"Aquí de nuevo", dijo Yeneska García con el rostro desencajado en un gesto de incredulidad y la cabeza entre las manos.
Desde que salió de Venezuela en enero pasado para escapar de la crisis, la joven de 23 años atravesó el Tapón del Darién —la selva que divide a Colombia y Panamá—, estuvo a punto de ser secuestrada por un cártel mexicano y esperó durante meses para conseguir una cita para solicitar asilo en Estados Unidos , la cual nunca llegó.
Finalmente cruzó la frontera en mayo, sólo para que las autoridades estadounidenses la expulsaran al poco tiempo.
Ahora está de regreso en el sur de México después de que las autoridades migratorias mexicanas la llevaron en autobús a la ciudad de Villahermosa y la dejaron en la calle.
"Preferiría cruzar el Darien Gap 10.000 veces que cruzar México", dijo García, sentada en un refugio para inmigrantes, refiriéndose al Tapón del Darién por su nombre en inglés.
La joven se aferraba a una arrugada bolsa de plástico transparente que contenía su documento de identidad venezolano, un inhalador y una manzana, las pocas pertenencias que le quedaban.
Impulsadas por la creciente presión de Estados Unidos para impedir el paso de millones de personas vulnerables que se dirigen hacia el norte, pero sin los fondos para deportarlas, las autoridades mexicanas emplean una táctica tan simple como dura: desgastar a los migrantes hasta que desistan.
Esto significa que los migrantes permanecen en un limbo mientras son detenidos por las autoridades en distintos puntos del país y los dejan a su suerte en las ciudades de Villahermosa y Tapachula, en el sur de México. Algunos han sido enviados de regreso hasta en seis ocasiones.
El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, dijo el lunes que esta política protege a los migrantes.
"Nos importa mucho mantener a los migrantes... en el sudeste porque la travesía hacia el norte es muy riesgosa", respondió López Obrador a una pregunta de The Associated Press durante su conferencia de prensa diaria.
Pero los traslados han obligado a los inmigrantes, incluidas mujeres embarazadas y niños, a caer en situaciones aún más precarias. Y es probable que las condiciones empeoren ahora que el mandatario Joe Biden aprobó nuevas restricciones al asilo, aseguran los analistas.
Las medidas implementadas por México explican por qué el número de migrantes en la frontera entre Estados Unidos y México bajó un 40% desde su máximo histórico de diciembre pasado y se mantuvo durante la primavera. Esto coincidió con un aumento en el número de migrantes que se encuentran en México sin autorización legal, según muestran los datos del Instituto Nacional de Migración. Las autoridades estadounidenses atribuyen en gran medida el éxito a la vigilancia de sus contrapartes mexicanas en los patios de maniobras ferroviarias y puestos de control de las autopistas.
"México es el muro", dijo Josué Martínez, psicólogo en el único albergue para migrantes de Villahermosa, el Oasis de Paz del Espíritu Santo Amparito, el cual se preparaba para una avalancha de personas en virtud de la medida de Biden de detener los trámites de asilo una vez que las autoridades estadounidenses consideren que la frontera sur está desbordada.
El pequeño refugio ha atravesado problemas desde que el gobierno mexicano comenzó a restringir a los migrantes hace dos años. El mes pasado albergó a 528 personas, frente a las 85 de mayo de 2022.
"¿Qué vamos a hacer cuando lleguen cantidades más grandes?", dijo Martínez. "Cada vez que Estados Unidos emite un comunicado de reforzar las medidas de contención en la frontera norte, es en automático. Sabemos que la gente va a llegar a Villahermosa... va a llegar un punto en el que nos vamos a colapsar".
Desde Villahermosa, los migrantes emprenden una caminata o toman autobuses hacia el norte, con rumbo a Ciudad de México, en donde pueden solicitar una cita para pedir asilo a las autoridades estadounidenses a través de la aplicación de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP por sus iniciales en inglés), CBP One. Pero la mayoría nunca llega lo suficientemente cerca de la frontera como para que la app detecte su ubicación.
Los puestos de revisión salpican las carreteras en el sur de México. Soldados armados bajan a los inmigrantes de los autobuses y detienen a los que caminan por las carreteras y montañas circundantes. De las dos docenas de inmigrantes entrevistados por la AP, todos dijeron que fueron extorsionados por elementos de las fuerzas del orden o funcionarios de migración mexicanos para poder continuar su viaje. Tras desembolsar fuertes sumas de dinero en dos o tres ocasiones, las familias se quedaron sin nada. Posteriormente fueron llevados en autobús al sur del país, donde la mayoría terminaron quedándose en la calle.
Las autoridades mexicanas se refieren a las detenciones temporales como "rescates humanitarios".
