El derecho de los padres a criar a sus hijos como consideren adecuado está en el centro de una decisión de la Corte Suprema publicada el lunes.
La decisión surge de un caso presentado por dos maestras de Escondido. Ellas alegan que la política de su distrito, que les impide revelar la identidad de género de sus estudiantes, infringe sus derechos de la Primera Enmienda. Un grupo de padres también se unió a la demanda, afirmando que estas políticas socavan su capacidad para criar a sus hijos de acuerdo con sus creencias.
En diciembre, un juez federal de San Diego, Roger Benítez, falló a su favor. La Corte de Apelaciones del Noveno Circuito suspendió esa decisión a la espera de su revisión del caso. Los demandantes presentaron entonces una solicitud de emergencia ante la Corte Suprema para pedir que se restableciera la decisión del tribunal inferior. El lunes, una mayoría de los magistrados estuvo de acuerdo y levantó la orden judicial (injunction) para los padres, pero no para los maestros.
“Por eso este fue un fallo muy, muy interesante y muy importante”, dijo el analista legal Dan Eaton.
La Corte Suprema generalmente ha otorgado una amplia deferencia a los padres bajo la Decimocuarta Enmienda. Según Eaton, el fallo establece que los funcionarios escolares no pueden engañar a los padres sobre el género de sus hijos.
“Porque si retener información sobre la transición de un niño y su uso de pronombres inconsistentes con su género asignado al nacer engañara de alguna manera a los padres, los maestros tendrán que revelar esa información”, señaló.
Debido a que la decisión no levantó la restricción para los maestros, se está generando confusión sobre lo que esto significa para la Ley SAFETY. La ley prohíbe que los distritos escolares exijan a los maestros notificar a los padres si sus estudiantes eligen usar un nuevo pronombre en la escuela.
“Con respecto a nuestro nuestra ley (SAFETY), en realidad no estamos seguros, porque hay mucha ambigüedad en el fallo”, dijo el asambleísta Chris Ward, autor de la ley.
Él cree que la ley sigue en vigor, pero está “profundamente preocupado por lo que esta supermayoría conservadora en la Corte Suprema está haciendo en general con las políticas nacionales, pero también específicamente con estas amenazas a la comunidad LGBTQ+”.
Añadió: “Esto nunca se trató de secretismo. Se trataba de garantizar que los educadores no se conviertan en agentes de divulgación obligatoria”.
La Thomas More Society elogió el fallo, afirmando que protege a los niños y a las familias. El grupo ayudó a organizar el desafío legal en este caso. Pero la CFT, un sindicato de educadores a nivel estatal, se opone al fallo, diciendo que crea una política de revelación forzada que pone en riesgo la seguridad de los estudiantes.
“Lo que estamos viendo es un ataque continuo y persistente, y el silenciamiento de la comunidad LGBT+, y creemos que esto es perjudicial para nuestros estudiantes y nuestras escuelas”, dijo el presidente de la CFT, Jeff Freitas.
La decisión de la Corte Suprema no evaluó el fondo del caso, que aún está bajo revisión en el Noveno Circuito. La revisión a veces puede tardar meses o incluso años, dijo Eaton, lo cual fue parte de la razón de la decisión de emergencia de la Corte Suprema.
Independientemente de lo que decida el Noveno Circuito, Eaton dijo que el asunto terminará regresando a la Corte Suprema.
