La administración de Donald Trump está retomando los esfuerzos para desmantelar el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, conocido como DACA, implementado durante la era de Barack Obama. Actualmente, esta política protege de la deportación a más de medio millón de inmigrantes que fueron llevados a Estados Unidos cuando eran niños.
Según un memorando de febrero del Department of Homeland Security, alrededor de 300 beneficiarios de DACA , conocidos como 'Dreamers', han sido arrestados y decenas ya han sido deportados.
En Sacramento, una mujer perdió su empleo y actualmente se enfrenta a recuerdos traumáticos de su detención en la infancia tras enterarse de la reapertura repentina de su caso.
Daniela Valladares Hernández, una 'Dreamer' de 28 años que llegó a Estados Unidos desde Honduras cuando era niña, contó que su vida era muy distinta hace apenas unas semanas, antes de recibir la carta. Estaba estudiando para obtener una certificación profesional en seguros de vida y salud para su trabajo en finanzas, planeando celebrar su cumpleaños y buscando una liga de voleibol a la cual unirse en Sacramento.
Ahora, dice que la mayoría de las noches se queda dormida llorando.
“Tenía en mi mano un vaso de acero inoxidable, y con solo tenerlo en la mano, tuve un flashback inmediato de lo frías que eran las rejas y de lo que había dentro de las instalaciones”, relató Valladares, recordando su detención tras cruzar la frontera cuando tenía seis años.
“Estaba muy emocionada y con muchas ganas de celebrar mi cumpleaños”, añadió. “No quiero decir que no haya nada que celebrar, pero casi se siente más inhumano conmigo misma crear esta ilusión de que puedo tener un día normal o divertido, cuando todos los días hay algo que resolver”.
Interrupciones inesperadas
A Valladares se le ordenó presentarse en persona ante un tribunal de inmigración en Georgia ,un estado donde no vive desde hace 10 años, a pesar de haber residido en California durante los últimos cuatro años.
Dijo que solicitó trasladar su caso a Sacramento o comparecer de forma remota, pero ambas peticiones fueron rechazadas. A su abogado sí se le permitió participar a distancia.
La Oficina Ejecutiva para la Revisión de Inmigración declinó hacer comentarios.
La reapertura repentina del caso , que según ella había sido cerrado administrativamente hace más de una década, ha afectado prácticamente todos los aspectos de su vida, incluido su empleo.
Valladares explicó que su empleador le dio a elegir después de enterarse de que podría tener que ausentarse por procedimientos judiciales o incluso ser detenida: renunciar de inmediato o arriesgarse a ser despedida y no poder volver a trabajar en la empresa.
“Me dijeron que si me detenían y no podía comunicarme con mi trabajo, se consideraría abandono laboral, y en ese caso no sería elegible para volver a ser contratada”, explicó. “En cambio, si renunciaba, podría tener la posibilidad de regresar algún día y concentrarme en pelear mi caso”.
Aclaró que no culpa a su empleador, señalando que el sistema no fue diseñado pensando en personas como ella.
“Creo que es el sistema”, dijo. “Como gerente, se espera que planifiques con base en la constancia y la asistencia, y no hay forma de prever este tipo de incertidumbre”.
Pero perder su trabajo la obligó a vaciar sus ahorros y su fondo de retiro para pagar gastos legales. También consideró vender su auto y pertenencias en línea, aunque evitó hacerlo gracias a una campaña de GoFundMe creada para apoyarla.
Desde entonces, ha recibido ayuda alimentaria y apoyo legal de NorCal Resist, una organización de defensa de inmigrantes con sede en Sacramento.
Preocupación entre defensores
Giselle García, directora de programas de NorCal Resist, dijo que una batalla de varias semanas para trasladar el caso a California ,que incluyó el respaldo de la congresista Doris Matsui, finalmente dio resultados. Esta semana, el tribunal de Atlanta aceptó una segunda moción para cambiar la sede.
Sin embargo, García subrayó que eso no significa que la vida de Valladares haya vuelto a la normalidad.
“Perdió un trabajo que le costó mucho conseguir y en el que estaba prosperando; ahora enfrenta inseguridad de vivienda”, dijo. “Además, seguirá obligada a participar en un proceso que, francamente, no es justo. Las probabilidades casi siempre están en contra de la persona demandada”.
