California está demandando a la Administración Trump por sus planes de recortar 600 millones de dólares en fondos de salud pública de California y otros tres estados demócratas, anunció el miércoles el Fiscal General Rob Bonta.
A principios de esta semana, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU. informó al Congreso que cancelaría las subvenciones de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades en California, Colorado, Illinois y Minnesota. Los fiscales generales de esos estados presentaron una demanda conjunta el miércoles ante el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Norte de Illinois, argumentando que los recortes se basan en una “animosidad política arbitraria” y causarían daños irreparables.
Las subvenciones amenazadas ayudan a financiar la modernización de la fuerza laboral y de los datos, así como la realización de pruebas y el tratamiento de enfermedades como el VIH.
Los recortes afectan las subvenciones otorgadas a los departamentos de salud estatales y locales, así como a universidades y proveedores. Según la denuncia, una de las subvenciones en juego es la Subvención para Infraestructura de Salud Pública, considerada la columna vertebral de la salud pública a nivel nacional.
Se supone que California reciba $130 millones de esa subvención, según la oficina de Bonta; el dinero financiará más de 400 empleos, incluso en zonas con escasez de personal sanitario. También se destinará a mejorar la capacidad del estado para enviar datos de laboratorio electrónicos y brindar atención dental urgente a niños desfavorecidos, dicen las autoridades californianas.
Perder esos dólares causaría despidos y debilitaría la capacidad del estado para prepararse para emergencias de salud pública, según la demanda.
Otra subvención amenazada, según la demanda, apoya la planificación ante eventos de calor extremo.
Otras subvenciones en riesgo incluyen $6 millones para el Condado de Los Ángeles para abordar las desigualdades en la salud; $1.1 millones que podrían retirarse del Proyecto Nacional de Vigilancia del Comportamiento del VIH del Condado de Los Ángeles; $876,000 para el Centro de Investigación de Prevención en USCF para abordar el aislamiento social entre los adultos mayores LGBTQ; $383,000 para el Centro LGBT de Los Ángeles y $1.3 millones para el personal de salud del Condado de Alameda.
La agencia de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos no ha explicado por qué los recortes a la Subvención para Infraestructura de Salud Pública se están produciendo solo en cuatro estados, a pesar de que el programa financia departamentos de salud en los 50. Un portavoz de la agencia solo dijo que “estas subvenciones se están terminando porque no reflejan las prioridades de la agencia “.
La congresista Nancy Pelosi, demócrata de San Francisco, calificó el razonamiento de la agencia como “una excusa transparente para castigar a los estados y comunidades con los que no está de acuerdo, a expensas directas de vidas y preparación”.
El senador demócrata por California, Adam Schiff, calificó la cancelación de subvenciones de “peligrosa” y “deliberada”. “La persecución de la administración Trump contra los estados demócratas es ilegal y debe cesar”, declaró en X.
El Departamento de Salud Pública de California y los departamentos de salud locales contactados por CalMatters indicaron que no habían recibido notificación oficial de los recortes reportados. El Departamento de Salud Pública de Los Ángeles indicó que el impacto para los angelinos sería duradero.
“Mientras los departamentos de salud locales de todo el país enfrentan emergencias sanitarias simultáneas, cancelar las inversiones federales hará que nuestras comunidades sean menos saludables, menos seguras y menos prósperas”, dijo el departamento en un correo electrónico no firmado.
El condado de Los Ángeles anticipa que los recortes socavarían su capacidad para responder a desastres naturales y brotes como el sarampión, la gripe aviar y la influenza, así como su trabajo de monitoreo de enfermedades de transmisión sexual y condiciones crónicas.
Esta no es la primera vez que la administración Trump ha puesto en la mira la financiación de la salud pública. La primavera pasada, intentó recuperar miles de millones de dólares destinados a responder a amenazas para la salud pública, incluyendo la COVID-19, en los estados del país. Un juez federal de Rhode Island dictaminó que esos recortes eran ilegales.
Con el apoyo de la Fundación para el Cuidado de la Salud de California (CHCF), que trabaja para garantizar que las personas tengan acceso a la atención que necesitan, cuando la necesitan, a un precio accesible. Visite www.chcf.org para obtener más información.
