Las ceremonias de toma de protesta de los supervisores del condado suelen ser eventos sencillos, incluso se podría decir que aburridos.
En años recientes, los funcionarios recién electos tomaban protesta durante reuniones regulares de la Junta de Supervisores dentro del edificio de administración del condado y daban unas breves palabras ante una pequeña audiencia.
El verano pasado, la supervisora demócrata Paloma Aguirre tomó un rumbo distinto.
Su oficina organizó una gran celebración de toma de protesta en el Waterfront Park, donde una enorme carpa cubría a los asistentes sentados y mesas altas tipo bar estaban distribuidas por el césped.
De acuerdo con documentos que KPBS obtuvo a través de una solicitud de acceso a información pública, la oficina del Distrito 1 gastó más de $9,000 dólares en catering, casi $8,000 en servicios audiovisuales y alrededor de $600 en arreglos florales. Un grupo de mariachi amenizó el evento por un costo de $800 dólares.
La oficina de Aguirre pagó por el evento utilizando fondos donados por importantes corporaciones y empresas locales, entre ellas Cox Communications, AT&T, la fabricante Solar Turbines y la empresa constructora de campos de golf T2 Borrego LLC.
La oficina depositó el dinero en una cuenta opaca llamada “Special Events Trust Fund” (Fondo Fiduciario para Eventos Especiales). Y aunque Aguirre era recién electa, heredó miles de dólares en la cuenta del Distrito 1 de la exsupervisora demócrata Nora Vargas, quien renunció abruptamente al cargo en enero del 2025.
Una investigación de varios meses realizada por KPBS encontró que las oficinas de los supervisores han recibido más de $100 mil dólares en este tipo de aportaciones desde el 2024. Al clasificar las donaciones como pagos dirigidos a las oficinas del distrito, y no a los supervisores de manera individual, prácticamente no existe un límite sobre cuánto pueden solicitar y recibir de donantes.
La investigación también encontró:
- Casi todas las aportaciones se concentraron en las oficinas de Vargas/Aguirre (al menos $33 mil dólares), el supervisor republicano del Distrito 2, Joel Anderson (al menos 27 mil dólares), y la supervisora demócrata del Distrito 3, Terra Lawson-Remer (al menos 42 mil dólares).
- Lawson-Remer gastó decenas de miles de dólares el año pasado en su evento anual State of the County, realizado en el Museo de Historia Natural de San Diego, donde ofreció el discurso principal. Los gastos incluyeron más de 6 mil dólares en servicios de teleprompter, más de 7 mil en materiales impresos y casi 10 mil en catering para el evento, al que solo se podía asistir con invitación.
- Además de eventos locales organizados por su oficina, Anderson utilizó miles de dólares en envíos postales en el periodo previo a su reelección en 2024, lo que ha generado cuestionamientos sobre el cumplimiento de las restricciones relacionadas con actividades electorales cuando hay recursos públicos de por medio.
- Al menos varias de estas aportaciones vinieron de donantes con intereses ante el condado. En un caso, un sindicato logró asegurar un nuevo contrato con el condado que incluía aumentos salariales y mejores prestaciones, después de donar casi 5 mil dólares a la oficina de Lawson-Remer. Posteriormente, la supervisora emitió un comunicado destacando dicho acuerdo laboral.
- Seguir el rastro del dinero puede ser complicado. El condado no exigía a los supervisores ni a su personal presentar reportes públicos sobre estas aportaciones sino hasta finales de 2023. Desde entonces, muchos de los informes obligatorios se han entregado con meses, o incluso más de un año de retraso. Otros ofrecen prácticamente cero detalles sobre cómo se planeaba gastar el dinero.
La práctica genera preocupaciones sobre la transparencia y el posible riesgo de influencia política indebida, según politólogos, defensores de la rendición de cuentas gubernamental y exreguladores estatales que hablaron con KPBS.
“Hay un factor de influencia, donde el candidato sabe quién está donando y cuánto está donando”, dijo Sean McMorris, gerente del programa de transparencia, ética y rendición de cuentas de Common Cause California. “Y, desde la perspectiva del público, eso puede influir en cómo un funcionario electo vota sobre políticas que podrían beneficiar a esas personas o entidades”.
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La práctica genera preocupaciones sobre la transparencia y el posible riesgo de influencia política indebida, según politólogos, defensores de la rendición de cuentas gubernamental y exreguladores estatales que hablaron con KPBS.
