Se suponía que iba a ser un día perfecto.
Alex pensaba levantarse a las 6:30 a.m., alistar a sus hermanos para ir a la escuela y tomar el autobús a las 7:00 a.m. Después de clases, el muchacho de 14 años iba a jugar su primer partido de futbol americano, un evento que había esperado durante semanas.
Al fin se iba a poner la camiseta del equipo, de color morado y con cuello de tela de camuflaje. Pero más importante que el partido en sí era que su padre, Manuel, iba a estar allí, junto a la cancha, para vitorearlo y aplaudirlo.
Pero ese día, Alex se despertó con los gritos y los sollozos de su madre quien lloraba afuera de su cuarto.
Pero cuando se paró de la cama, ya era demasiado tarde. Su padre ya no estaba en casa: iba rumbo a la cárcel del condado, para luego ser enviado a un centro de detención para inmigrantes, donde pasaría los siguientes seis meses en espera de lo que el gobierno decidiera sobre su futuro en los Estados Unidos.
Manuel es oriundo de México y llegó a los Estados Unidos hace dos décadas. Es uno de los 143.470 inmigrantes indocumentados que fueron arrestados el año pasado en el interior de los Estados Unidos por los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés). Este tipo de arrestos ha aumentado en un 25 por ciento en comparación con el 2016, como parte del esfuerzo que el gobierno del Presidente Trump realiza por cumplir su promesa de deportar a los indocumentados a su país de origen.
La historia de Manuel es un ejemplo de la política agresiva del presidente en su primer año. En una época en que el número de arrestos en la frontera es el más bajo de los últimos cuarenta y seis años, el gobierno federal ahora se ha dado a la tarea de perseguir a las personas que durante el gobierno anterior no eran consideradas un caso prioritario: la gente en el interior del país que ha estado en los Estados Unidos durante años yque no ha cometido ningún delito.
El caso de Manuel no solo ilustra cuán complejas son las leyes de inmigración y su aplicación, sino también los efectos secundarios que el arresto de un individuo puede generar sobre su familia y sobre su comunidad.
La NPR obtuvo el expediente de Manuel elaborado por el ICE, el cual confirma los detalles de su historial en los Estados Unidos. Por solicitud de la familia, la NPR ha modificado los nombres de algunos de sus miembros y ha dejado varios detalles difusos debido a su estatus legal en el país.
Anatomía de una detención
Manuel y su esposa, V, crecieron juntos en Sinaloa, México. Pero al comenzar su relación romántica, la familia de V se opuso terminantemente. Manuel proviene de una familia humilde y V de una familia adinerada que guarda conexiones con el cártel de Sinaloa.
Manuel cruzó la frontera por primera vez en 1995, cuando aún era adolescente y después de que un tío de V intentara atropellarlo con un carro y lo amenazara con una pistola en la sien. Al regresar a México en 1997 para casarse con V, la familia le propinó una golpiza.
Al verse bajo constantes amenazas, Manuel intentó regresar a los Estados Unidos a comienzos de 1998. En esa ocasión fue detenido por las autoridades. Hubiera podido solicitar asilo entonces, pero tenía 19 años y desconocía las leyes de inmigración. Lo devolvieron a México. Tres días después, cruzó nuevamente la frontera, esta vez con éxito.
Manuel vivía discretamente en el noroeste de los EE. UU. cuando los oficiales de inmigración llegaron a su casa ese lunes de abril. No tenía aún 40 años de edad.
Eran las 5:30 a.m. y calentaba el carro de su esposa afuera de la casa. Se preparaba para cumplir con el primero de los tres empleos que tenía para poder mantener a la familia.
Los agentes le dijeron que habían ido a investigar porque habían recibido un informe de que Manuel conducía un automóvil robado. Eso no era verdad, había tenido el vehículo durante años. Posteriormente, al solicitarle el informe a la policía, esta no pudo proporcionar ningún dato sobre el carro robado.
Los funcionarios le pidieron que les mostrara los documentos de ciudadanía. Manuel guardó silencio. Le informaron que desde 1998 tenían una orden de deportación en su contra.
