Defensores locales de la privacidad están expresando su preocupación por una base de datos poco conocida, gestionada por la Asociación de Gobiernos de San Diego (SANDAG), que podría estar permitiendo que las fuerzas de deportación del presidente Donald Trump evadan las leyes santuario estatales y locales para inmigrantes.
A cambio de una cuota anual de aproximadamente 200,000 dólares, SANDAG otorga acceso a esta base de datos, conocida como ARJIS, a agencias de control migratorio, incluyendo la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).
La base de datos contiene información de todas las agencias del orden en el condado de San Diego, lo que incluye multas de tránsito, registros de arresto, entrevistas de campo, el censo de la cárcel local y algunos registros de licencias de conducir.
Las agencias policiales locales han compartido datos con sus contrapartes federales a través de ARJIS durante décadas. Sin embargo, actualmente, las agresivas tácticas de control migratorio de la administración Trump están planteando nuevas interrogantes sobre qué se está compartiendo exactamente con el gobierno federal.
“No siempre es una buena idea compartir datos porque, a veces, no se sabe cuáles pueden ser las motivaciones de esas personas”, señaló Seth Hall, defensor de la privacidad de la coalición TRUST SD.
A los activistas les preocupa especialmente que ARJIS no cuente con las suficientes protecciones de supervisión independiente para evitar que agencias como la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) utilicen la base de datos para perseguir a la población inmigrante de San Diego.
“Estamos en un momento en el que la administración Trump está atacando a todos los inmigrantes: personas con estatus, personas sin estatus, incluso sin antecedentes penales”, dijo Homayra Yusufi, estratega principal de políticas de la organización Partnership for the Advancement of New Americans (PANA). “CBP y HSI literalmente están ahí afuera buscando detener y deportar a la mayor cantidad de personas posible”.
Falta de protección
Durante la primera administración Trump, agentes de CBP utilizaron tecnología de vigilancia para espiar a ciudadanos estadounidenses —abogados de inmigración y defensores de derechos humanos— que trabajaban con migrantes de las caravanas centroamericanas.
El año pasado, agentes de la Patrulla Fronteriza obtuvieron acceso indirecto a bases de datos de lectores de placas vehiculares en todo el país, incluido El Cajon, y las utilizaron para localizar a inmigrantes. En Chicago, una jueza federal escribió que la dirección de la Patrulla Fronteriza estaba “mintiendo descaradamente” sobre el uso de tácticas de fuerza por parte de la agencia, en una orden judicial que limitó dichas prácticas.
Yusufi sostiene que estos incidentes demuestran que CBP no es un socio confiable en materia de seguridad pública. Ella y otros defensores también argumentan que ARJIS socava las leyes santuario al otorgar acceso a CBP sin la supervisión adecuada.
“Nuestras agencias locales de seguridad pueden decir: ‘Sí, nosotros no compartimos esto directamente’”, explicó Erin Tsurumoto-Grassi, subdirectora de Alliance San Diego. “Pero si lo están compartiendo a través de la base de datos de ARJIS y luego ARJIS vende esa información, quizá no la estén compartiendo de manera directa, pero esa información de todos modos se está compartiendo, y creo que eso debería preocuparnos”.
En una declaración reciente a KPBS, un portavoz de CBP dijo que los agentes utilizan ARJIS en la gran mayoría de sus casos penales y que la base de datos mejora la cooperación de la agencia con “agencias aliadas”.
“Sin ARJIS, enfrentaríamos retrasos significativos para obtener información urgente, lo que afectaría las operaciones y la cooperación regional”, escribió el portavoz.
Sin embargo, el portavoz no respondió cuando se le preguntó si CBP utiliza ARJIS para fines de control migratorio.
SANDAG afirma que tiene varias restricciones para evitar que agentes federales utilicen la base de datos con fines migratorios. El sistema exige que los usuarios ingresen un motivo válido para cada búsqueda, como un número de caso. Además, ARJIS agregó un aviso en la pantalla de inicio de sesión que indica que no debe usarse para la aplicación de leyes migratorias.
Aun así, no está claro si las agencias federales están cumpliendo estas reglas, ya que SANDAG no tiene autoridad para realizar auditorías independientes.
SANDAG se negó a poner a disposición para una entrevista a Anthony Rey, director de ARJIS. Un portavoz dijo a KPBS que el acuerdo de uso de ARJIS impide a SANDAG llevar a cabo auditorías independientes. En su lugar, las auditorías solo se realizan cuando las propias agencias deciden auditarse o cuando el Departamento de Justicia de California las solicita.
El portavoz señaló que la última vez que CBP solicitó una auditoría fue en 2017. Cuando KPBS pidió una copia de dicha auditoría, SANDAG respondió que no podía entregarla porque no contaba con la aprobación de CBP.
¿Quién será el siguiente?
La junta directiva de SANDAG está integrada por funcionarios electos de cada una de las 18 ciudades del condado de San Diego, así como del propio condado. Ninguno de los miembros de la junta aceptó una entrevista con KPBS.
Yusufi afirma que la falta de supervisión por parte de SANDAG debería encender las alarmas en las comunidades inmigrantes de todo el condado.
“Es momento de dejar de ignorar la realidad y reconocer las amenazas que enfrentan todas nuestras comunidades en este momento”, dijo Yusufi. “Tenemos que replantearnos seguir vendiendo estos datos a agencias que sabemos que van a dañar a los habitantes de San Diego”.
Hall, de TRUST SD, señaló que esto va más allá de la inmigración, ya que futuras administraciones podrían utilizar fácilmente estos sistemas de vigilancia masiva de datos para atacar a otras “poblaciones desfavorecidas”.
“Si no eres inmigrante, quizá esto no te moleste mucho”, dijo. “Pero más vale que pongas atención a quién más están marginando”.
Otros defensores de la privacidad señalan que ha llegado el momento de que otras jurisdicciones locales actúen si SANDAG no lo hace.
“¿Qué medidas de rendición de cuentas van a implementar? ¿Pueden obtener esas auditorías? ¿De qué otra manera pueden hacerlo transparente y responsable?”, cuestionó Tsurumoto-Grassi.
Uno de los miembros de la junta directiva de SANDAG es el alcalde de San Diego, Todd Gloria.
La oficina de Gloria envió un comunicado en el que destacó su compromiso con el fortalecimiento de las protecciones locales para las familias inmigrantes y mencionó una orden ejecutiva que el alcalde firmó en julio, reafirmando que los recursos de la ciudad no se utilizarán para la aplicación de leyes migratorias.
“La orden deja claro que el personal, las propiedades y los recursos de la ciudad no se utilizarán para asistir en la aplicación de leyes migratorias, salvo que la ley lo exija expresamente; ayuda a garantizar información multilingüe precisa sobre derechos y servicios, y refuerza la coordinación para que los residentes puedan vivir sin miedo, al tiempo que se mantiene la seguridad pública para todos”, escribió un portavoz del alcalde.
Pero cuando se le preguntó si el alcalde considera que ARJIS está socavando esa orden ejecutiva, su oficina no respondió.
