¿Quién va a recoger a mis hijos en la escuela?
Ese fue el primer pensamiento de Estefany Pineda la mañana de enero en que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) la arrestaron a ella y a su esposo, Reinaldo Chirino.
Los agentes los detuvieron justo después de que dejaran a sus hijos en la escuela en Chula Vista, según su abogada, Nerea Sholl, asociada del despacho Law Office of Andrew Nietor.
“Mientras estaban siendo procesados, la mamá en particular estaba muy preocupada por sus hijos —decía que no había ningún familiar que pudiera recogerlos y que no había nadie que pudiera ayudarlos”, explicó Sholl.
Los agentes de ICE les dieron dos opciones a los padres: encontrar a alguien que pudiera dejar todo, recoger a sus hijos (de 5 y 14 años) y hacerse cargo de ellos por tiempo indefinido, o de lo contrario serían enviados al sistema de cuidado temporal del estado.
La pareja logró encontrar a una amiga dispuesta a cuidar a los niños. Y, un mes después, Sholl consiguió que Pineda y Chirino salieran del centro de detención, por lo que la familia volvió a reunirse. Los padres continúan peleando su caso de deportación.
Pero el daño emocional para los niños ya estaba hecho.
Los hijos de la pareja están entre miles de menores en la región de San Diego que se han visto afectados por la campaña de deportaciones masivas del presidente Donald Trump.
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Como ellos, muchos no son el objetivo directo de la aplicación de leyes migratorias. Pero sus padres y familiares sí lo son, lo que deja a estos niños enfrentando el impacto emocional de la separación familiar.
Además, hay más de 250 menores que fueron arrestados por agentes de inmigración en los condados de San Diego e Imperial el año pasado —un aumento drástico frente a los 27 niños arrestados en 2024, según datos federales.
Una vez arrestados, esos menores pueden ser enviados a centros de detención o a hogares grupales en California o en otros estados.
Sholl dijo que los efectos en los hijos de Pineda fueron evidentes casi de inmediato.
“Los padres me han contado muchos ejemplos de cosas que sus hijos han dicho que dejan claro que han quedado traumatizados”, dijo Sholl.
Su hijo de 14 años ya tenía un temor comprensible hacia los agentes de ICE y de la Patrulla Fronteriza. Ahora vive constantemente en alerta, especialmente cada vez que suena el monitor electrónico en el tobillo de su papá.
El niño de 5 años está mostrando señales de ansiedad por separación.
“La primera noche, cuando la mamá ya estaba en casa y estaba acostando a los niños, el pequeño la miró y le preguntó: ‘Si me duermo, ¿vas a estar aquí cuando me despierte en la mañana?’”, agregó Sholl.
Décadas de investigación muestran el daño
Esto no sorprende en absoluto a Dalal Katsiaficas, profesor asociado de psicología educativa en la University of Illinois Chicago.
“La aplicación de las leyes migratorias y los daños que provoca no son nada nuevo”, dijo.
Ante la posibilidad de una aplicación más agresiva de las leyes migratorias durante el segundo mandato del presidente Donald Trump, Katsiaficas fue coautor de un informe de políticas públicas que reúne décadas de investigaciones que muestran los efectos negativos que tiene la aplicación directa e indirecta de las leyes migratorias en los niños.
Por ejemplo, los menores enfrentan un mayor riesgo de depresión, ansiedad, trastorno de estrés postraumático, ansiedad por separación y retrasos en hitos del desarrollo, explicó Katsiaficas.
El documento fue publicado por la Society for Research in Child Development y, según la coautora Guadalupe Diaz Lara, profesora asistente en el Departamento de Estudios de la Niñez y Adolescencia de California State University, Fullerton, su objetivo era servir tanto como advertencia como posible guía de soluciones.
“Queríamos tener algo listo que realmente se enfocara en explicar lo que dice la investigación”, señaló Díaz Lara.
El informe incluye recomendaciones que gobiernos locales o distritos escolares pueden implementar para intentar reducir los efectos negativos. Por ejemplo, los distritos escolares pueden prepararse con anticipación para ofrecer servicios de salud mental y otros apoyos a estudiantes o padres que se vean afectados.
Más tiempo en detención
La detención migratoria en la región de San Diego funciona de manera distinta para niños y adultos. Mientras que todos los adultos son detenidos en el Otay Mesa Detention Center, los menores tienen dos posibles destinos.
