En un esfuerzo por responder a la directiva del gobierno de Trump del lunes por la noche de pausar una amplia, pero aún no especificada, franja de programas de gasto federal, los funcionarios electos demócratas y los jefes de agencias de California ofrecieron hoy dos respuestas consistentes:
- Aún no sabemos qué significa esto y;
- Es casi seguro que es ilegal.
Liderando la ofensiva en Sacramento está el fiscal general Rob Bonta, quien, junto con otros 22 fiscales generales estatales demócratas, presentó una demanda impugnando la orden de congelación de fondos y le pidió a un tribunal que bloquee su entrada en vigor.
“Esta directiva no tiene precedentes en su alcance y sería devastadora si se implementara”, dijo Bonta en un comunicado.
Varias organizaciones sin fines de lucro presentaron una demanda ante los fiscales generales estatales, lo que llevó a un juez federal a suspender temporalmente la congelación de fondos minutos antes de que entrara en vigor. El juez la calificó de “breve suspensión administrativa” para mantener el status quo hasta el viernes mientras se tramitan los recursos judiciales.
El caos comenzó el lunes por la noche cuando, en un memorando de dos páginas, el director interino de la Oficina de Administración y Presupuesto del presidente ordenó a las agencias federales que “pausaran temporalmente” toda la asistencia financiera que pudiera estar “implicada” por cualquiera de las órdenes ejecutivas anteriores del presidente. Desde que asumió el cargo hace poco más de una semana, el presidente Donald Trump ha emitido una serie de edictos para rehacer la política y la gobernanza federales.
La Casa Blanca celebró una conferencia de prensa el martes para enfatizar que esto era simplemente una pausa temporal en el gasto y que los programas de asistencia financiera individuales como pagos del Seguro Social, Medicare, cupones de alimentos, becas Pell y asistencia para el alquiler no se verán afectado por la orden.
“La razón de esto es garantizar que cada centavo que salga por la puerta no entre en conflicto con las órdenes ejecutivas y las acciones que este presidente ha tomado”, dijo a los periodistas la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.
Si se permitiera que la orden entrara en vigor, nadie sabe qué programas específicos se verían afectados ni por cuánto tiempo.
Antes de que el juez interviniera, la administración envió un nota de seguimiento a todas las agencias federales con una lista de más de 3,200 programas de gasto federal. Se pidió al personal de la agencia que proporcionara a la Casa Blanca detalles presupuestarios sobre cada programa y respondiera una serie de preguntas, incluyendo si el programa podría apoyar a inmigrantes indocumentados, imponer una “carga indebida” a la exploración energética nacional o promover esfuerzos de “diversidad, equidad e inclusión”, el aborto o la “ideología de género”.
Los programas enumerados incluyen aquellos que brindan ayuda a las víctimas de desastres, vivienda para residentes de bajos ingresos y trabajadores agrícolas, ayuda extranjera, monitoreo de la contaminación del aire y del agua y educación de la primera infancia.
Incluso los altos funcionarios estatales no están seguros de cómo afectará esto a los californianos.
“Actualmente estamos revisando el memorando de la OMB y trabajando con nuestros homólogos federales para obtener claridad”, dijo HD Palmer, portavoz del Departamento de Finanzas del estado. “Si bien esta es claramente una situación cambiante, seguimos confiando en nuestra capacidad para seguir prestando servicios a los californianos”.
Esa misma declaración, palabra por palabra, fue emitida por los portavoces de los departamentos de vivienda, servicios de salud, desarrollo de la fuerza laboral, desarrollo económico, energía y servicios sociales de California.
En cuanto al gobernador de California, Gavin Newsom, dijo: “No voy a reaccionar de manera negativa, porque confío en que se resolverá. En este momento, solo estamos tratando de que se abra nuestro sistema de Medicaid. No funciona. Medi-Cal en California. Creo que es el caso en los 50 estados. Así que lo desactivaron. Así que es algo que nuestro estado está trabajando horas extras para abordar.
“Parece que el presidente y su equipo están dando marcha atrás en lo que respecta a su intención de haber hecho eso, de una manera que afectará el apoyo que se brinda a los aproximadamente 15 millones de personas que dependen de Medicaid. Podríamos reaccionar a todo esto o podríamos tener una actitud más constructiva de espera y observación”.
Muchos de los funcionarios demócratas electos de California insistieron en que los resultados de esta orden serían más nefastos.
El senador estadounidense recientemente electo Adam Schiff advirtió que la orden “tendrá consecuencias inmediatas y profundamente destructivas para los esfuerzos de recuperación, la financiación de las fuerzas del orden, el acceso a la atención médica y mucho más”.
Un ejemplo de la confusión que reinaba: al principio, muchos administradores universitarios interpretaron la directiva de Trump como un intento de quitarle la alfombra a los estudiantes que dependen de las becas Pell, los préstamos federales para estudiantes y el programa federal de trabajo y estudio. Esto fue contradicho por un memorando del Departamento de Educación de Estados Unidos, que reiteró que la ayuda federal del Título IV, que incluye los préstamos y becas para estudiantes, no forma parte de esta congelación.
“Creo que el caos que se ha generado a raíz de esto es exactamente lo que se pretendía”, dijo esta noche el representante Jared Huffman, cuyo distrito se extiende por la costa al norte de San Francisco. “Porque creo que este tipo de desestabilización es la forma en que los autoritarios toman el poder… creo que es dictatorial”.
Dijo que el bloque demócrata de la Cámara de Representantes planeó una reunión de emergencia el miércoles para explorar opciones para aprovechar su poder de manera más efectiva. Con una mayoría republicana de apenas tres escaños y muchos republicanos que nunca votarán a favor de elevar el techo de la deuda, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, probablemente necesitará votos demócratas para asegurar que el gobierno federal siga funcionando.
Huffman dijo que los demócratas debían ser fuertes y estratégicos y agregó: “Esta es probablemente la prueba más extrema de nuestra democracia constitucional que hemos visto desde la Guerra Civil”.
Otros críticos de la congelación de fondos también la han caracterizado como una radical apropiación de poder por parte del presidente. La Constitución de Estados Unidos otorga al Congreso la autoridad para autorizar el gasto federal. Aunque los presidentes anteriores han tratado ocasionalmente las asignaciones del Congreso como una sugerencia en lugar de un mandato, el Congreso estableció pautas estrictas sobre cuándo y cómo una administración puede retrasar o retener el dinero que se le ha ordenado gastar desde la administración Nixon . Russell Vought, el candidato de Trump para la oficina de presupuesto, ha calificado esa ley de 1974 de inconstitucional .
En un memorando publicado el martes , la Casa Blanca insistió en que el congelamiento de fondos no era un “embargo”, como lo describe esa ley, sino “una pausa temporal para dar tiempo a las agencias para asegurar que la asistencia financiera se ajuste a las políticas establecidas en las órdenes ejecutivas del Presidente”.
La demanda presentada hoy por Bonta y otros fiscales estatales demócratas dice que tal intento de aclaración sólo “aumenta la confusión” sobre qué está y qué no está sujeto al congelamiento, que todavía caracterizan como una usurpación inconstitucional de los poderes de gasto del Congreso.
Adam Ashton, John D’Agostino, Adam Echelman, Kristen Hwang, Ana Ibarra, Alexei Koseff, Jeanne Kuang, Alejandro Lazo, Levi Sumagaysay yMikhail Zinshteyn contribuyeron a esta historia.
Este artículo fue publicado originalmente por CalMatters.
