La Junta de Supervisores del Condado de San Diego votó por unanimidad el martes para exigir acción federal inmediata y así obtener asistencia alimentaria para casi 400,000 residentes del condado que fueron excluidos de los beneficios del programa SNAP.
Con base en una propuesta de las Supervisoras Paloma Aguirre y Terra Lawson-Remer, la junta ordenó a la directora administrativa enviar una carta al administrador del Departamento de Agricultura de EE. UU. (USDA) pidiendo "la liberación inmediata de las reservas de contingencia del (Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, SNAP) y el uso de la autoridad de transferencia federal existente para sostener los beneficios alimentarios para las familias durante el cierre federal", además de eximir un plazo requerido para revisar la carta.
Aguirre y Lawson-Remer señalaron que los beneficios del SNAP están retenidos para 400,000 residentes del condado, incluyendo 125,000 niños y 100,000 personas mayores.
El lunes, la administración Trump anunció que financiaría parcialmente el SNAP/CalFresh en noviembre como resultado de fallos judiciales que exigen al gobierno mantener en funcionamiento el programa federal de asistencia alimentaria.
Sin embargo, el martes, el presidente Donald Trump pareció revertir el curso, diciendo que retendrá los cupones de alimentos hasta que el gobierno reabra.
"Los beneficios del SNAP aumentaron en Miles de Millones y Miles de Millones de Dólares durante el desastroso mandato del Deshonesto Joe Biden", escribió Trump en su sitio Truth Social. "(Debido a que fueron 'entregados' sin ton ni son a cualquiera que los pidiera, a diferencia de solo aquellos que los necesitan, ¡que es el propósito del SNAP!), solo se entregarán cuando los Demócratas de la Izquierda Radical reabran el gobierno, lo cual pueden hacer fácilmente, ¡y no antes!", escribió Trump.
El USDA (Departamento de Agricultura de EE. UU.), que supervisa el SNAP, había planeado congelar los pagos a partir del 1 de noviembre debido al cierre del gobierno federal.
El viernes, dos jueces federales distintos ordenaron al USDA que debe comenzar a utilizar miles de millones de dólares de los fondos de contingencia para mantener la asistencia alimentaria a las familias necesitadas a pesar del cierre, y le dieron a la agencia hasta el lunes para decidir cómo hacerlo. El programa atiende a aproximadamente uno de cada ocho estadounidenses.
No está claro exactamente cuánto podrían recibir los beneficiarios, ni qué tan rápido verán el valor reflejado en las tarjetas de débito que usan para comprar comestibles si se libera el dinero. Los pagos de noviembre ya han sido retrasados para millones de personas.
Antes de la votación del martes, Lawson-Remer afirmó que es el deber legal, ético y moral de la administración liberar los fondos del SNAP.
"La crisis alimentaria en la que estamos hoy no es un accidente, es fabricada", dijo Lawson-Remer, presidenta de la junta.
Aguirre señaló que ninguna familia debería tener que preocuparse por de dónde vendrá su próxima comida. "Esto no se trata de presupuestos ni de burocracia, esto es una clara toma de poder por parte de la administración Trump", agregó.
El Supervisor Jim Desmond votó a favor, pero dijo no estar de acuerdo con la retórica política de la carta de la junta ni con la inferencia de que un solo partido político es el culpable del cierre del gobierno.
Desmond, republicano, afirmó que los demócratas en el Congreso votaron 14 veces en contra de un proyecto de ley que pondría fin al cierre del gobierno y que los fondos de contingencia para SNAP son solo una solución a corto plazo.
La Junta de Supervisores es un cuerpo de gobierno no partidista, compuesto ahora por tres demócratas (Aguirre, Lawson-Remer y Mónica Montgomery Steppe) y dos republicanos: Desmond y Joel Anderson.
"Estamos tratando el síntoma, pero no la causa", dijo Desmond, quien agregó que expandir la asistencia social crea una dependencia permanente, mientras que los universitarios recién graduados no pueden encontrar trabajo y los altos precios impiden que los jóvenes puedan tener una casa.
"La verdadera crisis no es la falta de programas gubernamentales, sino la falta de oportunidades para que los jóvenes progresen, para que la gente pueda cuidar de sí misma", comentó.
En una declaración posterior a la votación, Desmond dijo que votó a favor porque "ninguna familia debería pasar hambre porque los políticos en Washington están jugando con el sustento de la gente".
La Supervisora Monica Montgomery Steppe dijo que, dejando de lado las luchas políticas internas, "ha quedado muy claro que la prioridad de esta administración federal" es el 1% de las personas con mayores ingresos. La desigualdad de ingresos está creciendo, "y ese es el problema", añadió.
Aguirre afirmó que el propósito de la carta de la junta es pedir a la administración Trump que cumpla con los fallos judiciales.
"Pensé que esta administración se trataba de ley y orden", agregó.