El año pasado, tres jueces de inmigración en Sacramento fueron despedidos como parte de recortes masivos que aparentemente apuntaban a jueces con bajas tasas de rechazo de solicitudes de asilo. Uno de ellos tenía una tasa de rechazo menor al 5%, muy por debajo del promedio nacional de aproximadamente 60%.
Datos de Transaction Records Access Clearinghouse (TRAC) muestran que ahora las tasas de rechazo en Sacramento van del 15% al 89%. Esto podría darle a Valladares mayores probabilidades de permanecer en Estados Unidos que si su caso se resolviera en Atlanta, donde las tasas de rechazo oscilan entre el 56% y el 98%.
Ahora, Valladares debe esperar a que el tribunal de inmigración de Sacramento le asigne una nueva fecha de audiencia.
Expertos legales y abogados de inmigración señalan que es difícil saber cuántas personas están en situaciones similares, ya que los datos de los tribunales migratorios suelen publicarse con retraso.
¿Qué esta pasando con DACA?
Abogados y especialistas en inmigración dicen que el caso de Valladares forma parte de una tendencia más amplia que afecta a beneficiarios de DACA.
El Department of Homeland Security ha criticado el programa, argumentando que no otorga un estatus legal a los inmigrantes indocumentados. Anteriormente indicó que los beneficiarios podrían ser arrestados y deportados si cometen delitos, aunque Valladares no tiene antecedentes penales.
Greg Chen, de la American Immigration Lawyers Association, dijo previamente a CapRadio que han observado un aumento significativo en los últimos meses.
“Es probable que haya más beneficiarios de DACA compareciendo en procedimientos de deportación en los últimos meses”, señaló.
Chen indicó que recientemente aproximadamente 300 beneficiarios han sido colocados en procesos de deportación , aunque esa cifra podría haber cambiado.
Hiroshi Motomura, profesor de derecho migratorio en UCLA Law, explicó que estos esfuerzos encajan en un patrón más amplio.
“La administración actual realmente está tratando de ir tras personas que pensaban que estaban protegidas por su estatus y que habían cumplido con los trámites”, dijo.
Motomura también señaló que las críticas comunes de que el programa otorga residencia permanente o ciudadanía son mitos.
“Lo único que hace DACA es brindar protección frente a la aplicación de la ley migratoria mientras el Congreso intenta resolver el tema”, explicó. “Es totalmente consistente con la separación de poderes: el Congreso es el único que puede otorgar residencia permanente y ciudadanía, mientras que el presidente tiene la facultad de decidir cómo se aplican las leyes migratorias”.
Investigadores de TRAC también han enfrentado obstáculos para obtener información que debería ser pública. Susan B. Long afirmó que los datos sobre beneficiarios de DACA y acciones de cumplimiento han sido retenidos.
“No es un accidente, sino una política deliberada de funcionarios federales”, escribió en un correo electrónico. “Hace más de 50 años, el Congreso aprobó mandatos claros de transparencia para garantizar que el público tenga la información necesaria para exigir rendición de cuentas a las agencias federales”.
Motomura añadió que las cifras oficiales de deportaciones no reflejan a quienes se sienten presionados a salir del país por su cuenta.
“El número de personas que se ven forzadas a ‘autodeportarse’ siempre es significativo cuando se compara con quienes son detenidos y expulsados por la fuerza”, dijo.
De vuelta en Sacramento, líderes religiosos se han unido en apoyo a Valladares, quien confesó que este proceso la ha hecho cuestionar su fe. Durante una vigilia interreligiosa el jueves frente al John Moss Federal Building , donde se encuentran las oficinas de ICE en la ciudad, habló sobre su deseo de tener paz y estabilidad.
“Quiero una vida aburrida”, dijo. “Esta vida ha sido muy, muy turbulenta”.
Aun así, aseguró que el apoyo recibido y el cambio de sede aprobado le han devuelto la esperanza.
“Hoy, en este momento, probablemente es el primer día en que no he llorado desde que recibí esa notificación”, dijo a la multitud. “Gracias por darme una razón para sonreír y por estar aquí conmigo”.
