Un comité del Ayuntamiento de San Diego impulsó el jueves una propuesta para limitar las tarifas que los propietarios cobran adicionalmente al alquiler mensual.
El concejal Sean Elo-Rivera propuso la Ordenanza de Transparencia de Costos, Explotación de Tarifas y Abuso de Precios de Renta Residencial (Residential Rental Price Gouging, Fee Exploitation and Cost Transparency Ordinance). Esta requeriría que los arrendadores revelen el costo total del alquiler y las tarifas adicionales cada vez que anuncien una propiedad en el mercado de renta.
La propuesta también regularía o prohibiría una serie de tarifas que los propietarios han comenzado a cobrar en los últimos años. Se prohibirían las tarifas por servicios que mantienen la habitabilidad de una propiedad, incluyendo las de control de plagas y las de "servicio de valet de basura" (cuando se contrata a una persona para llevar la basura de la puerta de la propiedad al contenedor).
Las tarifas por mascotas también serían prohibidas, aunque a los propietarios se les permitiría cobrar un depósito de seguridad por la mascota. Los cargos por pago tardío se limitarían al 2% del alquiler mensual y solo podrían cobrarse si el alquiler tiene un retraso de siete días. Todas las tarifas adicionales se limitarían al 5% del alquiler mensual, excepto aquellas que ya estén reguladas por leyes locales, estatales o federales.
Varios inquilinos hablaron en la audiencia del comité, compartiendo historias de tarifas exorbitantes que no fueron reveladas al firmar el contrato de arrendamiento y para las cuales no habían presupuestado.
"Ellos (los propietarios) saben lo difícil que es para los inquilinos encontrar casa, y usan ese conocimiento para exprimir lo más posible a sus arrendatarios, sabiendo que el estrés, la molestia y la incertidumbre de tener que buscar un nuevo lugar los deja en una posición en la que simplemente dicen: 'Está bien, pagaremos otra tarifa, aunque no podamos pagarla'", dijo Elo-Rivera.
Representantes de las industrias de propietarios y de construcción de viviendas se manifestaron en contra de la ordenanza en su forma actual, argumentando que les dificultaría hacer negocios.
"El objetivo de la ordenanza parece simple: socavar la capacidad de los dueños para recuperar gastos operativos legítimos", dijo Melanie Woods, vicepresidenta de asuntos públicos locales de la Asociación de Apartamentos de California. "Y el mensaje es claro: San Diego se está convirtiendo en un lugar de alto riesgo para ser proveedor de vivienda".
El concejal Henry Foster III votó junto a Elo-Rivera para comenzar a redactar la ordenanza y presentarla a otro comité del concejo en el futuro, después de lo cual pasaría al pleno del Ayuntamiento. La concejal Marni von Wilpert, la tercera miembro del comité, estuvo ausente de la reunión.
Foster dijo que apoya la intención de la ordenanza, pero sugirió que podría cambiar antes de su próxima audiencia.
"Este es el comienzo de una conversación", dijo Foster. "Sí creo que hay trabajo por hacer en la ordenanza".
La Supervisora del Condado, Monica Montgomery Steppe, tenía programado presentar una ordenanza similar a la Junta de Supervisores del Condado el martes.
A principios de este año, el Ayuntamiento aprobó una ordenanza destinada a la transparencia en torno a las tarifas de servicios públicos como agua, aguas residuales y recolección de basura. La ordenanza prohíbe a los propietarios cobrar tarifas administrativas por los servicios públicos o inflar de otra manera las facturas reales de servicios públicos de un inquilino.
