La Medida A, la única propuesta sometida a votación en las elecciones primarias del 2 de junio en la ciudad de San Diego, enfrenta un panorama complicado después de que los resultados iniciales mostraran que va perdiendo por más de 16 puntos porcentuales.
Stephen Russell, presidente y director ejecutivo de la Federación de Vivienda de San Diego, organización que respaldó la Medida A, dijo que mantiene la esperanza de que los resultados cambien conforme se contabilicen más boletas. También señaló que la campaña logró construir alianzas que perdurarán más allá de esta elección.
“El comité en contra de la Medida A gastó 1.3 millones de dólares, mientras que nosotros gastamos 300 mil”, dijo Russell. “Eso demuestra que los intereses con mucho dinero todavía pueden influir de manera importante en la conversación pública”.
Por su parte, Mark Kersey, presidente y director ejecutivo de la Asociación de Contribuyentes del Condado de San Diego, dijo a KPBS que el impuesto haría poco para resolver la crisis de asequibilidad de vivienda en la región.
“Si realmente hubieran querido hacerlo, podrían haber dicho: ‘Está bien, el dinero recaudado se destinará a un fondo de vivienda que realmente financie vivienda asequible o subsidiada’”, afirmó Kersey. “Pero no lo hicieron. Lo enviaron directamente al fondo general de la ciudad, donde podría utilizarse para salarios de empleados, pensiones o prácticamente cualquier gasto municipal”.
La Medida A impondría un nuevo impuesto a las viviendas que permanecen desocupadas la mayor parte del año y que no se declaran como residencia principal.
La medida incluye varias excepciones para casos como desastres naturales, servicio militar y fallecimiento de familiares. El impuesto comenzaría en $8,000 en 2027 y aumentaría a $10,000 en 2028.
Por qué es importante
Aproximadamente 5.000 viviendas en San Diego podrían estar sujetas a la Medida A, aunque esta cifra disminuiría a medida que los propietarios encuentren maneras de evitar el pago del impuesto. Una forma de evitarlo —alquilar la vivienda vacía— es un objetivo político explícito de la Medida A.
Quienes la apoyan afirman que la Medida A ayudaría a resolver dos problemas: la escasez de vivienda y el déficit presupuestario de la ciudad. Los propietarios de segundas residencias vacías se verían incentivados a alquilarlas o a comprar una vivienda. Además, los ingresos del impuesto podrían financiar servicios municipales que de otro modo se recortarían.
Quienes se oponen a la Medida A argumentan que impondría una carga financiera excesiva a los propietarios y podría dar lugar a tácticas de aplicación intrusivas. También señalan una medida impositiva similar en San Francisco que un juez declaró inconstitucional, aunque el caso aún está pendiente de apelación.
En cifras
La Oficina del Analista Presupuestario Independiente de San Diego estimó que la Medida A generaría entre 9,2 y 21,4 millones de dólares en su primer año. Esto supondría una reducción significativa del déficit presupuestario estructural de la ciudad, que obliga a realizar recortes drásticos en parques, bibliotecas y organizaciones artísticas.
La campaña en contra de la Medida A recaudó 814.765 dólares este año, la gran mayoría proveniente de la Asociación de Agentes Inmobiliarios de California. Los agentes inmobiliarios obtienen comisiones por la venta de casas vacacionales en San Diego, y el impuesto podría hacer que estas propiedades sean menos atractivas para los compradores.
La campaña a favor de la Medida A recaudó 102.385 dólares de particulares, sindicatos y otras organizaciones progresistas.
Un vistazo al futuro
Si la mayoría de los votantes apoya la Medida A, el impuesto ayudaría a los futuros alcaldes y concejos municipales a evitar algunos recortes presupuestarios. Sin embargo, una batalla legal podría retrasar o incluso impedir su implementación.
La mayoría de las ciudades que han aprobado impuestos similares han constatado que recaudan menos ingresos de lo previsto inicialmente, y que estos tienden a disminuir con el paso de los años.
