Daniela Valladares Hernandes todavía recuerda lo que llevaba consigo en su viaje de más de 1,600 kilómetros desde Honduras hasta la frontera entre México y Estados Unidos.
Cargaba una pequeña mochila morada, unos shorts naranjas y sus muñecas Barbie.
Valladares contó que el atuendo estaba inspirado en Dora la Exploradora, su obsesión de la infancia.
"Me dibujaron un mapa como lo hacía Dora". dijo Daniela, recordando a las personas desconocidas con las que viajó. "Yo sabía que al emprender ese camino a pie el destino final y la estrella en la que iba a estar a salvo era Estados Unidos."
La niña de 6 años que era en aquel entonces sostuvo sus muñecas de La princesa del lago de los cisnes y Rapunzel durante todo el viaje, incluso después de casi ahogarse cruzando el Río Bravo.
''Dejé mi inocencia y mi infancia en la frontera en el momento en que esas Barbies se cayeron y me esposaron y me metieron tras las rejas," dijo.
Eso fue en el 2004. Ahora, con 28 años y beneficiaria de DACA, ha construido una vida en Estados Unidos después de haberse establecido primero en Georgia, donde se esforzó académicamente hasta lograr ingresar a la Universidad George Washington y graduarse de la Universidad de Cornell.
Valladares ha vivido en California los últimos 4 años y actualmente vive en Sacramento estudiando la carrera en finanzas. Pero una carta que recibió a finales del mes pasado le dio un giro a su vida.
El tribunal de inmigración de Atlanta en Georgia reabrió su caso y le ordenó comparecer en persona a los pocos días de recibir la notificación, a pesar de que su caso había sido archivado administrativamente en 2014. Valladares afirmó que no le dieron ninguna razón para la reapertura de su caso.
La Oficina Ejecutiva para la Revisión de Casos de Inmigración no respondió de inmediato a las preguntas para este reportaje.
Valladares presentó solicitudes para trasladar su caso a California o para comparecer de forma remota, pero ambas fueron rechazadas.
Esto a pesar de que la solicitud de su abogada para participar de manera remota sí fue aprobada.
“No va a poder entrar conmigo, pero aun así se espera que entre yo sola”, dijo. “Es bastante extraño e interesante que ahora intenten llevarme de regreso a un lugar donde no se me permitió construir mi vida”.
Valladares se refiere a los constantes obstáculos que enfrentó mientras vivía en Georgia, incluyendo a una consejera escolar de preparatoria que amenazó con reportarla a Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés).
Beneficiarios de DACA bajo la mira
Greg Chen, de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración, dijo que la organización ha visto un aumento drástico en el número de beneficiarios de DACA colocados en procesos de deportación, con 300 casos registrados en los últimos meses.
"Es probable que haya más beneficiarios de DACA que ahora están compareciendo en procedimientos de deportación en tribunales de inmigración en los últimos meses”, dijo Chen.
Chen indicó que este cambio forma parte de un patrón más amplio en la forma en que operan los tribunales de inmigración. Señaló un memorando reciente de la Oficina Ejecutiva para la Revisión de Casos de Inmigración que eliminó lineamientos previos sobre solicitudes de cambio de sede como una posible razón del rechazo en el caso de Valladares.
El memorando argumenta que este tipo de solicitudes puede ser utilizado para retrasar los procesos o buscar tribunales que tengan mayores índices de aprobación. Sin embargo, Chen dijo que este cambio de política, combinado con una mayor presión sobre los jueces para avanzar rápidamente con los casos y fallar a favor del gobierno, podría estar influyendo en las decisiones.
"Ese tipo de presión impacta si los jueces están dispuestos a conceder un cambio de sede… u otras mociones que podrían percibirse como un retraso en el proceso”, dijo. “Presionar a un juez para avanzar con cada caso no necesariamente hace que los tribunales sean más eficientes y también puede generar resultados muy inconsistentes que no se apegan a la ley”.
Chen agregó que también es importante considerar que los tribunales de inmigración operan bajo el Departamento de Justicia de Estados Unidos, y no como tribunales independientes, y que recientes despidos de jueces de inmigración con altos índices de aprobación podrían estar influyendo en sus decisiones.
El costo de una denegación
Cuando recibió la carta que cambió su vida, Valladares buscó apoyo en NorCal Resist, una organización sin fines de lucro que asiste a inmigrantes en procesos de deportación.
Giselle García, directora de programas de la organización, señaló que el caso llamó la atención porque las solicitudes para cambio de sede como esta suelen ser aprobadas.
“Daniela ha vivido en California durante muchos años y es poco práctico, casi imposible, que tenga que desarraigar su vida”, dijo. “Básicamente le están exigiendo que deje todo atrás y enfrente estos procesos al otro lado del país, en un estado donde ya tiene un historial de rechazo”.
Su caso también ha recibido el respaldo de la congresista Doris Matsui, quien representa a Sacramento, envió una carta al Departamento de Justicia instando a los funcionarios a reconsiderar la decisión de permitir que Valladares traslade su caso a California.
“Daniela perdió su empleo más reciente debido a la decisión del Departamento de Justicia de reabrir su caso”, señaló Matsui. “Al exigirle viajar innecesariamente a Georgia, el Departamento de Justicia está generando una carga financiera extrema adicional para mi representada”.
Datos del Transactional Records Access Clearinghouse muestran que los tribunales de inmigración en Georgia tienen algunas de las tasas más altas de negación de asilo en el país, con tasas por juez que van del 57% al 98%.
García también señaló que si Valladares no se presenta ante la corte, podría recibir automáticamente una orden de deportación. Esto representa un problema para ella, ya que no está dispuesta a volar por temor a operativos de inmigración en aeropuertos, incluido el de Atlanta.
Miembros de la comunidad de NorCal Resist ya se han ofrecido a llevarla en auto para su audiencia el próximo mes, pero incluso ese viaje implica riesgos.
“Estaríamos manejando por estados conservadores… lugares donde históricamente ha habido retenes de la Patrulla Fronteriza”, dijo García. “Así que el viaje no está garantizado, pero por ahora es la opción más segura”.
Valladares dijo que llegó a Estados Unidos en busca de seguridad tras enfrentar persecución en su país de origen y ahora teme lo que pueda venir. Pero también está decidida a luchar, no solo por ella, sino por muchos otros “dreamers” que también tienen miedo.
“Me da miedo que esta lucha termine conmigo perdiendo la oportunidad de dar un respiro más, pero hasta el final voy a dar todo en esta pelea”, dijo. “Quiero que la gente sepa quiénes somos realmente, la verdad de quiénes somos, y espero poder servir de ejemplo para otros, de que somos fuertes y que genuinamente hemos hecho las cosas lo mejor que podemos y de la mejor manera posible”.