“Hay un factor de influencia, donde el candidato sabe quién está donando y cuánto está donando”, dijo Sean McMorris, gerente del programa de transparencia, ética y rendición de cuentas de Common Cause California. “Y, desde la perspectiva del público, eso puede influir en cómo un funcionario electo vota sobre políticas que podrían beneficiar a esas personas o entidades”.
Aunque KPBS no encontró evidencia de que los supervisores hayan violado leyes sobre contribuciones políticas, algunos expertos dijeron que los reguladores estatales podrían querer revisar el sistema del condado para detectar problemas de cumplimiento.
Los supervisores Lawson-Remer, Anderson y Aguirre declinaron solicitudes de entrevista. Sus oficinas tampoco proporcionaron copias de recibos de gastos en respuesta a una solicitud que KPBS hizo más de dos semanas antes de publicar.
(La oficina de la supervisora demócrata Monica Montgomery Steppe, que gastó alrededor de $1,000 dólares en estas aportaciones desde 2024, proporcionó inmediatamente 10 recibos de compras relacionadas con una celebración del Juneteenth el año pasado. El supervisor republicano Jim Desmond no reportó aportaciones de este tipo a su oficina, según los registros del condado).
Beth Willon, secretaria de prensa de Lawson-Remer, defendió la solicitud de pagos por parte del supervisor del Distrito 3 y la forma en que se utilizó el dinero.
“Cada dólar fue depositado en una cuenta fiduciaria administrada por el auditor e interventor, y se utilizó exclusivamente para cubrir costos de eventos”, escribió Willon en respuesta a preguntas enviadas por correo electrónico. Añadió: “Cada patrocinador en esta lista aportó para apoyar un evento público con total transparencia, conforme a la política del condado y sin ninguna condición”.
Anderson, quien no respondió a una lista de preguntas enviadas por correo electrónico, dijo en un comunicado: “Agradecemos a las personas que apoyan nuestros eventos comunitarios”.
Aguirre no respondió a las preguntas enviadas por correo electrónico.
Fondo para eventos especiales
Según las leyes estatales de contribuciones políticas, los funcionarios electos pueden aceptar hasta un total de $630 dólares en donaciones de una sola fuente por año, de acuerdo con la Comisión de Prácticas Políticas Justas de California (FPPC, por sus siglas en inglés), que se encarga de hacer cumplir las leyes estatales sobre financiación de campañas y contribuciones políticas.
Sin embargo, los donativos otorgados a una dependencia gubernamental no tienen ese tipo de límite bajo la ley estatal. Aun así, el código del condado de San Diego establece ciertas restricciones. Los donativos mayores a $5,000 dólares a una agencia generalmente requieren la ratificación de la Junta de Supervisores antes de que la dependencia pueda utilizarlos.
Los supervisores parecen estar muy al tanto de este límite. Desde 2024, las oficinas de los Distritos 1, 2 y 3 recibieron al menos una docena de donaciones de entre $4,500 y $4,999 dólares, incluyendo contribuciones de la San Diego County Probation Officers Association, Deputy Sheriffs’ Association del Condado de San Diego, la comunidad indígena Jamul Indian Village y el sindicato United Domestic Workers of America. De acuerdo con registros del condado, no hubo un solo donativo que superara los 5,000 dólares.
“Hay que preguntarse: ¿por qué les preocupa superar ese límite y tener que obtener la aprobación de toda la Junta de Supervisores?”, planteó McMorris. “Podemos especular que no quieren la publicidad”.
Bajo la política del Special Events Trust Fund (Fondo Fiduciario para Eventos Especiales), se supone que los recursos deben utilizarse para “eventos especiales”, pero esa frase “debe interpretarse de manera general”.
La oficina de Anderson, por ejemplo, gastó miles de dólares de fondos de donativos en un taller sobre seguridad ante el fentanilo, un evento sobre la santidad de la vida y una jornada legislativa a puerta abierta. También utilizó más de 11 mil dólares en envíos postales en los meses y semanas previos a la elección general de 2024. Ese año, Anderson buscaba la reelección.
No está claro qué incluían esos envíos — su oficina no ha proporcionado copias en respuesta a una solicitud de acceso a la información pública —, pero el momento en que se realizaron genera preocupaciones, según expertos en financiamiento de campañas.
