tengan las mismas oportunidades de perseguir el sueño americano obteniendo préstamos de la SBA mientras “respetan las leyes”.
“Me parte el corazón”, dijo Foanene. “Hay tanta gente buena con buenas intenciones. Me parece injusto”.
Otros emprendedores o contratistas independientes también pierden una posible red de seguridad que antes les proporcionaban los préstamos de la SBA.
“Durante la pandemia, estos préstamos fueron cruciales para la supervivencia de muchas personas”, afirmó Dung Nguyen, directora de programas y organización de California Healthy Nail Salon Collaborative, una organización que defiende los derechos de los inmigrantes vietnamitas, muchos de los cuales trabajan en el sector de los salones de manicura. El grupo firmó la carta de Small Business Majority dirigida a la SBA.
Nguyen afirmó que los trabajadores y propietarios de salones de manicura que solicitaron esos préstamos durante la pandemia todavía los están pagando.
‘Un nuevo tipo de estatus’
Kenia Zamarripa, portavoz de la Cámara de Comercio Regional de San Diego, que también firmó la carta dirigida a la SBA, afirmó que este último cambio de política es otro ejemplo de la mayor vulnerabilidad de los inmigrantes tras la retirada de fondos federales para otros programas. Su grupo y otros están impulsando una reforma migratoria que incluya un camino estandarizado hacia la ciudadanía, añadió.
“Esta es una comunidad que está haciendo las cosas correctamente, buscando una vía legal”, dijo. “Es como si los estuvieran castigando por hacer lo correcto”.
Según Zamarripa, los cambios en la SBA empujan a los titulares de la tarjeta verde a la informalidad. “¿Qué sigue? ¿Qué otros recursos se les quitarán? ¿De qué otras maneras se seguirá atacando a los inmigrantes?”
Otros se hacen eco de esa preocupación.
“Este diálogo está poniendo en tela de juicio nuestra concepción de lo que significa ser indocumentado”, afirmó Gabriela Alemán, portavoz de Mission Asset Fund, una organización de San Francisco que apoya y otorga préstamos a pequeños empresarios. “Se trata de miembros de la comunidad que ahora se ven empujados a una nueva situación”.
Los círculos de préstamos de Mission Asset Fund, inspirados en las tandas , la práctica mexicana de préstamos comunitarios, pueden otorgar préstamos de hasta $2,500 a pequeños empresarios. El grupo acaba de obtener su licencia de prestamista en California y, según Alemán, eventualmente podrá ofrecer préstamos de mayor cuantía.
Pero será difícil para grupos como este llenar el vacío dejado por las nuevas políticas de la SBA para los residentes legales permanentes que deseen iniciar o expandir sus negocios.
“No existen otras opciones de esta magnitud (que la SBA ofrece)”, afirmó Brian Kennedy Jr., director del ecosistema emprendedor de AmPac Business Capital, una institución financiera de desarrollo comunitario del área de Los Ángeles y socia de la SBA. “Estamos hablando de entre 35,000 y 30 millones de dólares”.
¿Qué sigue?
Muchos propietarios de pequeñas empresas ya utilizan —y es posible que dependan cada vez más de— instituciones financieras de desarrollo comunitario y otros prestamistas cuya misión es ayudar a personas con opciones limitadas, historiales crediticios escasos y pocos ahorros.
También podrían recurrir al estado en busca de ayuda. Entre las opciones financiadas por el estado se incluyen un programa de garantía de préstamos para pequeñas empresas a través de su IBank, y programas de la oficina del tesorero que reducen los riesgos para los prestamistas al comprometer fondos estatales como garantía o contribuir a las reservas para pérdidas crediticias.
La organización Microenterprise Collaborative of Inland Southern California trabaja con prestamistas, proveedores de asistencia técnica y socios comunitarios para ayudar a los propietarios de pequeñas empresas en el interior del sur de California.
Pamela Deans, directora ejecutiva del grupo, afirmó que el cambio de política de la SBA modificará la forma en que la organización remite a los emprendedores a fuentes de capital. En lugar de dirigirlos a un proceso de la SBA relativamente sencillo, explicó que el grupo tendrá que informarles sobre un conjunto de opciones más fragmentadas y advertirles sobre los préstamos abusivos.
“A muchos de estos posibles propietarios les resultará mucho más difícil reunir el capital suficiente, seguro y asequible para alquilar un local, comprar equipos o cubrir el capital de trabajo inicial; por lo tanto, la taquería, el negocio de cuidado infantil o la empresa emergente de transporte de mercancías podrían no llegar a abrir nunca”, dijo Deans.
Bianca Blomquist, directora de Small Business Majority en California, también está preocupada por los pequeños empresarios que recurren a prestamistas sin escrúpulos. Comentó que su organización descubrió recientemente que la dueña de una guardería en el centro de Los Ángeles obtuvo un préstamo de 10,000 dólares con un interés que ella creía del 13 %, cuando en realidad era cercano al 250 %.
Otros defensores esperan que la filantropía y los inversores de impacto den un paso al frente y pongan más capital a disposición de los pequeños prestamistas.
“Las mujeres, los emprendedores, los inmigrantes y las comunidades de color siempre han tenido que pensar de forma poco convencional”, dijo Leticia Landa, directora ejecutiva de La Cocina, una incubadora de pequeñas empresas en San Francisco. “Espero, sobre todo en California, que encontremos una solución”.
