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Kristi Noem, secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, visitó el jueves el centro de detención de Otay Mesa para destacar la seguridad en la frontera y denunciar que los demócratas no han financiado su departamento, lo que probablemente provocará un cierre del gobierno el sábado.
Mike Banks, jefe de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, acompañó a Noem, junto con el subjefe del sheriff del condado de San Diego, Ken Jones, y la subcomisionada ejecutiva interina de Aduanas y Protección Fronteriza, Diane J. Sabatino, frente a un impactante telón de fondo compuesto por miles de libras de drogas ilícitas incautadas en el Puerto de Entrada de Otay Mesa. Durante el discurso, también se hicieron escuchar manifestantes.
“Estamos ganando la lucha contra el fentanilo”, dijo Noem, antes de instar al gobernador Gavin Newsom a entregar a 33,000 inmigrantes a quienes el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha acusado de cometer delitos.
La secretaria afirmó que solo en Otay Mesa se han incautado 188,218 libras de drogas ilícitas y mencionó a varios padres cuyos hijos han muerto por sobredosis de fentanilo.
Banks, quien asistió a Southwestern College en Chula Vista, culpó a la administración Biden de lo que describió como políticas fronterizas laxas y expresó orgullo porque, bajo el presidente Trump, Estados Unidos “no ha liberado a un solo extranjero indocumentado en nueve meses”. Banks asumió el cargo de jefe el mes pasado.
El representante Mike Levin, demócrata de San Clemente, calificó toda la visita como una oportunidad fotográfica cuidadosamente programada.
“La secretaria Noem decidió realizar una conferencia de prensa en Otay Mesa en un día en que no habría miembros de la delegación congresional de San Diego presentes para exigir respuestas, cuestionarla sobre abusos de ICE o responsabilizar al DHS. No es más que una foto montada”, dijo Levin. “Noem no quiere responder nuestras preguntas porque no quiere defender lo indefendible. Si ella y la administración Trump hablaran en serio sobre reformar nuestro sistema migratorio roto, estarían en la mesa de negociación para aprobar legislación como la Ley Dignidad bipartidista, no organizando conferencias de prensa.
“Necesitamos soluciones reales y necesitamos límites para ICE, no más teatro político”.
El Congreso estaba en sesión el jueves y el Senado votó 52 a 47 para aprobar un proyecto de ley que financiaría al Departamento de Seguridad Nacional, muy por debajo de los 60 votos necesarios. Esto prácticamente garantiza que el departamento cerrará este fin de semana, afectando a más de 260,000 empleados federales, incluidos los de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, la Administración de Seguridad en el Transporte y la Guardia Costera de Estados Unidos. Es probable que los agentes de ICE y de CBP puedan continuar operando incluso sin financiamiento para otras partes del departamento.
Los demócratas —con excepción del senador John Fetterman, demócrata de Pensilvania— rechazaron el proyecto de ley, al señalar que no hacía lo suficiente para reformar ICE tras las muertes por disparos de Renee Good y Alex Pretti en Minnesota el mes pasado.
“Los demócratas hemos sido muy claros”, dijo el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, de Nueva York. “No apoyaremos una extensión del statu quo, un statu quo que permite que una policía secreta enmascarada irrumpa en los hogares sin órdenes judiciales, sin límites y sin supervisión independiente”.
Noem dijo que los demócratas no quieren proteger al país.
“Es el mensaje equivocado para enviar al mundo en este momento”, afirmó. “Si lo piensan, todas las demás partes del gobierno federal han sido financiadas excepto Seguridad Nacional”.
La semana pasada, el representante Juan Vargas, demócrata de San Diego, fue rechazado al intentar ingresar al Centro de Detención de Otay Mesa, operado bajo contrato con ICE, rompiendo un precedente de larga data y llevándolo a pedir el “desmantelamiento” de ICE.