La FPPC tiene reglas estrictas para los envíos masivos de postales pagados con fondos públicos. Por ejemplo, dentro de los 60 días previos a una elección, un envío no puede incluir la foto ni la firma del funcionario electo; además, los envíos masivos que inviten a los residentes a eventos de la oficina del distrito también estarían prohibidos en ese periodo.
La oficina de Anderson no respondió a preguntas enviadas por correo electrónico sobre la naturaleza de estos envíos, si estaban dirigidos a votantes y si cumplían con las restricciones de la FPPC. En 2009, la FPPC multó a Anderson con 20 mil dólares después de que excediera los límites de donaciones de campaña cuando era asambleísta estatal.
Donantes con intereses ante el condado
La primavera pasada, el sindicato United Domestic Workers entregó $4,999 dólares a la oficina del Distrito 3 para “eventos públicos en general”. Lawson-Remer utilizó ese dinero para su informe State of the County en el Museo de Historia Natural de San Diego.
Meses después, la Junta de Supervisores aprobó un nuevo contrato con United Domestic Workers para trabajadores de apoyo en el hogar. El acuerdo incluyó “aumentos salariales significativos, mejoras en prestaciones, así como iniciativas de capacitación y reclutamiento”, según un comunicado del sindicato.
El mismo día en que la Junta aprobó el contrato, Lawson-Remer emitió un comunicado destacando el acuerdo.
Willon, vocera de Lawson-Remer, afirmó que la aportación no influyó en las acciones de la supervisora.
“El respaldo de la supervisora Lawson-Remer a los trabajadores, los salarios justos y las protecciones laborales está documentado desde antes de que asumiera el cargo y mucho antes de cualquiera de estas contribuciones”, escribió Willon en un correo electrónico. Añadió: “La idea de que un patrocinio comunitario influye en cómo vota esta supervisora malinterpreta tanto su historial como la forma en que funcionan estas donaciones”.
United Domestic Workers declinó hacer comentarios.
Este no es el único ejemplo de donaciones provenientes de entidades con intereses comerciales ante el condado.
David Wick dirige la empresa inmobiliaria y logística National Enterprises, que el año pasado era el mayor propietario de tierras en Otay Mesa. Wick ha contribuido con cientos de miles de dólares a comités de acción política y candidatos de ambos partidos.
“Una de las maneras en que muestro mi apoyo es haciendo contribuciones políticas a líderes que creo que están generando un impacto positivo en nuestra sociedad", dijo Wick en un correo electrónico. "No me dedico a hacer contribuciones para obtener beneficios políticos”.
El año pasado, realizó un pago de $4,999 dólares a la oficina del Distrito 3.
“La supervisora Terra Lawson-Remer se comunicó conmigo y me pidió que contribuyera para ayudar a financiar la cena durante su informe State of the County (Estado del Condado), realizado en el Museo de Historia Natural en Balboa Park”, escribió Wick, “ya que el condado NO contaba con los recursos para alimentar a las personas que asistieron”.
Wick está detrás de un proyecto propuesto de relleno sanitario y centro de reciclaje en el este de Otay Mesa. Los votantes aprobaron ampliamente esta instalación en 2010, pero desde entonces el proyecto ha enfrentado oposición y creciente escrutinio.
El condado se encuentra preparando un informe de impacto ambiental para el proyecto. El relleno sanitario y el centro de reciclaje requerirían permisos de construcción y de movimiento de tierras por parte del condado. Si el proyecto implica cambios al Plan General del condado, a planes comunitarios, zonificación u otras ordenanzas, podría requerir la aprobación de la Junta de Supervisores, según la vocera del condado, Tammy Glenn.
Rams Hill, un campo de golf y comunidad planificada en Borrego Springs, también ha aportado dinero a oficinas de supervisores en años recientes. Dos contribuciones vinculadas a esta comunidad — $4,900 dólares al Distrito 1 en 2024 y $4,500 al Distrito 3 el año pasado — fueron destinadas a “eventos públicos en general”. La oficina de Aguirre confirmó que la supervisora utilizó el donativo del Distrito 1 para su ceremonia de toma de protesta.
Rams Hill busca modificar su plan comunitario y rezonificar ciertas áreas para permitir crecimiento futuro. Esto requiere una revisión sustancial y la aprobación del condado.
Rams Hill no respondió a nuestra solicitud de comentarios.
Reportes tardíos, falta de detalles
La cobertura de KPBS confirmó que los supervisores han estado aceptando aportaciones a sus cuentas del Fondo Fiduciario para Eventos Especiales durante muchos años; sin embargo, la página del condado sobre Divulgación de Regalos y Contribuciones solo tiene registros desde finales de 2023.
