Las ciudades de California no pueden exigir a los contribuyentes que realicen trámites locales adicionales antes de solicitar un reembolso de impuestos ante los tribunales, dictaminó el lunes la Corte Suprema de California en una larga demanda que involucra a Marathon Petroleum, que opera la refinería más grande del estado.
Esta decisión supone una victoria procesal para Marathon en su disputa fiscal con la ciudad de Carson, que en 2022 comunicó a Tesoro, filial de Marathon, que adeudaba impuestos adicionales en virtud del impuesto municipal sobre la licencia comercial para la industria petrolera. Marathon, con sede en Ohio , adquirió la refinería de Carson en 2018.
Marathon opera sus refinerías de Carson y Wilmington como una sola unidad, la Refinería de Los Ángeles, que comprende el 27% de la capacidad de procesamiento de petróleo crudo del estado.
La compañía no respondió a las preguntas sobre la decisión, que se produce en un momento en que los conductores de California se enfrentan a los precios de la gasolina más altos del país debido a que la guerra con Irán está elevando el precio mundial del petróleo crudo.
Carson, ubicada al sur del centro de Los Ángeles, alberga una de las dos refinerías que han cerrado en los últimos años, una planta operada por Phillips 66 que funcionaba tanto en esa ciudad como en la cercana Wilmington. Un portavoz de Carson no respondió a la llamada ni al correo electrónico de CalMatters.
La decisión del tribunal supremo estatal no resuelve el meollo de la disputa: la alegación de la empresa de que Carson le atribuyó una parte excesiva de la actividad de la refinería y gravó con impuestos actividades que en realidad tuvieron lugar en Wilmington y otros lugares. Sin embargo, horas después del fallo, la ciudad dio un paso clave para cerrar un acuerdo de 370 millones de dólares con la empresa al retirar una propuesta de impuesto a la refinería que había sometido a votación la semana anterior.
El tribunal supremo solo se pronunció sobre si Marathon debía solicitar un reembolso a través del propio procedimiento de Carson, o si, en cambio, podía presentar una reclamación de reembolso conforme a la ley estatal.
Las ciudades y los condados respaldaron a Carson, argumentando que los contribuyentes deben finalizar las apelaciones locales antes de presentar una demanda, y que permitir que Marathon omita ese paso debilitaría a los gobiernos locales.
Marathon contó con el apoyo de la Western States Petroleum Association, el mayor grupo de presión petrolero del estado, y de otros dos grupos empresariales, que argumentaron que la ley estatal, la Government Claims Act, tenía como objetivo impedir que las empresas tuvieran que lidiar con un “sistema de reclamaciones laberíntico que involucra una miríada de estatutos estatales y ordenanzas locales”.
La cuestión del reembolso se refería a un impuesto local sobre las refinerías que los votantes de Carson aprobaron en noviembre de 2017, que impone un impuesto del 0,25% sobre las actividades comerciales realizadas dentro de la ciudad.
Tesoro calculó el impuesto basándose en la actividad comercial que, según creía, se realizaba realmente dentro de Carson, según declaró la empresa en su petición al tribunal supremo.
Años después, Carson auditó esos pagos y le comunicó a la empresa que debía más dinero. Marathon no estuvo de acuerdo, pero pagó la cantidad adicional y luego solicitó un reembolso conforme a la ley estatal.
Un juez del condado de Los Ángeles coincidió con Carson en que la petrolera debería haber seguido su procedimiento. Un tribunal de apelaciones estatal también estuvo de acuerdo. Sin embargo, el Tribunal Supremo estatal revocó esas decisiones.
En la reunión del consejo municipal de la semana pasada, Carson aprobó una medida impositiva adicional que le permitiría cobrar a las refinerías hasta un dólar por cada barril de petróleo que procesen en la ciudad. Jamal T. Kheiry, portavoz de Marathon, afirmó que el impuesto tendría “implicaciones significativas para la planta” y la llevaría a replantearse sus operaciones en California, “uno de los entornos empresariales más costosos del mundo”.
El lunes, el consejo revocó condicionalmente dicha medida. Esa votación estaba supeditada a la finalización del acuerdo con Tesoro.
