Los funcionarios del sheriff del condado de San Diego no investigaron al menos siete denuncias de agresión sexual en el centro de detención de inmigrantes de Otay Mesa, gestionado por una empresa privada, en 2025, y los registros muestran que la agencia ha cedido el control de los casos a administradores civiles empleados por la mayor empresa contratista de prisiones con fines de lucro del país.
En virtud de un memorando de entendimiento de 2020 entre el departamento del sheriff y CoreCivic, el director del centro de detención, Christopher LaRose, tiene autoridad para decidir si se investigan las denuncias de violación en las instalaciones, que actualmente albergan a poco menos de 1,500 detenidos federales por motivos de inmigración, la mayoría de los cuales están bajo custodia a la espera de audiencias y no han sido condenados por ningún delito.
CalMatters obtuvo el memorándum tras solicitar información adicional sobre las presuntas violaciones y cuatro intentos de agresión sexual mediante una petición amparada por la Ley de Registros Públicos de California. Si bien un portavoz del sheriff afirmó que la agencia no estaba investigando esos casos, indicó que no podía entregar registros adicionales porque formaban parte de una investigación policial.
En un comunicado escrito emitido tras la publicación inicial de esta noticia, CoreCivic afirmó que el personal de Otay Mesa lleva a cabo una investigación administrativa de cada denuncia de agresión sexual, aunque un portavoz indicó que la empresa no realiza investigaciones penales sobre denuncias de abuso sexual porque no es un organismo encargado de hacer cumplir la ley.
“Cuando un asunto requiere la intervención de las fuerzas del orden, lo remitimos a las autoridades competentes”, declaró Ryan Gustin, portavoz de CoreCivic, en un comunicado.
La empresa administra el centro de detención mediante un contrato con el Departamento de Seguridad Nacional y la Oficina de Operaciones de Control y Deportación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Los funcionarios del ICE no respondieron de inmediato a la solicitud de comentarios.
Gustin afirmó que todas las denuncias se registran en una base de datos y que “cualquier asunto potencialmente delictivo se remite a las autoridades policiales”.
“Las acusaciones fundadas dan lugar a medidas disciplinarias y, cuando procede, a la remisión del caso a la fiscalía”, declaró Gustin. “Si se determina que una persona corre un riesgo sustancial de sufrir abuso sexual inminente, se toman medidas de protección inmediatas”.
La empresa afirmó tener una política de tolerancia cero ante el abuso y el acoso sexual, e indicó que los detenidos, el personal o cualquier persona presente en las instalaciones pueden denunciar los hechos por escrito o a través de una línea telefónica directa. Asimismo, la empresa informó que ofrece servicios de apoyo médico, psicológico y emocional a quienes presenten una denuncia.
CoreCivic no respondió a las preguntas sobre si tiene algún memorando de entendimiento similar con otras agencias, ni proporcionó detalles sobre algún memorando de entendimiento anterior en el condado de San Diego.
En California operan siete centros de detención de inmigrantes gestionados por empresas privadas, y CoreCivic tiene contratos para dos de ellos. No fue posible determinar de inmediato si otros centros de detención tienen acuerdos similares con las fuerzas del orden locales.
“Nos horroriza, pero no nos sorprende, saber que numerosos casos de agresión sexual quedaron sin investigar en un centro de CoreCivic”, declaró Susan Beaty, abogada principal del grupo de defensa California Collaborative for Immigrant Justice.
“Los organismos policiales locales y estatales tienen la responsabilidad de usar su poder para proteger los derechos de los californianos detenidos y exigir responsabilidades tanto al ICE como a las empresas penitenciarias privadas que se lucran a costa de miles de millones de dólares de los contribuyentes encarcelando a inmigrantes en nuestro estado.”
Una auditoría realizada en 2022 por la empresa externa Creative Corrections determinó que el centro cumplía con todos los estándares federales para la prevención de agresiones sexuales.
La presidenta de la Junta de Supervisores del Condado de San Diego, Terra Lawson-Remer, dijo que planea interrogar al sheriff del condado de San Diego, Kelly Martinez, en una audiencia el martes por la noche sobre los traslados de ICE desde las cárceles del condado.
“No tengo mucha confianza en la capacidad de CoreCivic para investigar estas acusaciones tan graves”, dijo a principios de este mes.
