Las agencias estatales de California pueden obligar a los empleados a ir a la oficina incluso si sus contratos negociados por el sindicato les prometen el derecho a trabajar desde casa.
Ésa es la esencia de la decisión de un árbitro laboral en una disputa entre el Sistema de Jubilación de Empleados Públicos de California y el sindicato que representa a los abogados estatales.
La decisión se tomó la semana pasada en medio de la presión de la administración Newsom para llamar a decenas de miles de trabajadores estatales de California a regresar a la oficina , ajustando las políticas de trabajo desde casa que el estado adoptó durante la pandemia de COVID-19.
Newsom señaló ese cambio cuando publicó una propuesta presupuestaria en enero que buscaba ahorrar $51 millones al poner fin a los estipendios de teletrabajo que el estado ha estado brindando a muchos empleados públicos desde la pandemia. Luego, su administración siguió con una orden de abril que ordenaba a los empleados estatales trabajar en la oficina dos días a la semana a partir del próximo mes.
El nuevo arbitraje se centró en una directiva de marzo de 2022 en CalPERS para que sus empleados trabajaran en la oficina tres días a la semana. El sindicato de abogados, conocido por el acrónimo CASE , impugnó la orden y señaló el texto de su contrato que establece que las solicitudes de teletrabajo de los empleados “no serán denegadas excepto por necesidades operativas”.
La decisión de la árbitro Katherine Thomson refleja la difícil dinámica que han experimentado todo tipo de lugares de trabajo desde la pandemia. El asesor general de CalPERS, Mathew Jacobs, y otros líderes del fondo de pensiones se preocuparon por el deterioro de la cultura de la organización con los empleados trabajando desde casa, junto con algunos problemas de desempeño.
Mientras tanto, la mayoría de los abogados preferían trabajar desde casa y sostenían que mantenían su productividad fuera de la oficina. CalPERS experimentó un aumento repentino e inusual en la facturación después de que entró en vigor la política de tres días a la semana, según la decisión del arbitraje.
“Como resultado de la alta tasa de vacantes de abogados, la oficina legal se quedó sin personal suficiente”, dice la decisión. Luego, CalPERS remitió el trabajo al Departamento de Justicia, que facturó 220 dólares la hora y permitió a sus abogados trabajar desde casa.
No obstante, Thomson rechazó la queja del sindicato y descubrió que los ejecutivos de CalPERS tenían razones operativas legítimas para exigir que los abogados trabajaran en la oficina, como mejorar la comunicación.
“La política de teletrabajo de CalPERS sigue siendo la misma y los líderes de la agencia han descubierto que es exitosa”, dijo el jefe de asuntos públicos de CalPERS, John Myers.
El presidente de CASE, Timothy O’Connor, dijo que el sindicato tiene otras quejas que impugnan las políticas de regreso a la oficina . Dijo que la decisión en el caso CalPERS no significa que los árbitros en otros casos dictaminarán lo mismo.
“Seguimos defendiendo agresivamente a nuestros miembros en el mandato (de regreso al cargo) y continuamos utilizando todas las estrategias disponibles”, dijo O’Connor.Otros sindicatos también se están preparando para impugnar la orden de regreso a los cargos de la administración Newsom, incluido el más grande, SEIU Local 1000.
