Alegando temor al autoritarismo y a la vigilancia invasiva, los legisladores de California votaron esta semana a favor de auditar el funcionamiento de los centros de inteligencia conjuntos donde las agencias federales, estatales y locales comparten información.
La decisión fue tomada el martes por el Comité Conjunto de Auditoría Legislativa, un organismo de 14 miembros integrado por senadores y asambleístas de California, siguiendo las líneas partidistas. Nueve miembros votaron a favor, uno en contra y cuatro se abstuvieron. La auditoría estará a cargo del auditor estatal Grant Parks.
Organizaciones defensoras de los derechos civiles como la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), la Fundación Electronic Frontier y Oakland Privacy instaron a los legisladores a exigir una auditoría para frenar lo que describieron como abusos en las instalaciones, conocidas como centros de fusión. Citaron un incidente en el que , según se informó, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) solicitó a la policía de La Habra que realizara búsquedas en su nombre en un centro de fusión del condado de Orange, y otros casos en los que la policía de San Francisco eludió una prohibición local sobre el reconocimiento facial al solicitar ayuda a un centro de fusión con acceso a dicha tecnología.
Las investigaciones de CalMatters del año pasado y del mes pasado revelaron casos en los que agencias policiales locales compartieron información de matrículas con ICE o la Patrulla Fronteriza, violando la ley estatal. El fiscal general de California, Rob Bonta, envió cartas a más de una docena de agencias policiales locales desde 2024 por posibles violaciones de la ley estatal que lo prohíbe y demandó a la ciudad de El Cajón por presunta violación de dicha prohibición.
La auditoría recabará detalles sobre tres centros de fusión de California, entre ellos:
- Información sobre las violaciones de la autoridad legal y las políticas vigentes durante la última década, así como sobre las medidas disciplinarias adoptadas en respuesta.
- ¿Qué personal policial estatal y local está asignado a los centros de fusión?
- ¿Qué entidades del sector privado colaboran con los centros de fusión?
- ¿Qué funcionarios estatales o locales supervisan la actividad del centro de fusión para garantizar el cumplimiento de las leyes estatales y locales?
La senadora Sabrina Cervantes, demócrata de Riverside, solicitó la auditoría. Considera que los centros de fusión han socavado la ley estatal que prohíbe la cooperación con las agencias federales de aplicación de la ley en materia de inmigración. Un informe del Proyecto de Supervisión de Tecnología de Vigilancia de 2024, citado en su solicitud de auditoría, alega que un centro de fusión de California comparte información de forma rutinaria con el ICE. También afirmó que estos centros ponen en riesgo la privacidad de los californianos en general, especialmente ante lo que ella describe como el deslizamiento del gobierno federal hacia el autoritarismo.
“Han pasado 13 años desde la última auditoría federal”, dijo Cervantes durante la audiencia. “No busco prohibir los centros de fusión. Busco transparencia, y 40 millones de californianos merecen saber si los centros de fusión están cumpliendo su propósito antiterrorista previsto o si se han convertido en una infraestructura de vigilancia irresponsable que opera a la sombra de nuestra democracia”.
California cuenta con cinco centros de fusión , ubicados en San Francisco, Sacramento, Los Ángeles, Santa Ana y San Diego. Estos centros se establecieron en todo el país tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 con financiamiento del gobierno federal y una combinación de recursos policiales federales, estatales y locales.
Desde entonces, legisladores y activistas han intentado reducir o poner fin a la actividad de los centros de fusión en Maine, Massachusetts y Texas.
Ningún republicano del comité votó a favor de la auditoría; uno se opuso y tres se abstuvieron. Carl DeMaio, republicano de San Diego, la calificó de “caza de brujas política” que antepone las necesidades de los inmigrantes a las de los ciudadanos estadounidenses y que, en el contexto de la guerra en Irán, llega en un momento en que necesitamos que estos centros detecten amenazas terroristas.
“Este no es el momento de politizar la situación cuando la seguridad nacional está en peligro”, dijo en la audiencia.
En respuesta a las declaraciones de DeMaio, el ex agente del FBI Mike German dijo que un momento de riesgo para la seguridad nacional es precisamente cuando uno quiere saber si los centros están funcionando de manera eficaz para identificar riesgos reales.
“Es un desperdicio de recursos cuando no operan de una manera que pueda resistir el escrutinio público”, declaró ante el comité. “Dado que las agencias federales de aplicación de la ley y de inmigración actúan cada vez más al margen de la ley, es fundamental someter estas operaciones de inteligencia estatales y locales a controles democráticos”.
Un estudio de 2022 sobre los centros de fusión, del que German fue coautor para el Centro Brennan para la Justicia de la Universidad de Nueva York, concluyó que hay pocos indicios de que estos centros hayan contribuido a la lucha antiterrorista. El estudio señaló que, en repetidas ocasiones, han presentado a activistas por la justicia racial, el medio ambiente y el derecho al aborto como extremistas violentos o, en general, como personas amenazantes. Un informe del Congreso de 2012, cuya elaboración requirió dos años, determinó que el apoyo del Departamento de Seguridad Nacional a los centros de fusión ha tenido escaso beneficio para los esfuerzos federales de inteligencia antiterrorista y ha puesto en peligro las libertades civiles y la privacidad de los estadounidenses.
Ningún representante de los cinco centros de fusión de California se pronunció en contra de la auditoría.
