Un grupo de demócratas del área de San Diego denunció el lunes la redada federal ocurrida el viernes en dos restaurantes del vecindario de South Park, donde agentes armados del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE, por sus siglas en inglés) detuvieron a cuatro personas en un operativo que, según los funcionarios, dejó a la comunidad conmocionada y traumatizada.
La operación, llevada a cabo por la tarde en Buona Forchetta y Enoteca Buona Forchetta, involucró al menos a 20 agentes con equipo táctico militar, quienes arrestaron a un grupo de trabajadores, además de confrontar y esposar a otros, y en un momento incluso detonaron granadas aturdidoras en los alrededores.
Entre los detenidos había tres ciudadanos mexicanos y otro colombiano, según el representante Juan Vargas, demócrata de Chula Vista, pero él y otros funcionarios dijeron que no se ha demostrado que las personas detenidas tuvieran antecedentes penales violentos que justificaran las tácticas empleadas.
El congresista Juan Vargas explicó que la conferencia de prensa del lunes por la mañana se realizó frente a los tribunales federales de San Diego específicamente porque una jueza federal local —la magistrada Karen Crawford— autorizó una orden que, según dijo, permitía a los agentes detener a todas las personas que estuvieran trabajando dentro de los restaurantes, sin importar si eran indocumentadas o no.
Vargas señaló que una de las demandas de los legisladores es reunirse con la jueza principal del Distrito Sur de California para averiguar cómo y por qué se están aprobando órdenes judiciales de este tipo.
Junto con Vargas, también se pronunciaron en contra del operativo el representante Scott Peters (D-San Diego), la representante Sara Jacobs (D-San Diego), el representante Mike Levin (D-Carlsbad) y el alcalde de San Diego, Todd Gloria, quienes criticaron tanto el trasfondo del operativo del viernes como la forma en que se llevó a cabo.
Jacobs afirmó que las recientes tácticas de aplicación de leyes migratorias “han cruzado una nueva línea”.
La congresista no solo se refería al incidente del viernes, sino también a arrestos recientes en tribunales de San Diego contra personas que asistían a audiencias migratorias, así como a una redada laboral en marzo cerca de El Cajón. “Esto no se trata de ir tras criminales. Están persiguiendo a personas que están tratando de hacer lo correcto y que contribuyen a nuestra economía”, dijo Jacobs.
Peters calificó el incidente como “nuestro propio gobierno aterrorizando a nuestras comunidades”. Agregó que el operativo demuestra que los funcionarios de la Casa Blanca no están priorizando la detención de criminales violentos en la campaña de deportaciones masivas del presidente Donald Trump.
“Se nos dijo que todo este movimiento de inmigración y deportaciones era para detener a criminales violentos”, señaló Peters. “Pues sabemos que eso no es verdad”.
Vargas afirmó que los agentes de ICE estaban “armados hasta los dientes, como si entraran en una zona de guerra”, que “aterrorizaron a los clientes y a los trabajadores”, y acusó que la intención del operativo “fue intimidar y sembrar el miedo y el terror en los corazones de todos, especialmente los inmigrantes”.
Gloria dijo: “Este tipo de operativos no promueven la seguridad pública, la socavan. La confianza de nuestra comunidad en las fuerzas del orden se ve disminuida cuando escenas como esta ocurren en sus vecindarios”.
Levin citó reportes en los que se indica que el subdirector de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, está pidiendo que se arresten a 3,000 personas diarias por parte de las autoridades migratorias.
“Establecer una cuota arbitraria es lo que generó un desastre como el que vimos el viernes, y seguirá ocurriendo a menos que alcemos la voz en su contra”, dijo Levin.
El congresista también mencionó que aproximadamente el 20% de la fuerza laboral del sector de servicios en San Diego está compuesta por inmigrantes sin estatus migratorio.
“Lo que pasó el viernes estuvo fundamentalmente mal, fue fundamentalmente antiestadounidense y, presumiblemente, le podría pasar a 1 de cada 5 personas que trabajan en el sector de servicios en San Diego”, expresó.
ICE no ha comentado más allá de confirmar que las operaciones sí ocurrieron en los restaurantes. Yasmeen Pitts O'Keefe, vocera de ICE, dijo al City News Service: “Como se trata de una investigación en curso, no tenemos más información disponible por el momento”.
Durante la reunión del Concejo Municipal de San Diego del lunes, el concejal Sean Elo-Rivera respaldó las declaraciones que hizo el fin de semana. Describió el incidente del viernes como “terrorista” y “fascista” e instó a los habitantes de San Diego a alzar la voz y rechazar las redadas de ICE en la comunidad.
El concejal Stephen Whitburn condenó la redada y dijo que fue hecha con la intención de infundir miedo. El presidente del Concejo, Joe LaCava, exigió una disculpa de la agencia.
La policía de San Diego fue llamada para ayudar a controlar a la multitud que se reunió durante el operativo.
“La naturaleza de nuestra participación en el momento en que se nos solicitó era desconocida para nosotros”, dijo el departamento en un comunicado. “El SDPD no estuvo involucrado en la operación con anterioridad, ni participó en la aplicación de leyes migratorias. Los agentes federales ya se habían retirado cuando llegamos, y nuestros oficiales no brindaron asistencia ni realizaron ninguna acción coercitiva”.
La empresa detrás de Buona Forchetta dijo en un comunicado que todos sus restaurantes en los condados de San Diego y Orange permanecerán cerrados hasta el martes en respuesta al “incidente traumático relacionado con una operación federal en nuestra sede original y querida en South Park”.
El comunicado continuó: “Volveremos pronto. Pero por ahora, estamos cuidando a nuestra gente y recibiendo con gratitud todo el cariño que nos han dado”.
En una publicación por separado en redes sociales el sábado, Buona Forchetta dijo que está trabajando con abogados “para localizar y apoyar a nuestros empleados detenidos y a sus familias”.
Las autoridades de la administración han intensificado la aplicación de leyes migratorias desde que el presidente Donald Trump asumió el cargo en enero, y los datos muestran que los cruces ilegales por la frontera han alcanzado niveles históricamente bajos.
