México escaló los reclamos por la muerte de 17 de sus connacionales y solicitó a las fiscalías estatales de Estados Unidos que investiguen penalmente los casos de migrantes fallecidos mientras estaban bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) o durante redadas de esa agencia, anunció el martes el gobierno mexicano.
Las acciones se formalizaron una semana después del deceso del inmigrante mexicano Lorenzo Salgado Araujo, quien murió tras ser tiroteado por un agente de ICE en Houston. Desde el inicio del segundo mandato de Donald Trump han muerto 17 migrantes mexicanos de los cuales 14 estaban bajo custodia de ICE y tres en operativos de esa dependencia.
La Secretaría de Relaciones Exteriores indicó el martes en un comunicado que la embajada de México en Estados Unidos y sus consulados presentaron solicitudes ante las fiscalías estatales competentes, pero no ofreció detalles.
La cancillería mexicana también tiene previsto presentar una petición similar ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Estas solicitudes del gobierno mexicano no tienen ningún valor jurídico en el sistema judicial estadounidense.
Alterno a esas acciones, el gobierno mexicano inició el envío de escritos a los centros de detención estadounidenses donde han fallecido migrantes mexicanos para que "cesen de inmediato las acciones u omisiones que derivaron en estas muertes, tales como impedir el acceso a atención médica pronta y expedita, así como la aplicación de políticas incompatibles con los estándares médicos y penitenciarios", refirió el comunicado.
El primer centro al que se envió el documento fue el de Adelanto, en el estado de California, donde fallecieron cuatro migrantes mexicanos.
Según explicó la Secretaría de Relaciones Exteriores los escritos constituyen el primer paso para "la eventual presentación de acciones civiles".
Al explicar los alcances de las acciones, el canciller mexicano Roberto Velasco dijo la semana pasada que México acudiría directamente ante las instancias estadounidenses para presentar denuncias sobre los casos y solicitar que "se investigue en el ámbito penal" los hechos.
Añadió que el gobierno mexicano también ejercería acciones civiles contra las empresas que operan los centros de detención para que cesen las violaciones a los derechos humanos en esos lugares.
Según el Departamento de Seguridad Nacional, que supervisa al ICE, Salgado Araujo, de 52 años, embistió un vehículo del ICE y un agente federal disparó un arma en defensa propia.
El migrante fallecido, que no tenía antecedentes penales y vivía en Estados Unidos desde hace 35 años, fue baleado mientras llevaba a su cuadrilla de construcción a una obra en Houston.
Su muerte desató protestas en Houston y exigencias de una investigación independiente por parte de los demócratas y de la familia de Salgado Araujo.
La cancillería informó que Velasco envió un escrito al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, para que se recabe la información de las autoridades estadounidense sobre la muerte de los migrantes mexicanos que estaban bajo custodia de ICE y se analice la "compatibilidad de estos hechos con las obligaciones internacionales en la materia".
Asimismo, el canciller mexicano solicitó a Türk que formule las recomendaciones respectivas y se tramiten los casos como los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos.