Pero la venezolana Keilly Bolaños asegura que estos operativos no tienen nada de humanitario. Ella y sus cuatro hijos han sido trasladados al sur de México en seis ocasiones. Esta madre soltera de 25 años busca obtener asilo para que su hija de 4 años pueda recibir tratamiento contra la leucemia, al cual no tiene acceso en Venezuela.
Fue detenida hace unos días en el estado fronterizo de Chihuahua, donde, según ella, soldados la golpearon enfrente de sus hijos y luego los colocaron en un autobús para un viaje de dos días hasta Villahermosa.
"¿Cómo puedes correr cuando tienes cuatro niños? No puedes", dijo Bolaños.
La familia durmió en cajas de cartón junto a otros inmigrantes a las afueras de la terminal de autobuses de Villahermosa. Bolaños todavía tenía hematomas en las piernas. Sin embargo, planeaba dirigirse al norte por séptima vez. No tiene a dónde ir.
"Sé que este esfuerzo valdrá la pena algún día", añadió.
Las tácticas de México parecen una forma de tranquilizar a Estados Unidos, que ha presionado a los países latinoamericanos para que ayuden a frenar la migración a pesar de que no ha promulgado reformas en su propio sistema de inmigración, el que la mayoría de los estadounidenses coincide en que no funciona. El presidente entrante de Panamá ha prometido bloquear el paso a través del Tapón del Darién, mientras que Biden suavizó las críticas contra el mandatario de El Salvador luego de que redujo la migración.
Cuando Biden anunció sus nuevas restricciones la semana pasada, dijo que había reducido "drásticamente" la llegada de migrantes a la frontera "debido al acuerdo al que he llegado con el presidente (López) Obrador". Declaró que también planea trabajar en materia fronteriza con la próxima presidenta, Claudia Sheinbaum.
Pero Michael Shifter, investigador sénior de Diálogo Interamericano, señaló que tales medidas son sólo una solución a corto plazo que no aborda las causas de origen de la migración.
"Dicen que se trata de un desafío regional que tenemos que enfrentar entre todos, lo cual es cierto", explicó Shifter. "El problema es: si Estados Unidos no puede poner orden en su propia casa, eso envía un mensaje a otros gobiernos que se preguntan: ¿Por qué debemos trabajar con ellos si el mismo Estados Unidos no es capaz de abordar el problema?".
Algunos solicitantes de asilo dijeron que estaban listos para renunciar a su "sueño americano", pero que no pueden irse del país porque no tienen acceso a un consulado o se han quedado sin dinero.
Luego de ser retirado de un autobús, un grupo de migrantes le suplicó a las autoridades que los ayudaran a regresar a Venezuela poco antes de ser enviados de regreso al sur de México.
"Sólo queremos ir a la embajada en Ciudad de México para irnos a Venezuela", le dijo Fabiana Bellizar, de 30 años, a los agentes después de que fue enviada de regreso desde el norte de México el día anterior. "Ya no queremos estar aquí".
Iniciaron el mismo trayecto al día siguiente.
Otros dijeron que tratarían de encontrar trabajo y un lugar para dormir en la ciudad antes de continuar.
López Obrador declaró el lunes que a los migrantes se les ofrece trabajo en el sur, pero los pocos afortunados que encuentran empleo enfrentan condiciones precarias. A un migrante se le pagaron 25 dólares al día por 12 horas de trabajo bajo el sol abrasador en una huerta de mangos. Otra dijo que los empleadores intentaron obligarla a prostituirse.
Otros se ven obligados a tomar rutas más peligrosas, y a caer en los brazos de grupos del crimen organizado que buscan secuestrar inmigrantes.
En cuanto vio luces intermitentes en la lejanía, el hondureño Alexander Amador, de 27 años, se escondió detrás de un árbol para ocultarse entre las sombras a un costado de la carretera entre los estados de Veracruz y Tabasco.
Amador y sus dos compañeros de viaje habían caminado durante 10 horas, internándose en la selva para escapar de las autoridades que intentaban detenerlos en la carretera. Tras ser devueltos dos veces al sur de México mientras viajaban en autobús, fue lo único que se les ocurrió a los hondureños para seguir adelante.
Pero tenían miedo, tanto de las fuerzas de seguridad mexicanas como de los cárteles. La seguridad en estados de Tabasco y Chiapas, en el sur del país, ha caído en picada en el último año a medida que los cárteles se disputan el control de las lucrativas rutas migratorias.
"Aquí no puedes confiar en nadie. Todo es un peligro", afirmó Amador, mientras se echaba la mochila al hombro y se adentraba en la oscuridad.
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La periodista de Associated Press María Verza en Ciudad de México contribuyó con este despacho.
