Los primeros resultados muestran una ligera ventaja para la medida que busca ampliar los límites de mandato de los supervisores del condado de San Diego y otorgarles más poder sobre el gobierno del condado.
La Medida A ampliaría el límite de mandatos de los supervisores del condado, pasando de dos a tres periodos de cuatro años cada uno. Asimismo, reformaría la carta orgánica del condado para crear nuevos puestos de analista presupuestario y auditor de programas, los cuales rendirían cuentas ante la Junta de Supervisores. Por último, establecería una comisión de ética cuyos miembros serían designados por los supervisores y el asesor jurídico del condado.
La supervisora Monica Montgomery Steppe apoyó que la medida se sometiera a votación. En una entrevista con KPBS antes del cierre de las urnas el martes por la noche, dijo que la propuesta permitiría equiparar los límites de los mandatos de los supervisores del condado con los de los legisladores estatales.
"Esto simplemente nos coloca en una posición que nos permite defender mejor los intereses de nuestra comunidad y nuestra región, como necesitamos hacerlo", dijo Montgomery Steppe. "También establece mecanismos adicionales de supervisión y equilibrio de poderes (checks and balances) para la Junta de Supervisores y el personal del condado".
Dos integrantes de la Junta de Supervisores se opusieron a la medida. Argumentaron que permitir que los funcionarios en el cargo se postulen para un tercer mandato es una decisión que responde a sus propios intereses.
La Medida A también facultaría a los supervisores para confirmar o destituir a determinados funcionarios de alto nivel del condado, y exigiría una mayor divulgación pública de ciertos gastos del condado.
Por qué es importante
Quienes apoyan la Medida A dicen que ayudaría a modernizar el gobierno del condado, que ha crecido considerablemente en los últimos años para atender a 3.3 millones de residentes y administrar un presupuesto anual de 9,160 millones de dólares. Afirman que los cambios permitirían a los supervisores dedicar más tiempo a proyectos de largo plazo.
La supervisora Terra Lawson-Remer también señaló que las reformas darían al público más herramientas para supervisar cómo se gasta el dinero, si los programas están funcionando y si el gobierno está atendiendo a la población de acuerdo con las expectativas. En general, quienes apoyan la medida argumentan que estos cambios aumentarían la rendición de cuentas y la transparencia en el gobierno del condado.
Por otro lado, quienes se oponen consideran que las iniciativas de ética y rendición de cuentas no deberían combinarse con reformas que otorgan más poder a los supervisores.
Una encuesta de The San Diego Union-Tribune sugiere que las medidas de rendición de cuentas tienen mucho más apoyo entre los votantes que la propuesta de ampliar los límites de los periodos de los supervisores.
El supervisor Jim Desmond calificó la Medida A como un intento de acaparar poder (“power grab”), porque los cambios aplicarían a los supervisores que actualmente ocupan el cargo. En concreto, permitirían que Terra Lawson-Remer y Joel Anderson se postularan para un tercer periodo.
Quienes se oponen también cuestionan la independencia del analista presupuestario, el auditor y la comisión de ética, ya que, bajo la propuesta, estos organismos terminarían reportando a la Junta de Supervisores (al igual que la asesoría legal del condado, en algunos casos).
En cifras
La oficina de Lawson-Remer señaló que las reformas a la carta constitutiva no supondrían un costo adicional, ya que la medida se basaría en los fondos existentes y en la modernización de sistemas ineficientes del condado. Según su oficina, estas reformas podrían generar ahorros a largo plazo al eliminar gastos innecesarios.
Hasta el 27 de octubre, la campaña a favor de la Medida A había recaudado $169,000 dólares este año, provenientes en su mayor parte de sindicatos laborales y de empleados públicos.
A fecha del 27 de octubre, ninguna entidad había reportado gastos para oponerse a la Medida A, según el portal de financiamiento de campañas del condado.
Más adelante
Los supervisores, tanto a favor como en contra de la Medida A, coinciden en que esta deja muchas incertidumbres en cuanto a las políticas que deberán resolverse durante su implementación, en caso de que sea aprobada por los votantes.
