La Junta de Supervisores del Condado de San Diego aprobó el miércoles una ordenanza que restringe el acceso de las agencias federales de aplicación de la ley a las instalaciones del condado sin una orden judicial.
El supervisor Jim Desmond fue el único voto en contra de la ordenanza, que se aprobó con una votación de 3 a 1, con la ausencia de Joel Anderson.
Tal como fue propuesta por la presidenta de la Junta, Terra Lawson-Remer, una versión actualizada de la Ordenanza de Normas de Cumplimiento y Rendición de Cuentas de las Libertades Civiles requerirá:
- órdenes judiciales para que agentes federales accedan a áreas no públicas de propiedades del condado;
- letreros en varios idiomas para que las personas visitantes puedan entender sus derechos;
- que contratistas, beneficiarios de subvenciones y arrendatarios del condado hagan cumplir las protecciones de derechos civiles;
- un informe público anual sobre la actividad del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos y cualquier interacción o cooperación con la oficina del alguacil del condado; y
- apoyo para que residentes puedan acceder a servicios del condado —como atención médica, licencias de matrimonio y asistencia— “sin temor a intimidación o detención”.
El punto formó parte de la agenda de consentimiento del miércoles y entrará en vigor en 30 días, de acuerdo con la oficina de Lawson-Remer.
La ordenanza “respalda los esfuerzos para garantizar que los recursos del condado no se utilicen para redadas migratorias ni para atacar a personas con base en características protegidas”, señaló la oficina de Lawson-Remer.
Ese mismo miércoles, Lawson-Remer agradeció al concejal de la ciudad de San Diego, Sean Elo-Rivera, quien propuso la idea de que la ciudad y el condado trabajaran de manera conjunta para impulsar una ordenanza.
Agregó que la ordenanza se hará cumplir en parte mediante acuerdos con los contratistas del condado.
“Creo que todas y todos queremos que las fuerzas del orden mantengan seguras a nuestras comunidades, pero cuando las familias tienen miedo de ir a una clínica, denunciar un delito o entrar a una oficina del condado, eso nos hace menos seguros a todos”, añadió.
Desmond calificó la ordenanza como “divisiva y restrictiva, y no colaborativa”.
“Lamentablemente, hicieron falta dos tiroteos trágicos en Minnesota para que ambas partes se sentaran a la mesa a dialogar y llegar a compromisos”, dijo Desmond, en referencia a los asesinatos ocurridos en enero de Renee Good y Alex Pretti, ambos de 37 años.
Desmond añadió que la seguridad pública se protege mejor “cuando todos los niveles de gobierno se comunican con claridad y se coordinan de manera efectiva antes de que ocurran las crisis, no después”.
La supervisora Paloma Aguirre también mencionó a Good y Pretti durante sus comentarios en apoyo a la Ordenanza CLEAR.
“Esto es inaceptable: ninguna agencia gubernamental debería operar de una manera que deje a las comunidades traumatizadas y cuestionándose si todavía existen salvaguardas básicas”, dijo.
Durante una audiencia pública, la mayoría de las personas se pronunció a favor de la nueva política, incluida una integrante de la organización Partnership for the Advancement of New Americans, quien compartió su propio proceso para obtener la ciudadanía.
Patricia Serrano dijo que fue indocumentada durante 25 años en Estados Unidos, “porque el sistema está roto”, y que no tuvo oportunidad de regularizar su estatus.
Serrano señaló que ahora es una orgullosa ciudadana estadounidense, pero que “todavía tengo miedo de salir y ser perfilada por el color de mi piel, por mi acento”.
La gente “tiene la percepción de que somos criminales —somos seres humanos”, dijo. “No es fácil dejar tu país o a tu familia atrás”.
El 13 de enero, las y los supervisores votaron 3 a 1 para avanzar la política como parte de una primera lectura. Anderson fue el único voto en contra, con Desmond ausente ese día.
En una declaración posterior, Anderson dijo que votó en contra de la propuesta “porque gastar un millón de dólares para decirle a empleados federales que sigan la Constitución, a costa de los electores de mi distrito que necesitan servicios sociales, no me pareció aceptable”.
Un funcionario de la oficina de Anderson señaló que la cifra se basó en una estimación del personal del condado.
De acuerdo con información incluida en la agenda del miércoles, los fondos para la propuesta forman parte del presupuesto del año fiscal 2025-26 y se basan en tiempo de personal ya existente en los departamentos de Compras y Contrataciones y de Comunicación, además de cargos por servicios a los departamentos clientes y recursos de uso general.
“No habrá cambios en el costo neto del fondo general ni años adicionales de personal”, señaló el condado.
El pasado octubre, las y los supervisores instruyeron a la directora administrativa del condado, Ebony Shelton, a redactar un borrador de la ordenanza con base en una política que el Consejo Municipal de San Diego adoptó el 20 de octubre. El personal del condado presentó un borrador el 18 de noviembre, y el 9 de diciembre las y los supervisores pidieron a Shelton que incluyera enmiendas a la ley propuesta.