Los agentes lo esposaron. Él les pidió permiso para despedirse de su esposa. Le permitieron despedirse de ella, pero no pudo decirles adiós a sus hijos. Además de su ingreso ilegal a los Estados Unidos, Manuel nunca había sido acusado de ningún delito.
Alex no fue a la escuela ese día. Asistió a su partido de futbol americano, pero pasó todo el tiempo pensando en su papá. Su mente no estaba en el partido. Al final, su entrenador lo sacó del juego. En pocas semanas, su rendimiento académico decayó tanto que no le permitieron jugar más.
Durante estos meses, Manuel siempre ha estado pendiente de hablar por teléfono con sus hijos por las noches desde el centro de detención. Tienen entre 8 y 19 años de edad.
"[Les digo] que tienen que esmerarse mucho en la escuela porque no tienen por qué sufrir las consecuencias de mi error", dice Manuel.
Manuel guarda la esperanza de poder volver a casa un día. Pero también ha visto cómo muchos de sus amigos del centro de detención han sido deportados.
Imponiendo la ley 'sistemáticamente'
El gobierno de Trump busca ampliar su capacidad para detener a los inmigrantes ilegales. En mayo, el Departamento de Seguridad Nacional solicitó fondos para adquirir 17.000 camas nuevas para los centros de detención – lo que incrementa en una tercera parte la capacidad que el sistema tenía a finales del gobierno de Obama.
Esta solicitud tiene lugar en un momento en que el número de personas que cruzan la frontera es menor al número de personas que la cruzaban a principios del gobierno de Obama, y de los gobiernos de George W. Bush y de Clinton. Para finales de la presidencia de Obama, los cruces por la frontera habían disminuido – y dicha tendencia ha continuado durante gran parte del primer año de la presidencia de Trump.
Con menos cruces en la frontera, hay más recursos para incrementar las deportaciones desde el interior del país.
El año pasado, en enero, los agentes del ICE recibieron una circular en la que se decretaba que "durante el ejercicio de sus funciones, los agentes de inmigración detendrían a todo individuo que hallaran indocumentado". La circular fue redactada por Matt Albence, Director de Ejecución y Operaciones de Deportación del ICE. Albence ha trabajado en la agencia durante seis años y, según él, durante el gobierno de Obama los agentes tenían las manos atadas.
"Ahora ejecutamos fiel y sistemáticamente todas las leyes que el Congreso ha decretado y que nuestro departamento ha prometido cumplir", le dijo Albence a la NPR en diciembre.
Cabe aclarar que el Presidente Barack Obama también deportó anualmente a miles de personas durante su gobierno. Mediante decreto ejecutivo emitido en el 2014, Obama ordenó deportar a dos grupos específicamente: a las personas que cruzaran la frontera, en el momento de ingresar a la nación, y a los individuos indocumentados que tuvieran antecedentes penales. El gobierno no iría tras los indocumentados sin antecedentes penales en el interior del país.
En el 2016, durante el último año del período presidencial de Obama, este tipo de arrestos comprendieron el 2,1 por ciento del total de las deportaciones. En el 2017, dicho número ascendió al 6 por ciento.
Albence informó que cerca del 90 por ciento de las personas arrestadas por el ICE han sido procesadas anteriormente ante algún tribunal. Manuel se encuentra incluido dentro de este porcentaje, con una orden de deportación desde hace 20 años por haber cruzado ilegalmente la frontera.
Cualquier individuo que esté en el país ilegalmente debe tener en cuenta que está sujeto a la deportación, señala Albence.
"Es verdad que existe una perspectiva humana que permite sentir compasión por el individuo y sus circunstancias", apuntó. "Pero eso no quiere decir que dejaremos de ejecutar la ley".
Albence señala que toda persona que viva en los Estados Unidos ilegalmente debe dejar de violar la ley. Y si no encuentran la forma de obtener un estatus legal – ya sea mediante la familia o el trabajo – dice que la auto-deportación, "es ciertamente una opción".
Para quienes se han arraigado en una comunidad, donde sus hijos han nacido y crecido, la auto-deportación no parece ser una posibilidad. Y cuando un inmigrante se halla en prisión, su ausencia se hace sentir.