Esto se debe a que el condado apenas comenzó a exigir que las oficinas de los supervisores presenten documentación ante la FPPC — conocida como Formulario 801, o reporte de pagos/regalos a una agencia — para registrar cada donación que reciben.
“Esta actualización garantiza que los reportes sean consistentes, transparentes y alineados con los estándares de la FPPC”, dijo la vocera del condado, Sarah Sweeney.
La investigación de KPBS encontró que las oficinas de los supervisores han quedado consistentemente por debajo de ese objetivo.
Se supone que el condado debe publicar estos documentos en línea; a principios de este año, el condado subió más de una docena de reportes pendientes en respuesta a una solicitud de acceso a la información pública de KPBS. En respuesta a preguntas enviadas por correo electrónico, Sweeney señaló que el condado ha iniciado una revisión de todos los registros del Fondo Fiduciario para Eventos Especiales desde 2019, “para asegurarse de que todos los reportes dentro de ese periodo estén contabilizados y disponibles públicamente”.
El condado exige que los Formularios 801 se presenten dentro de los 30 días posteriores a que una dependencia utiliza el pago. Sin embargo, KPBS encontró que decenas de reportes de las oficinas de los supervisores tardaron meses en entregarse. Algunos se presentaron con más de un año de retraso.
Varios de estos reportes también carecen de detalles que la FPPC requiere para garantizar la transparencia. Más de una docena de documentos de los Distritos 1, 2 y 3 contienen la misma descripción genérica, palabra por palabra: “Para eventos públicos en general en beneficio de la comunidad”.
Exfuncionarios de la FPPC que hablaron con KPBS dijeron sentirse desconcertados por ese lenguaje tan vago.
“Como alguien que estudia estos temas y entiende que existen por razones anticorrupción y de confianza pública, eso me levantó alertas”, dijo Abby Wood, profesora en la Facultad de Derecho Gould de la Universidad del Sur de California y excomisionada de la FPPC. “Según las instrucciones, deben incluir una descripción específica del uso (del donativo)”.
En algunos casos, las oficinas de los supervisores presentaron formularios adicionales para detallar cómo utilizaron el dinero.
Aunque otras oficinas de funcionarios electos en el estado también reportaron donaciones, ninguna de las analizadas por KPBS se acerca a los montos registrados en el condado de San Diego.
“La Junta de Supervisores del condado es muy astuta”, dijo un exfuncionario de la Comisión de Prácticas Políticas Justas de California (FPPC, por sus siglas en inglés), quien habló con KPBS de manera anónima porque ahora trabaja en el sector privado. “No es común ver tantas donaciones a dependencias en un gobierno local”
Por ejemplo, los condados de Imperial y Riverside informaron a KPBS que no tienen registros de pagos bajo el Formulario 801 a oficinas de supervisores en años recientes.
Cuando las oficinas de legisladores aceptan donaciones, normalmente se trata de bienes físicos o viajes a conferencias. En años recientes, dos oficinas de supervisores del condado de Orange presentaron Formularios 801: uno por 20 cajas de galletas de Girl Scouts y otro por boletos para un evento de la Cámara de Comercio Hispana del condado.
Según los registros públicos obtenidos por KPBS, ninguna oficina de legisladores estatales recibió donaciones. Sin embargo, el Comité de Reglas Conjuntas recibió algunas obras de arte donadas y el Caucus Legislativo Afroamericano recibió un retrato encargado de un exlegislador.
En el caso de las oficinas de supervisores del condado de San Diego, todas las donaciones han sido exclusivamente aportaciones monetarias desde 2024, de acuerdo con los Formularios 801.
El exfuncionario de la FPPC señaló que el sistema del condado para solicitar y procesar donaciones probablemente es legal, pero eso no significa que la ciudadanía se sienta cómoda con ello.
“Definitivamente se puede argumentar que viola el espíritu de la ley porque está entrando mucho dinero”, dijo. “Puede dejar a la gente con una sensación incómoda, porque da la impresión de que se está buscando quedar bien con ese funcionario público”.
McMorris, sin embargo, sugirió que la FPPC podría querer analizar el tema más a fondo.
“Parece ser un área bastante gris”, dijo. “Definitivamente plantea preguntas sobre si la ley necesita aclararse o si esta jurisdicción debería evaluar si esta es una forma adecuada de recaudar dinero”.
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