El gobernador Gavin Newsom vetó un proyecto de ley que habría ayudado a las personas a recibir materiales de votación en su primer idioma.
Defensores del voto dijeron que el proyecto de ley, de haberse aprobado, habría eliminado las barreras lingüísticas que enfrentan muchas comunidades, ampliando los requisitos de idioma establecidos por la ley federal y estatal.
El acceso a boletas traducidas ha avanzado mucho desde que se aprobó la Ley Nacional de Derechos de Votación en 1965. Esa ley decía que debía haber traducciones en las urnas, pero solo se aplicaba a los idiomas español, asiático, nativo americano y nativo de Alaska.
Desde entonces, California ha ampliado la ley nacional para incluir más idiomas. En San Diego, los materiales para votantes están disponibles en 10 idiomas.
Pero para seis de esos idiomas, los materiales de votación traducidos no están en las boletas reales. En su lugar, están en boletas de referencia, también llamadas boletas facsímil, y eso no es suficiente, dijo Deanna Kitamura, abogada gerente de derechos de voto con el Asian Law Caucus.
"En general, escuchamos que las boletas facsímil, que son boletas de referencia traducidas, eran mejor que nada, pero eran confusas, difíciles de usar", dijo.
El proyecto de ley, coautoría de los representantes Sabrina Cervantes (D-Corona) y Evan Low (D-Cupertino), habría solucionado eso, según Rahmo Abdi, directora de organización y campañas en la Asociación para el Avance de Nuevos Americanos (PANA).
El proyecto de ley tenía como objetivo reemplazar las boletas de facsímil con boletas votables para los idiomas requeridos por el estado. Abdi dijo que eso podría haber hecho una gran diferencia para las comunidades con las que trabaja.
"En lugar de realmente comparar una boleta de facsímil con la boleta en inglés, o simplemente usar a miembros de la comunidad o a sus hijos para ir a votar, esto debería ser un derecho fundamental para todos," dijo Abdi.
Pero los funcionarios electorales expresaron preocupaciones, incluida la Asociación de Secretarios y Funcionarios Electorales de California.
"Probablemente duplicaremos la cantidad de idiomas que tendríamos que poder proporcionar," dijo Jesse Salinas, presidente de la Asociación de Secretarios y Funcionarios Electorales de California. "Y uno de los verdaderos desafíos que tendríamos es la traducción."
Salinas dijo que la tecnología, los proveedores y la financiación no podían cumplir con los nuevos requisitos del proyecto de ley. Por ejemplo, dijo, calcularon que en Los Ángeles costaría más de $25 millones.
Cynthia Paes, la Registradora de Votantes del Condado de San Diego, se negó a comentar sobre el proyecto de ley, pero dijo que incluso ofrecer boletas de referencia requiere mucho trabajo.
“Hay 700 variaciones de esa boleta que tienen que ser compatibles con el dispositivo de marcado de boletas por parte de nuestro proveedor,” dijo Paes. “También necesita estar disponible en un formato de boleta de audio para esos dispositivos de marcado de boletas. Así que en este momento, con nuestro presupuesto y el tiempo disponible y la tecnología que tenemos y los idiomas que pueden ser compatibles con nuestros proveedores, seguimos la ley del estado de California y la ley federal.”
Estos costos adicionales son, en última instancia, la razón por la cual Newsom decidió vetar el proyecto de ley.
“Aunque apoyo el objetivo del autor de expandir el acceso al idioma y los recursos en nuestras elecciones, este proyecto de ley crearía nuevas y continuas presiones sobre el fondo general por decenas de millones de dólares que no están incluidos en la Ley de Presupuesto de 2024”, dijo en un comunicado.
Abdi y Kitamura dijeron que la decisión deja a los defensores decepcionados pero no desalentados.
"El veto de AB 884 es una oportunidad perdida para la justicia, pero no nos rendiremos", dijo Abdi. "Nuestras comunidades merecen ser vistas y escuchadas, y continuaremos trabajando para derribar las barreras que impiden la plena participación en nuestra democracia."
Los defensores planean reagruparse y elaborar estrategias, con planes para reintroducir AB 884 o una legislación similar el próximo año.
