Una norma propuesta por la administración Trump daría a los funcionarios de inmigración más discreción para negar la residencia permanente a los inmigrantes que se encuentran legalmente en el país y dependen de beneficios públicos, como SNAP o Medicaid.
Un portavoz de Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos dijo en un correo electrónico que la política revisada de “carga pública” sigue lo que calificó como una “expectativa de larga data”: que los inmigrantes sean autosuficientes y que los beneficios del gobierno federal no incentiven la migración.
En su propuesta de política, el Departamento de Seguridad Nacional reconoció que este cambio podría generar “efectos colaterales en la salud pública, la estabilidad comunitaria y la resiliencia”, incluidos peores resultados de salud y un aumento en la pobreza.
Benyamin Chao, gerente de políticas de salud y beneficios públicos del Centro de Políticas para Inmigrantes de California, afirmó que el cambio busca generar caos y miedo mediante un efecto disuasorio. "Nos preocupa que los familiares de inmigrantes opten por retirarse de los servicios a los que tienen derecho legalmente", declaró.
Chao argumentó que el cambio en la política permitiría a la administración Trump negar solicitudes de ciudadanía basándose en el uso de prácticamente cualquier programa de salud o servicios sociales.
“Las personas inmigrantes contribuyen a estos programas de apoyo, pero se les excluye de ellos”, añadió. “Y esta regla de carga pública es una forma de expulsarlos de servicios a los que ellos mismos están contribuyendo”.
Jackie Mendelson, defensora de políticas públicas en Nourish California, dijo que ve esto como otro intento de la administración Trump de usar el hambre como arma.
“Va a tener un impacto enorme en muchas comunidades, no solo en las personas inmigrantes que acceden a estos programas, sino también en sus hijos, sus familias e incluso en las comunidades que los reciben, así como en los ciudadanos estadounidenses que forman parte de estas familias”.
Lauren Au, profesora asociada en el Centro de Investigación sobre Pobreza y Desigualdad de UC Davis, cuyo trabajo se centra principalmente en WIC, dijo que espera consecuencias similares a las observadas cuando la primera administración Trump cambió esta política, lo cual, señaló, provocó un efecto paralizante dentro de la comunidad de WIC.
“Causó mucha confusión y caos en cuanto a cómo interpretar estas reglas y entre los diferentes proveedores involucrados”, dijo. “En general, creo que si esto llegara a entrar en vigor, veríamos un aumento en la inseguridad alimentaria y también veríamos daños a la economía, porque esto reduciría la cantidad de dólares de SNAP disponibles para regresar a la economía local”.
Au agregó que esto también afectará la inscripción de personas inmigrantes en algunos programas de beneficios, señalando que calificar para uno generalmente las califica automáticamente para otros.
“Lo que vamos a ver es este efecto dominó en el que una familia quizá no se inscriba en Medicaid por miedo, y en consecuencia no será elegible para SNAP”, explicó. “No solo va a afectar la inseguridad alimentaria, también va a afectar la salud en general.”
Au dijo que eso también podría resultar en más visitas a emergencias, mayor prevalencia de enfermedades crónicas y un aumento en la pobreza.
La propuesta se encuentra ahora en un periodo de comentarios públicos de 30 días que termina el 19 de diciembre. Hasta entonces, no puede entrar en vigor.