“He recibido tantas quejas —mi oficina también— de que las condiciones están por debajo de los estándares y están enfermando a la gente”, dijo Vargas. “Y desafortunadamente, recientemente he recibido reportes de que están poniendo a personas en jaulas como antes. Y no me permitieron ver si eso es cierto o no”.
Noem rechazó la sugerencia de que los estándares fueran deficientes, aunque tampoco mencionó ninguna mejora en la supervisión de la instalación.
“Los estándares federales en nuestros centros de detención son los más altos que existen en este país”, dijo. “De hecho, tenemos un nivel más alto que muchos estados o comunidades locales en sus cárceles o centros de detención. Estamos orgullosos de que cada persona, cuando llega, reciba buena atención, alimentos y atención médica y luego la devolvemos lo más pronto posible a su país de origen, si está detenida”.
El director del centro, Christopher J. LaRose, dijo a Vargas que permitirle la visita no dependía de él, sino de ICE y del gobierno federal. LaRose trabaja para CoreCivic, una empresa privada de prisiones. El Centro de Detención de Otay Mesa es una prisión federal de seguridad mínima/media bajo contrato con ICE y el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos.
“El Congreso tiene el deber, la responsabilidad y el derecho de supervisar estas instalaciones. Vamos a ver ahora si tendremos que demandarlos para poder entrar, porque esto es indignante”, dijo Vargas el viernes. “Tengo todo el derecho de estar ahí. No sé qué están haciendo allí. Es como una de esas malas películas donde lanzan cosas por encima de la cerca y dicen ‘Ayúdenme’. Este es el terror que estoy viviendo”.
Al ser cuestionado sobre qué deben hacer los demócratas para enfrentar a ICE, Vargas admitió que “tienen que hacer mucho más”.
“Lo que tenemos ahora es un ejército invasor”, dijo. “Han pisoteado la Constitución y los derechos de las personas. Ahora incluso han asesinado a personas. No podemos simplemente decir que todo está bien y que solo les vamos a dar menos dinero.
“No, esa agencia debería ser desmantelada por completo. Todos creen que ICE es algo natural; ICE se creó hace relativamente poco y ha sido una agencia fuera de control que no ha operado bien. Algo tiene que cambiar”.
Noem ofreció una respuesta breve.
“Cada persona en ese centro de detención tiene la oportunidad de regresar a su país de origen”, dijo. “Es su decisión si quieren quedarse allí o no”.
Tras la visita fallida de Vargas, el condado de San Diego inició el proceso de inspección de salud pública en el Centro de Detención de Otay Mesa, instruyendo a su personal a “hacer valer la autoridad del condado para examinar las condiciones de salud y seguridad dentro de la instalación privada de detención migratoria”, según un comunicado.
La acción se produce tras reportes de que personas detenidas en Otay Mesa han estado lanzando frascos de loción envueltos con notas escritas a mano por encima de la cerca perimetral durante una vigilia semanal. Las notas alegan temperaturas frías, atención médica inadecuada y comida de mala calidad.
“Cuando las personas detenidas en una instalación se ven reducidas a lanzar mensajes escritos a mano por encima de una cerca para ser escuchadas, eso es una señal de emergencia de salud pública”, dijo la presidenta de la Junta de Supervisores del Condado de San Diego, Terra Lawson-Remer. “El condado está ejerciendo su autoridad legal para inspeccionar las condiciones dentro de Otay Mesa porque el silencio y el secretismo no son aceptables cuando la salud y la seguridad están en juego”.
La concejal de la ciudad de San Diego y candidata al Congreso, Marni von Wilpert, dijo que Noem le debe al pueblo estadounidense respuestas más claras sobre la conducta de ICE y las condiciones de detención.
“Lo que está haciendo ICE no es seguridad pública; es una extralimitación fuera de control que es insegura, antiestadounidense e inconstitucional”, dijo. “Podemos y debemos proteger la seguridad pública sin aterrorizar vecindarios, separar familias ni pisotear libertades civiles. Las familias del condado de San Diego merecen seguridad, no violencia, miedo ni abuso de poder por parte de ICE”.
