La presidenta de la Corte Suprema de California, Patricia Guerrero, dijo que está adoptando una postura más proactiva para preservar el acceso al sistema judicial mientras la administración Trump continúa realizando arrestos en los juzgados.
En una conferencia de prensa el pasado jueves, Guerrero —la primera latina que preside el Tribunal Supremo— expresó su preocupación por los “efectos paralizantes” de la aplicación de las leyes federales de inmigración en los tribunales de California y dijo que el Consejo Judicial ha estado siguiendo de cerca la situación.
“El tipo de medidas de control migratorio que hemos visto infunde miedo en los testigos y litigantes, lo que les crea problemas para acceder a los tribunales”, dijo.
Las agencias de control de inmigración en general no realizaron arrestos en los juzgados durante la administración Biden, una política destinada a garantizar que las personas se sintieran seguras al participar en el sistema judicial.
Eso cambió cuando el presidente Trump asumió el cargo. La administración republicana ha permitido que los agentes arresten a personas dentro y alrededor de los juzgados.
La oficina de Guerrero ha documentado incidentes de control migratorio en 17 juzgados, siendo el Tribunal Superior del Condado de Shasta el que ha reportado la mayor actividad. El seguimiento de datos ha sido informal hasta el momento, afirmó, pero el Consejo Judicial considerará una propuesta para formalizarlo el 24 de abril . Esto requeriría que los tribunales presenten regularmente al Consejo Judicial datos sobre arrestos civiles en los juzgados superiores y sus alrededores.
“La propuesta ayudará a garantizar la recopilación y el informe de datos consistentes y coordinados a nivel estatal para evaluar mejor las implicaciones más amplias para el acceso a la justicia”, escribieron el Comité Asesor de Jueces Presidentes de Tribunales de Primera Instancia y el Comité Asesor de Ejecutivos de Tribunales en su propuesta.
Guerrero dijo que el seguimiento se traslada a la Procuraduría y sirve para “estar mejor preparados para tomar cualquier acción adicional”.
“El presidente no me va a escuchar si intento decirle qué hacer, así que ¿de qué sirve?”, dijo. “Me interesa menos hacer declaraciones, intentar decirle a la gente lo que están haciendo mal, y en cambio, intentar encontrar una manera de que nuestros tribunales estén informados, de que estamos disponibles”.
Eso significa buscar maneras de que los tribunales estatales ejerzan su autoridad, afirmó. Señaló las audiencias remotas, la capacitación del poder judicial sobre su autoridad legal y la conexión del público con recursos de ayuda adicionales.
Este mes, senadores demócratas de California presentaron nuevas medidas para reforzar las protecciones en los tribunales. La senadora Susan Rubio, demócrata de West Covina, presentó un proyecto de ley que permitiría comparecencias remotas en los tribunales para la mayoría de las audiencias, juicios o conferencias judiciales estatales, tanto civiles como penales, hasta enero de 2029. La senadora Eloise Gómez Reyes, demócrata de San Bernardino, presentó una legislación para impedir que los agentes federales de inmigración realicen arrestos “sorprendidos e indiscriminados” en los tribunales.
Cayla Mihalovich es becaria de California Local News.