Manuel cubrió todos los gastos universitarios de su hijo mayor. Ahora ese hijo tuvo que dejar sus estudios para trabajar como bombero para mantener a la familia.
El hijo mayor es lo que se denomina un DREAMer, un niño a quien trajeron a los Estados Unidos y que cuenta con un permiso temporal para quedarse en el país bajo el programa DACA, o Consideración de Acción Diferida Para los Llegados en la Infancia (DACA por sus siglas en inglés). Ese programa podría finalizar en marzo si el Congreso no lo renueva, y por eso el hijo mayor está muy preocupado, tanto por su futuro como por el de su padre.
El día de la decisión
Por fin llega el día, a mediados de septiembre, después de casi medio año de detención, en que Manuel debe presentarse ante el tribunal.
Durante todo ese tiempo ha visto a sus hijos tan solo una vez. El trayecto al lugar es largo, pero lo acompañarán ese día.
Si Manuel pierde el caso, la próxima vez que salga del centro de detención podría ser rumbo a México con un boleto aéreo sin retorno.
La atmósfera en la sala del tribunal es fría y estéril. La jueza le comunica a Manuel que le niega su solicitud para permanecer en los Estados Unidos.
Manuel se ve muy afectado cuando lo escoltan fuera de la sala tras la decisión de la jueza. No puede ver a sus hijos.
"Estoy muy disgustado, molesto y confundido", dice el hijo mayor tras la decisión. "Ni siquiera me pude despedir. Después de lo que le dijeron, no pude ni mirarlo al rostro ni despedirme. Fue algo muy doloroso".
A Manuel no lo deportan inmediatamente. Tiene que decidir si apelará la sentencia y permanecerá tras las rejas – quizás durante meses – o si aceptará la orden y retornará a México para ganar dinero y poder así mantener a su familia en los Estados Unidos.
El hijo mayor de Manuel no se siente nada optimista.
"Tiene derecho a la apelación, pero parece algo sin sentido ya que, evidentemente y sin importar lo que haga, igualmente le van a negar la permanencia", comenta su hijo. "O sea, quizá debería irme también de una vez. Quizá debería volver a un país en el que jamás he estado. Ya sabe, este es el sueño americano, lo estamos viviendo".
En un momento de desesperación, Manuel llama a su esposa V y le pide que le envíe toda su ropa a México, para que al llegar tenga algo que ponerse en caso de que lo deporten.
Ella vacía sus armarios.
Un último recurso
Manuel tiene algo a favor que muchos inmigrantes no tienen: una abogada, Andrea Lino.
Según elConsejo Americano de Inmigración, el 85 por ciento de los indocumentados en detención no cuentan con un abogado; es difícil encontrar uno tras las rejas y a las personas detenidas no se les garantiza tal asistencia en los tribunales de inmigración.
Sin embargo, tener un abogado marca una enorme diferencia: los detenidos que disponen de este servicio quedan en libertad el 44 por ciento de las veces, en comparación con el 11 por ciento para quienes no cuentan con este apoyo legal.
Mientras Manuel decide si apelar o no la decisión, su madre, ya de edad avanzada, recibe una llamada telefónica en su casa en México. La voz, amenazante, le informa que Manuel fue deportado y que los miembros del cartel de Sinaloa lo secuestraron en la frontera. La persona que llama demanda un rescate y amenaza con darle muerte a su hijo.
Ella sabe que esto no puede ser verdad y que su hijo sigue preso en los Estados Unidos. Pero también sabe que la amenaza de violencia es algo real. Ha visto a varios vehículos rondando su casa, en espera de alguna señal de que Manuel haya regresado.
Manuel decide continuar su lucha ante los tribunales. Su abogada opta por introducir un último recurso legal en el que alega que la larga historia de amenazas de muerte por parte de la familia de la esposa de Manuel es motivo suficiente para permitirle permanecer en el país. ¿Hay posibilidades de que este argumento resulte?, pregunta Manuel. Existe como un 5 por ciento de probabilidades, le informa Lino, su abogada.
A mediados de octubre, la juez emite su sentencia. Abarca una página escrita.