Si son detenidos junto con sus padres, lo más probable es que sean transferidos a instalaciones fuera del estado, como el controvertido centro de detención familiar en South Texas Family Residential Center. Ahí fue enviado a principios de este año Liam Ramos, el niño de 5 años arrestado en Minneapolis, junto con su padre.
Los menores no acompañados que son detenidos en cruces fronterizos —y más recientemente también dentro del país— en San Diego son enviados a alguno de los centros supervisados por la Office of Refugee Resettlement (ORR).
Las instalaciones de ORR pueden variar mucho.
Según Mickey Donovan-Kaloust, directora de servicios legales del Immigrant Defenders Law Center, con sede en San Diego, estos lugares pueden parecer hogares grupales, centros de detención juvenil o incluso campamentos temporales de carpas.
En 2021, la ORR incluso convirtió el San Diego Convention Center en un albergue temporal para menores no acompañados provenientes de países de Centroamérica.
Independientemente de su forma, estas instalaciones están pensadas para estancias de corto plazo. Antes de la actual administración de Trump, los menores solían permanecer detenidos alrededor de 30 días. Pero ahora registros federales muestran que los niños están detenidos un promedio de 117 días.
“No están diseñadas para mantener a los niños detenidos durante meses y meses, que es lo que está ocurriendo ahora”, dijo Donovan-Kaloust.
En un comunicado, un portavoz de la ORR aseguró que la agencia garantiza que haya servicios médicos y de salud mental integrales disponibles antes de que un menor sea colocado en cualquier programa de cuidado.
“Las decisiones de colocación de ORR se guían por las mejores prácticas de bienestar infantil y están diseñadas para asegurar que cada menor sea alojado en el entorno más seguro y apropiado para su desarrollo”, señala el comunicado.
El Immigrant Defenders Law Center ha representado a varios menores que permanecieron bajo custodia de la ORR durante seis meses o más, dijo Donovan-Kaloust. En un caso extremo, agregó, el despacho presentó una demanda federal para lograr la liberación de un niño que estuvo detenido más de nueve meses.
Donovan-Kaloust señaló que los abogados ven con frecuencia los efectos dañinos de la detención prolongada en menores.
“Estamos viendo muchas lágrimas, mucha desconfianza hacia los adultos — los niños se cierran y ya no quieren reunirse con sus abogados”, dijo. “Hay mucha confusión y preguntas como: ‘¿Por qué sigo aquí? ¿Cuándo podré irme con mi familia?’ y nadie puede darles una respuesta”.
Demasiado traumatizados para contar su historia
Abogados de inmigración dicen que representar a menores agrega una capa adicional de complejidad a casos judiciales que ya de por sí son difíciles.
Esto ocurre especialmente en casos de asilo u otras formas de protección humanitaria, en los que los niños tienen que hablar sobre experiencias traumáticas del pasado, explicó Carmen Chávez, directora ejecutiva del Casa Cornelia Law Center, con sede en San Diego.
“Es muy difícil tener éxito si el niño está tan traumatizado que ni siquiera puede contar su historia”, dijo.
Chávez explicó que Casa Cornelia cuenta con una coordinadora de servicios sociales que ayuda a atender las necesidades de los menores que representan.
Esta persona ayuda a los niños a acceder a terapia o psicoterapia, coordina citas médicas o dentales, e incluso a veces les ayuda con una mochila nueva o un par de zapatos, dijo Matthew Cannon, abogado de Casa Cornelia que dirige el programa para menores.
Cannon señaló que ha visto a niños que entran al sistema de justicia migratoria siendo “niños brillantes y felices”, pero que con el tiempo terminan ansiosos y deprimidos.
Chávez dijo que es importante que los residentes de San Diego recuerden que los niños afectados por la aplicación de leyes migratorias —ya sea que estén detenidos o separados de sus padres— forman parte de la comunidad.
Podrían ser compañeros de clase o de equipo de tus hijos, dijo. Sus padres podrían ser tus compañeros de trabajo o tus vecinos.
“Estamos hablando de jóvenes que han vivido circunstancias muy traumáticas y violentas, y que de alguna manera han logrado salir adelante”, dijo. “Ese espíritu humano de querer sobrevivir, de querer encontrar seguridad… y encontrarla aquí”.
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