El gobierno del presidente Donald Trump reactivará una norma que podría negar la tarjeta de residencia permanente (green card) a inmigrantes que hacen uso de beneficios públicos, entre ellos cupones de alimentos, Medicaid y vales de vivienda, entre otros.
La política, conocida como "carga pública", apareció el jueves en el Registro Federal. Se publicará formalmente el 20 de julio y entrará en vigor el 18 de septiembre. En virtud de la medida, los solicitantes de la residencia permanente deben demostrar que no serán una carga para el país.
La política se implementó por primera vez en febrero de 2020 como parte de las medidas de Trump para limitar la inmigración legal durante su primer mandato, pero la directriz fue anulada durante la gestión del demócrata Joe Biden.
Su regreso se produce mientras el gobierno aplica medidas agresivas para frenar tanto la inmigración ilegal como la legal, y en momentos en que los costos de la atención médica y los alimentos van en aumento.
El gobierno federal "está reafirmando el requisito de la autosuficiencia, protegiendo los recursos públicos y poniendo fin a políticas que fomentaban la dependencia a costa de los contribuyentes estadounidenses", señaló el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) en su cuenta de X.
"Durante el gobierno del presidente Trump, el USCIS está restaurando el principio básico de que los inmigrantes deben poder mantenerse por sí mismos", añadió.
Aunque la ofensiva contra la inmigración pone un mayor énfasis en las detenciones y deportaciones en ciudades de todo el país, y en fronteras y puntos de entrada, también ha incluido medidas contra inmigrantes legales y familias de estatus mixto, en las que los padres son ciudadanos extranjeros con hijos nacidos en Estados Unidos.
La norma amplía las opciones de descalificación
La ley federal ya exige que los aspirantes a la residencia permanente o un estatus legal demuestren que no se convertirán en una carga pública. Sin embargo, la nueva medida amplía los motivos de descalificación.
La nueva política no describe ni especifica los beneficios y programas que podrían considerarse una carga pública. En su lugar, señala que los agentes encargados de implementar la medida harán "determinaciones individuales y de hechos específicos de inadmisibilidad por carga pública, basadas en la totalidad de las circunstancias del extranjero".
Establece que, "usando buen juicio y discreción, los agentes evaluarán con mayor precisión la probabilidad de que un extranjero, en cualquier momento, se convierta en una carga pública".
El gobierno federal promovió la norma por primera vez en 2018 como una forma para garantizar que sólo quienes fueran autosuficientes pudieran entrar a Estados Unidos. Defensores de los derechos de los inmigrantes criticaron la medida, asegurando que equivalía a una "prueba de riqueza". Expertos en salud pública advirtieron que conduciría a peores resultados de salud.
Manatt Health, un grupo que asesora a gobiernos estatales y federales, estimó que la política habría disuadido a hasta 26 millones de personas de buscar atención médica, alimentación, vivienda u otra ayuda mediante programas para los que eran elegibles de acuerdo con lo establecido en la ley federal. Aproximadamente la mitad eran ciudadanos, en su mayoría niños o adultos que vivían en una familia de estatus mixto, según el grupo.
Los expertos también señalan que la mayoría de las personas que reciben beneficios del gobierno ya son residentes legales.
Un estudio de 2020 del Migration Policy Institute indicó que, aunque los "efectos disuasorios" podrían ser enormes, era pequeño el número de inmigrantes que podrían ser considerados no elegibles para la residencia legal permanente por el uso de uno de los beneficios públicos contemplados en la norma.
El instituto calculó que, a lo mucho, 167.000 personas —menos del 1% de los 22,1 millones de no ciudadanos que residían en Estados Unidos en ese momento— podrían ser consideradas inelegibles para una residencia permanente debido a su uso de un beneficio incluido en la lista.
En 2023 había 22,8 millones de no ciudadanos en Estados Unidos, según la Oficina del Censo.
Los críticos dicen que la norma siembra miedo en la comunidad
Organizaciones no gubernamentales afirmaron que la política provocó confusión y miedo, y llevó a muchos inmigrantes y a sus familiares nacidos en Estados Unidos a abstenerse de solicitar beneficios y servicios a los que tenían derecho.
Defensores de los derechos de los inmigrantes condenaron la decisión del gobierno de reactivar la norma de "carga pública" y expresaron su preocupación.
"Este reglamento es un ataque directo contra las familias inmigrantes y una amenaza para la salud y la seguridad económica de nuestro país", declaró Adriana Cadena, directora ejecutiva de la coalición Protecting Immigrant Families Coalition. "El gobierno de Trump está basando las decisiones migratorias en prejuicios y política, sin importar el daño causado".
Sarah Krieger, asesora principal de políticas del National Immigration Law Center, advirtió que la norma ahuyentará a los inmigrantes de ir al médico, comprar comida en el supermercado o presentar impuestos.
"Con esta nueva norma, están sembrando miedo y caos para, en última instancia, transformar a Estados Unidos en un país donde solo unos pocos, blancos y ultrarricos, sean bienvenidos", indicó Krieger. "La norma no sólo es sumamente dañina, también viola la ley".
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