Explica que en su decisión primera no había tomado en cuenta el hecho de que Manuel había sido perseguido en México a causa de sus lazos familiares. El hecho de que dichas amenazas de muerte proviniesen de miembros de la familia le permite recibir protección legal, lo cual no hubiera sido posible si las amenazas hubiesen provenido de personas desconocidas.
La juez decide que Manuel puede permanecer en los Estados Unidos.
Este tipo de decisión se conoce como "Retención de Expulsión", una forma de protección similar al asilo que protege a los individuos que demuestran que en su país de origen padecen persecución. No es lo mismo que un asilo y no es una vía para obtener la ciudadanía estadounidense. Tiene muchas limitaciones. Manuel, por ejemplo, no puede salir del país y tiene que pagar una tarifa anual para su renovación.
Sin embargo, Manuel puede volver a casa, a su esposa V y a sus hijos.
El hijo mayor no sale de su asombro.
"Siento una intensa emoción", dice. "Es intensa porque tenía mucha fe en que mi papá sería puesto en libertad y se ha hecho realidad, y está pasando, ¡ahora! ... Es algo conmovedor porque acabo de celebrar mi cumpleaños y lo único que quería era a mi papá".
Un padre regresa a casa
Manuel fue puesto en libertad unos días después.
Atraviesa una reja con cadenas y la vía del tren y, por primera vez en muchos meses, se encuentra fuera del centro de detención. En una estación de autobuses espera el Greyhound nocturno que le llevará a casa. Su esposa V le escribe mensajes de texto durante todo el viaje. Los dos hijos mayores lo están esperando en el carro fuera de la estación de autobuses. Tiemblan de emoción. Y, finalmente, ven a su padre.
"No sabía qué decir", cuenta el hijo mayor. "Fue el tipo de emoción que no te deja ni hablar... no sabía si decirle: 'Hola papá, ¿qué tal?, ¡Cuánto tiempo!'... o más bien: 'Hola papá, ¡te extrañé mucho!' ".
Manuel abraza a sus hijos. Todos lloran. Dice que los 10 minutos de trayecto de la estación a la casa le parecen interminables. Cruza la reja del patio de su humilde morada, de un solo nivel. Pasa junto al trampolín y a los juguetes del perro que yacen sobre la nieve fresca. La última vez que atravesó la reja, los narcisos estaban en flor.
Manuel está en casa.
Él también es la excepción. Para la mayoría de los individuos que inician un proceso de deportación, la experiencia concluye con un vuelo rumbo a otro país. El año pasado, 226.000 personas fueron deportadas de los Estados Unidos.
Si Manuel no hubiera tenido un abogado, o si las amenazas de muerte hubiesen provenido de personas desconocidas, y no de familiares, probablemente habría sido deportado.
Pero para la familia la experiencia ha sido traumática. Los últimos meses han dejado cicatrices.
Manuel cuenta que sus hijos más pequeños se aferran a él, temerosos de que vuelva a dejarlos.
También dice que, aunque han transcurrido varios meses tras su liberación, aún no tiene los papeles necesarios para trabajar. Por eso, el hijo mayor sigue siendo el principal sostén de la familia y no ha podido retomar sus estudios todavía. En el Congreso continúa el debate sobre el futuro de DACA, de manera que el futuro del muchacho también luce incierto. Y tras el cese de las negociaciones en torno al problema, la semana pasada en Washington, no parece que habrá una pronta solución.
Manuel reconoce que violó la ley y que su decisión de venir a los Estados Unidos fue la que los metió a todos en este problema. Pero tampoco se arrepiente de haberlo hecho.
"Haría lo que fuera por mi familia, y todo lo que he hecho hasta ahora ha sido por ellos", dice. "Y lo seguiré haciendo, para que puedan llegar a ser alguien en la vida".
Este reportaje fue producido por Sam Gringlas y Christina Cala para su emisión por radio, con la colaboración de Ana Lucia Murillo y de Matt Ozug. Ha sido editado para su emisión por Jolie Myers, y para su publicación en internet por Maureen Pao y Laura Soto-Barra.
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