El condado de San Diego podría comenzar a tratar las aguas residuales que se vierten desde México hacia el río Tijuana —un cauce binacional—, transformando así la manera en que la región gestiona una crisis de contaminación que persiste desde hace décadas.
En una votación de 4 a 1 realizada el martes, la Junta de Supervisores del condado aprobó un plan de varias etapas para evaluar la construcción de infraestructura destinada a tratar el caudal del río antes de que este desemboque en el océano.
La Planta Internacional de Tratamiento de Aguas Residuales de South Bay, operada por Estados Unidos, y otras instalaciones de tratamiento gestionadas por México, tienen como objetivo evitar que las aguas residuales de Tijuana lleguen al río. Sin embargo, tras fuertes lluvias o cuando se producen averías en las tuberías del sistema, millones de galones de aguas residuales sin tratar y otros productos químicos tóxicos se filtran hacia el río.
Investigadores de San Diego han demostrado que dicha contaminación se dispersa en forma de aerosol, poniendo en riesgo la salud de las personas. Los flujos también llegan al océano, lo que provoca el cierre de playas incluso tan al norte como Coronado.
Las supervisoras Terra Lawson Remer y Paloma Aguirre, quienes encabezan esta iniciativa, señalaron que existe una necesidad local de añadir una línea de defensa adicional "antes de que (los flujos contaminados) avancen aguas abajo hacia las comunidades y playas de San Diego".
"Tras 60 años, esa es la brecha que carece de solución: el tramo estadounidense del río Tijuana no recibe ningún tipo de tratamiento", afirmaron las supervisoras en una carta dirigida a la Junta del Condado. "Una vez que las aguas residuales y la escorrentía tóxica llegan al río, nada protege nuestras costas y comunidades de sus efectos".
La infraestructura que detendría la contaminación en su origen, añadieron, se encuentra al sur de la frontera y está "sujeta a la financiación, los plazos y las decisiones políticas de México".
Durante la reunión de la junta, Aguirre —cuyo Distrito 1 abarca las comunidades afectadas por la crisis— afirmó que, cuando la contaminación cruza hacia la región de San Diego, el condado tiene la responsabilidad de velar por la seguridad de sus residentes.
"Seguiremos colaborando con Washington y México, pero nosotros marcaremos el ritmo y no nos ajustaremos a los plazos de nadie más", declaró.
La primera de las tres fases del plan contempla analizar "parámetros de ingeniería, niveles de tratamiento, evaluación de costos, control del sitio, huella de ubicación, consideraciones operativas, estrategias de financiación y plazos de ejecución", según un informe del personal del condado.
La segunda fase requeriría que la Junta votara sobre un proyecto preferido, y la última fase implicaría completar los procesos de obtención de permisos y de evaluación ambiental.
Se prevé que el personal del condado dedique el próximo año y medio a desarrollar conceptos para el tratamiento de los caudales del río. El trabajo se financiará con 1,8 millones de dólares provenientes de las reservas del condado.
El supervisor Joel Anderson emitió el único voto en contra, argumentando que la construcción y gestión de un sistema de tratamiento resultaría demasiado costosa.
"Eso podría costar miles de millones", afirmó. "El condado simplemente no dispone de esa cantidad de dinero. Además, no debería ser responsabilidad del condado; el estado, el gobierno federal y el resto de las partes deberían participar".
Las autoridades señalaron que la financiación a largo plazo para la infraestructura podría provenir de un impuesto sobre las ventas de medio centavo que se someterá a votación en noviembre.