Supervisores interrogan al sheriff tras la noticia publicada en CalMatters
Un miembro de la Junta de Supervisores del Condado de San Diego interrogó a la sheriff del condado, Kelly Martinez, sobre el memorando de entendimiento tras la publicación de este artículo el martes por la noche. La sheriff Kelly Martinez afirmó que su departamento no cuenta con suficiente personal para investigar las denuncias de mala conducta criminal en todos los centros de detención civiles y penales de San Diego, incluido Otay Mesa.
“Hay algo en un memorando de entendimiento que delega explícitamente en CoreCivic…”, comenzó a decir Terra Lawson-Remer, presidenta de la Junta de Supervisores del Condado de San Diego.
“Bueno, podríamos no tener ningún memorando de entendimiento —interrumpió Martínez—, y no nos informarían ni investigaríamos. Así que también tenemos que trabajar con los responsables de las instalaciones; el mecanismo de denuncia seguiría teniendo que provenir de las propias instalaciones”.
Lawson-Remer calificó de “preocupante” la decisión de delegar las decisiones de las investigaciones criminales a una empresa privada, y preguntó si Martínez podría firmar un memorando de entendimiento que exigiera una investigación por parte de la oficina del sheriff de cada denuncia penal.
“No sé si tenemos la capacidad de personal para eso, tal vez podrías darme más puestos y podríamos crear una unidad de investigación”, dijo Martínez, y se rió.
“Comprendo perfectamente su preocupación, y que no parezca la forma adecuada de investigar estas quejas, pero realmente no sé cuántas se están produciendo.”
Martínez continuó diciendo que ella era responsable de sus propios centros de detención, y que investigar los que no pertenecen al condado de San Diego es “una tarea difícil”.
El condado de San Diego se encuentra inmerso en una batalla legal con CoreCivic por el Centro de Detención de Otay Mesa. En una demanda presentada este mes, el condado alega que la administración Trump y CoreCivic, con sede en Tennessee , bloquearon ilegalmente una inspección de salud pública del centro. Según la demanda, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE) autorizó inicialmente el acceso de funcionarios del condado a las instalaciones, pero revocó esa decisión al llegar el equipo de inspección.
Llamadas al 911 desde el centro de detención
En total, el Departamento del Sheriff del Condado de San Diego recibió 142 llamadas de servicio relacionadas con el Centro de Detención de Otay Mesa en 2024. Catorce de ellas se identificaron como relacionadas con la Ley de Eliminación de la Violación en Prisiones (PREA, por sus siglas en inglés), una ley federal de 2003 diseñada para prevenir, detectar y responder al abuso y acoso sexual en los centros penitenciarios.
El año pasado, se registraron 159 llamadas de servicio al centro penitenciario de Otay Mesa. Veintiuna de ellas estaban relacionadas con la Ley de Eliminación de la Violación en Prisiones, y de estas, siete correspondían a denuncias de violación.
CalMatters utilizó una solicitud amparada en la Ley de Registros Públicos para obtener un registro digital generado por los operadores del 911 y los servicios de emergencia correspondiente a los años 2024 y 2025.
CalMatters intentó obtener registros adicionales sobre los incidentes de agresión sexual e intento de agresión sexual, así como las grabaciones de audio de las llamadas al 911 y el registro completo de despachos, pero el departamento del sheriff se negó a divulgarlos, alegando que los registros eran “registros de una investigación policial, o cualquier archivo de investigación o seguridad compilado por una agencia policial está exento de divulgación”.
Los registros obtenidos por CalMatters no indicaban si las víctimas eran detenidas o empleadas del centro. Del mismo modo, los registros no proporcionaban información sobre los supuestos perpetradores.
El memorando de entendimiento del departamento con CoreCivic fue firmado y fechado por el ex sheriff de San Diego, Bill Gore, en 2020.
Según el Memorando de Entendimiento, el director del centro penitenciario es responsable de investigar cualquier denuncia de agresión o abuso sexual, declaró el teniente David Collins, director de relaciones con los medios del departamento del sheriff. Collins remitió las demás preguntas sobre los incidentes a CoreCivic.
Afirmó que CoreCivic “no solicitó nuestra participación” en ningún caso el año pasado.
“Dado que la Oficina del Sheriff no inició ninguna investigación penal, no se remitieron informes a la Fiscalía del Condado de San Diego para que se considerara la posibilidad de presentar cargos”, dijo.
Si los agentes hubieran investigado, el memorando de entendimiento les exigiría remitir sus conclusiones a CoreCivic.
“Una vez finalizada/cerrada una investigación, el organismo investigador remitirá una copia del informe de la investigación al centro para su conservación como parte de los requisitos de mantenimiento de registros del centro”, indica el memorando de entendimiento.
